El Congreso continúa asestando golpes a funcionarios que no le son afines. Y es que este 25 de mayo la fiscal suprema Zoraida Ávalos debe presentarse ante el pleno del Parlamento para responder por una denuncia constitucional iniciada en su contra desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por supuestamente no abrir investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo.
A solo dos días de que el Congreso tome una decisión sobre su caso, se conoció que Zoraida Ávalos le solicitó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides convocar a una Junta Extraordinaria de Fiscales Supremos, según fue difundido por Epicentro TV.
Esto se detalla en el oficio N.° 466-2023-MP-FN-2°FSUPR.P enviado el último lunes 22 de mayo hacia el Ministerio Público, en el que Ávalos señala a Benavides que este jueves se votará la denuncia constitucional que la podría dejar fuera de la función pública por cinco años, pues piden que sea inhabilitada.
Como resultado de esta reunión, la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos señaló que espera un texto de pronunciamiento de parte de la Junta Extraordinaria de Fiscales Supremos, la que califica como “máxima instancia administrativa del Ministerio Público”. Ante ello, la solicitud ha sido rotulada como “urgente” con el objetivo de que sea atendida con prontitud.
“El hecho además de ser injusto en lo personal, resulta un claro atentado contra la autonomía e independencia y un menoscabo del régimen democrático, que se sustenta en un sistema de administración de justicia sólido y libre de injerencias; y por lo tanto, no puede ser soslayado por nuestra institución cuyo mandato constitucional es velar por la independencia y recta administración de justicia”, señala la extitular del Ministerio Público en su requerimiento.
Cuestionamientos a Patricia Benavides
El oficio de Zoraida Ávalos fue enviado este 22 de mayo, hace un día, pero hasta la fecha no se ha anunciado que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ya haya respondido al documento.
Esto pese a que alrededor de la titular del Ministerio Público pesan acusaciones de presuntas intenciones de perpetuar su mandato hasta el 2027, pues el semanario Hildebrant en sus trece advierte que Benavides habría adoptado una estrategia para copar “a dedo” a los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos y esto contaría con el respaldo del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. Esto porque a fines de marzo promulgaron la Ley 31718, en la que se autoriza que los fiscales provisionales puedan ser parte de la Junta de Fiscales Supremos.
Según este mismo informe, Benavides espera que se realice la inhabilitación de los fiscales supremos Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, a fin de que, apoyada en la recientemente publicada ley 31718, ella pueda nombrar a un miembro de esta junta a carta libre.
Según el portal Epicentro, hay tres candidatos a integrarse a la Junta de Fiscales Supremos. Así, los fiscales supremos no titulares que estarían en carpeta para suceder a Ávalos serían Gianina Rosa Tapia Vivas, Franklin Tomy López y Helder Terán Dianderas.
Actualmente, el fiscal Franklin Tomy López dirige la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Él llegó a este cargo en reemplazo de Martín Fernández Alarcón, quien tenía en su coordinación el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.
Como se sabe, la fiscal Patricia Benavides realizó cambios en el equipo especial de fiscales que investiga el megacaso de corrupción. Esto ocasionó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) iniciara una investigación en su contra en marzo pasado porque a su juicio las movidas de la titular del Ministerio Público obedecerían a que tiene comunicaciones telefónicas con uno de los procesados: el empresario Antonio Camayo, quien tuvo vínculos muy estrechos con el prófugo exjuez César Hinostroza.
Finalmente, el fiscal Helder Terán Dianderas está a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Él fue puesto allí tras la renuncia de la fiscal Bersabeth Revilla, quien investigaba a la hermana de la fiscal de la Nación. Y hace tres meses, este solicitó al Poder Judicial que se archive el caso que se le sigue contra la jueza Enma Benavides por los presuntos delitos de cohecho y organización criminal.