Contraloría detecta irregularidades en la UNI por acoger a protestantes para la Toma de Lima

El pasado 18 de enero, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) acordó albergar a los estudiantes que lleguen a la capital para la denominada marcha Toma de Lima. Sin embargo, la Contraloría General de la República halló “irregularidades” por estas acciones.

En el informe N° 008-2023/OCI/0209-AOP se señala que se emite con el objetivo de detallar al rector Alfonso López Chau de estos hechos. “Como resultado de la evaluación a los hechos reportados, se ha identificado la existencia de irregularidades que ameritan que el Titular de la entidad adopte acciones”, se lee en el oficio.

Entre los argumentos se menciona que, al aceptar acoger a los estudiantes en el campus de la UNI para participar en las protestas de diferentes provincias, habría incurrido en una infracción. Esto debido a que señalan que sus instalaciones tienen un fin distinto, por lo que “afecta el correcto uso de bienes públicos”.

“[…] se advierte que el Consejo Universitario incurrió en inobservancia a la Ley Universitaria, Estatuto de la UNI y Reglamento de uso de locales y espacios público, al autorizar acoger dentro del Campus de la UNI […] cuyo objeto es brindar alojamiento a personas provenientes de otras ciudades, siendo esto de interés y beneficio particular de las personas acogidas que no obedece a los fines de la UNI”, se lee.

Asimismo, se detalla que los estudiantes no se vieron perjudicados en sus clases, debido a que se realizó de manera virtual. No obstante, el órgano manifestó que no fueron las únicas presuntas irregularidades.

Por otro lado, refiere que la casa de estudios registró a 191 alumnos dentro de sus instalaciones. Sin embargo, al solicitar información a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), este consignó que solo 51 personas se encuentran en calidad de estudiantes, egresados y titulados.

Ante esta data, indican que se consta que no hay registro de las otras 140 personas en alguna casa de estudio. Por su parte, Sunedu indica que la ausencia de algunos no se debe a su “inexistencia”, sino a que no se encuentran en las bases de las universidades, instituciones o escuela de educación superior.

El órgano también señaló que extendieron otras solicitudes a las mismas universidades para identificar a las personas con los datos proporcionados en ese entonces. A lo cual llegaron a concluir que, de los 191 ciudadanos acogidos en la universidad, 86 son universitarios, cinco son familiares de los estudiantes; 80 no son universitarios, de acuerdo con la información de las casas de estudio.

Ante ello, indicaron que en las instalaciones de la UNI ingresaron personas ajenas sin autorización, según lo acordado en el Consejo Universitario. Además, mencionaron que, en un primer momento, el titular acogió a 41 personas sin contar aún con un pedido aceptado.

La Contraloría afirmó que ante al evidenciarse un hecho “irregular” proceden a sugerir al también economista Alfonso López Chau en realizar las medidas correspondientes con la finalidad de “superar” lo expuesto.

“Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior”, se menciona.

Las protestas en el territorio nacional comenzaron desde el 7 diciembre de 2022 ante el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, el cual se extendió en todas las regiones. Sin embargo, los enfrentamientos entre la PNP y ciudadanos dejaron más de 60 muertes. Estas fueron calificadas como “una masacre”, según el informe de la CIDH.

Cientos de protestantes llegaron a la capital para continuar con las movilizaciones, en ese momento algunas casas de estudio y organizaciones albergaron a decenas de personas.