El Gobierno de Dina Boluarte observó este viernes la autógrafa de ley que buscaba modificar el Código Civil para señalar que la vida empieza desde la concepción, una iniciativa planteada por la congresista Milagros Aguayo (Renovación Popular) a la que se oponían organizaciones feministas y la Defensoría del Pueblo.
La decisión del Ejecutivo implica que la resolución legislativa sea devuelta a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. En el oficio difundido por La República, el Ejecutivo ratificó que se trata de “un retroceso para los derechos de las mujeres” y “una barrera para acceder al aborto terapéutico”, que cuenta con plena validez constitucional.
“Es necesario que el Legislativo desarrolle un debate, con mayor profundidad, el concepto de concebido, en atención a la complejidad del tema en el plano internacional”, se lee en los párrafos iniciales del documento, donde se hace referencia a que el embrión no calza en la categoría de “niñez”, según el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El oficio, que también lleva la firma del premier Alberto Otárola, consideró además que “la autógrafa constituye un retroceso para la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en especial, para aquellas en situación de vulnerabilidad como las niñas y adolescentes”.
Enfatizó, de igual modo, que es una “barrera para el acceso a los servicios integrales de salud sexual reproductiva” como el aborto terapéutico y la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) en casos de violación para evitar embarazos forzados.
El proyecto, aprobado en abril pasado en el pleno, proponía modificar el primer artículo del Código Civil, que actualmente establece que la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento, para que figure que la vida humana comienza en la concepción y, por lo tanto, es sujeta de derecho desde ese momento.
La ley presentaba seis artículos. Los primeros establecen el reconocimiento al concebido como persona humana sujeta de derechos y una personalidad independiente de la madre, mientras que los últimos se refieren al acceso a la salud de la madre y cuando se presentan situaciones de riesgo médico en los que se ponga en peligro la vida de la gestante y el concebido. En ese caso, de acuerdo con la propuesta, le corresponde a la madre o al cónyuge “decidir respecto a los actos médicos a ejecutarse”.
El mismo mes de la aprobación, la organización Manuela Ramos alertó que el Congreso estaba “limitando y en la práctica prohibiendo el acceso al aborto terapéutico”, mientras que la Defensoría rechazó de lleno la propuesta con los mismos argumentos empleados por el Ejecutivo.
Milagros Aguayo, autora del proyecto ―que recibió 70 votos a favor y 29 en contra—, señaló que la decisión de observarlo es “una vergüenza” y que el oficio está “lleno de inexactitudes y contradicciones”, sin abundar explicación.
También publicó un clip bajo el rótulo de “Perú Pro Vida”, en el que aparece Gisela Valcárcel, una conductora televisiva que profesa el cristianismo; y Vanya Thais, una panelista que mencionó a Hitler después de leer un versículo de Jeremías durante una intervención en el Congreso.
Aguayo integra una tienda ultraconservadora liderada por Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, un empresario devoto del Opus Dei, célibe y recurrente al uso del cilicio, quien, según ha declarado, reprime su deseo sexual pensando en la Virgen María.
Este político, contrario al feminismo y al enfoque de género, propuso en el pasado enviar a un hotel de cinco estrellas a las menores víctimas de violencia sexual.
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