Fiscales vinculados a los casos Cuellos Blancos y de la hermana de Patricia Benavides podrían reemplazar a Zoraida Ávalos

La fiscal suprema Zoraida Ávalos podría quedar fuera este jueves 25 de mayo del Ministerio Público. El Pleno del Congreso de la República resolverá ese día la acusación constitucional en su contra por haber omitido, rehusado y demorado en sus funciones cuando estaba a cargo de la investigación contra el expresidente Pedro Castillo, quien purga prisión en el penal de Barbadillo.

En caso Ávalos terminé recibiendo la sanción de inhabilitación de 10 años de la función pública, ya se avizoran algunos reemplazos. Según el portal Epicentro, hay tres candidatos a integrarse a la Junta de Fiscales Supremos. Uno de ellos sería elegido por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien tendría carta libre para hacerlo luego que se publicará la Ley Nº 31718 el pasado 9 de marzo.

En esa iniciativa -que modifica el Decreto Legislativo 52, Ley Orgánica del Ministerio Público, para asegurar el funcionamiento permanente de la Junta de Fiscales Supremos- se menciona que un fiscal supremo provincial pueda sumarse a la Junta de Fiscales Supremos con todas los derechos y prerrogativas posibles.

Así, los fiscales supremos no titulares que estarían en carpeta para suceder a Ávalos serían Gianina Rosa Tapia Vivas, Franklin Tomy López y Helder Terán Dianderas.

Tapia es fiscal adjunta suprema titular, mientras que López y Terán son fiscales supremos provisionales transitorios. Precisamente, los últimos dos tienen una estrecha relación con algunos asuntos relacionados con la fiscal Benavides.

El fiscal Franklin Tomy López se encuentra a cargo de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Él llegó a este puesto para reemplazar a Martín Fernández Alarcón, quien tenía en su coordinación el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Como es público, la fiscal Patricia Benavides realizó cambios dentro de este equipo especial de fiscales en el inicio de su gestión. Esto motivó a que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le abra una investigación en marzo pasado porque, a su juicio, las movidas de la titular del Ministerio Público obedecerían a que tiene comunicaciones telefónicas con uno de los procesados: el empresario Antonio Camayo, quien tuvo vínculos muy estrechos con el prófugo exjuez César Hinostroza.

Tras conocerse la medida de la JNJ, Benavides salió a calificarla de “un acto ilegal” y la “consumación de los ataques desde que tomó la decisión de investigar al poder político”.

“La resolución de la Junta Nacional de Justicia es nula. El equipo especial de Cuellos Blancos no ha sido desarticulado, sino reforzado. En solo seis meses se concluyó con las escuchas de la totalidad de los audios, lo que no se hizo en cuatro años. No quiero pensar que esta decisión obedece a los resultados que va obteniendo el equipo que en los próximos meses concluirá con la transcripción de los audios de contenido penal”, dijo Benavides en aquel momento.

“Tampoco quiero pensar que esta decisión se debe al contexto en que se ha solicitado la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por actos de corrupción y que se investiga a altos funcionarios del actual gobierno por violación a los derechos humanos y corrupción”, anotó.

Por otro lado, el fiscal Helder Terán Dianderas está a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Él fue puesto allí tras la renuncia de la fiscal Bersabeth Revilla, quien investigaba a la hermana de la fiscal de la Nación.

Precisamente, en febrero pasado, el fiscal Terán habría solicitado al Poder Judicial que se archive el caso que se le sigue contra la jueza Enma Benavides por los presuntos delitos de cohecho y organización criminal.

Benavides era investigada junto a sus demás colegas, Lorenzo Ilave García y María Luisa Apaza, por situaciones suscitadas entre el mes de noviembre del año 2012 y marzo del 2015 cuando integraban el Colegiado E de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial. El exmayor de la PNP, Hilario Manuel Rosales Sánchez, declaró en aquel entonces que le solicitaron dinero, presuntamente, desde esa sala.

En este contexto también se acusó a los mencionados de recibir hasta 150 mil dólares para liberar a peligrosos narcotraficantes conocidos como Roberto Gómez Herrera, alias ‘Huevo’ y José López Quispe, alias ‘Papitas’. Precisamente, una diligencia clave para esclarecer este caso era tomar las declaraciones de estos delincuentes que purgan cárcel en Colombia y Brasil.