Alberto Fujimori declaró a pedido de Chile: las víctimas de esterilizaciones forzadas que pueden abrir el proceso penal contra el expresidente

La cajamarquina María Mamérita Mestanza Chávez tenía 33 años y siete hijos cuando fue amenazada de cárcel si no se sometía a una ligadura de trompas. Fue intervenida en marzo de 1998, sin examen médico previo, y dada de alta a la mañana siguiente, cuando aún presentaba vómitos y dolores de cabeza.

Según la literatura médica, un paciente en trance de septicemia presenta escalofríos, molestias extremas, dificultad para respirar y frecuencia cardiaca alta. María agonizaba. Su esposo, Jacinto Salazar, lo había informado al personal hospitalario donde fue ligada contra su voluntad, pero indicaron que eran efectos de la anestesia. Era otro engaño. El 5 de abril de ese año, la madre falleció en su casa debido a una sepsis por “bloqueo tubárico bilateral”.

Diez días después, Salazar denunció al jefe del Centro de Salud de La Encañada, el distrito donde vivían, por negligencia: aunque la acusación pasó a un segundo nivel, finalmente fue archivada de manera definitiva, hasta que en 1999 llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Estaba licuada en llanto, pero quizá para reconfortarse dijo, según su testimonio: “Más adelante podré tener hijos”. Ya no podía. Un médico se le acercó con la noticia: “La hemos esterilizado”. Un año después, en 1997, Vigo comenzó su lucha contra el régimen que impulsó esa política definida por Amnistía Internacional como “crímenes de lesa humanidad” y, por ende, “imprescriptibles”.

Con años de disputas legales, su caso fue respaldado y en 2003 devino en la única víctima peruana que recibió una compensación después de ser ligada sin su consentimiento. Fueron miles ―se estima unas 300.000— las mujeres sometidas a esta práctica fujimorista entre 1996 y 2000, pero los casos de María Mamérita Mestanza y Victoria Vigo son puntuales porque se mencionan en la ampliación de extradición solicitada al Gobierno chileno.

Si el requerimiento prospera desde el lado de la Justicia chilena, ambas podrían abrir el proceso penal contra el exdictador, que declaró este viernes desde Barbadillo a pedido de la Corte Suprema del país sureño.

“Desde que se abrió la investigación judicial, Alberto Fujimori está en calidad de denunciado, pero suspendido como procesado hasta que se amplíe la extradición. Hemos hecho mucho para que se agilice ese trámite”, dijo a Infobae Perú María Ysabel Cedano, abogada del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), la institución que lleva los casos de Mestanza, Vigo y Celia Ramos, otra piurana ligada sin su consentimiento que murió tras una complicación médica en 1997.

Fujimori, recluido en la cárcel de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), fue extraditado de Chile en setiembre del 2007 por siete delitos ―dos sobre violaciones de derechos humanos y cinco por corrupción— que decantaron en una condena de 25 años de cárcel.

Sin embargo, la causa por esterilizaciones forzadas no fue incluida en el pedido original. Al recluido exdictador se le imputa la autoría mediata del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, desplegado en los últimos cuatro años de su régimen.

Entonces, se organizaban varios “festivales de salud” en centros poblados: detrás de muestras artísticas, fuegos artificiales y comida, el régimen ejecutaba operaciones de esterilización, muchas de las cuales “se hicieron mediante coacciones, engaños y graves amenazas” y “en condiciones insalubres”.

“Se trata de la violación sistemática de derechos de las mujeres más graves de la historia contemporánea peruana”, recoge El último dictador, escrito por José Alejandro Godoy (Lima, 1981).

De las 8.000 víctimas inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde 2016, 2.000 han denunciado formalmente haber sido esterilizadas forzadamente; 1.307 terminaron con lesiones graves y cinco perdieron la vida a causa de complicaciones por la intervención (una de ellas, Mestanza).

El proceso contra Fujimori, que inició en 2002 y ha sido archivado y reabierto varias veces, tiene al menos 1.317 demandantes. Entre los otros seis coacusados en la causa figuran tres exministros de Salud: Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer. Todos han sido denunciados como “autores con dominio del hecho del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves, seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos”.

A fines de 2021, el juez Rafael Martínez abrió un proceso penal contra Fujimori, el cual implica la etapa de investigación preparatoria, la intermedia y la de juzgamiento. Es otro camino aparte. Pero solo será posible si Chile aprueba ampliarle la extradición. Mientras se aguarda la respuesta, el magistrado dio un plazo de 120 días para las diligencias del caso.

“En las esterilizaciones forzadas también hubo responsabilidad de los altos funcionarios involucrados; fruto de estos hechos, se violaron derechos humanos”, ratificó el juez Rafael Martínez.

Pero el exdictador sigue deslegitimando las denuncias. Este viernes se conectó de manera remota a la audiencia judicial y dijo que esa imputación “es totalmente falsa”, pues lo que se hizo fue reducir las tasas de mortalidad materna e infantil. El recluso de Barbadillo agregó que “la mortalidad infantil era sumamente alta, de 85 por cada 1.000 (nacidos vivos) en promedio”.

“Entre ocho a nueve niños morían de 100 niños nacidos vivos, esa tasa había que reducirla a niveles más aceptables de menos de 35″, añadió, sin inmutarse, desprolijo, con 84 años y una sonda bajo su nariz.