La Procuraduría General del Estado fijó una reparación civil de 67 millones de soles, los cuales deben ser pagados en conjunto por el expresidente Pedro Castillo, los exjefes de Gabinete Aníbal Torres y Betsy Chávez, y los exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta, implicados en el autogolpe de diciembre de 2022.
Los documentos fueron enviados este viernes al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema por el procurador del Estado, Daniel Soria, quien presentó una denuncia penal por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública el mismo día en que Castillo anunció que gobernaría por decreto, reorganizaría el sistema de justicia y cerraría el Congreso.
Soria había sido destituido por el exmandatario y Torres, aunque tuvo un accidentado regreso en octubre del año pasado. Según el oficio que cursó al Poder Judicial, el daño patrimonial por estos delitos se estima en 17 millones 711 mil 48 soles, mientras que por daño extrapatrimonial en 50 millones.
“Les corresponde a los investigados abonar de manera solidaria [...] se trata de un monto inicial provisional, por lo que no es exigible en esta etapa acreditar el monto final de la reparación civil que se pretende”, señaló el texto, que dejó abierta la posibilidad de incrementar el monto.
“Esta Procuraduría General del Estado se reserva el derecho de variar y/o incrementar el monto postulado, tanto por daño patrimonial, como por daño extrapatrimonial que se haya generado al Estado peruano, en función de mayores y nuevos elementos de convicción que surjan de la investigación y que acrediten los daños generados al Estado peruano”, continúa el oficio. El importe final será aprobado, en última instancia, por el Poder Judicial.
Castillo se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, donde cumple 18 meses de prisión preventiva por este caso y otros 36 meses por otro de presunta corrupción, aunque insiste en que no coordinó ni llamó “a nadie específicamente para que se levante en armas”.
En los últimos meses, el exmandatario ha pedido al Poder Judicial, mediante medio centenar de apelaciones, amparos y otros recursos, que anule la prisión preventiva y el proceso por rebelión en su contra.
En rigor, alude una supuesta vulneración de su derecho al antejuicio político, un proceso político-judicial a través del cual se levanta la inmunidad de los altos funcionarios. Ningún recurso ha prosperado a la fecha.
En marzo pasado, la vivienda de Aníbal Torres fue allanada como parte de la investigación por el autogolpe, que según la tesis fiscal fue coordinado con la también exprimera ministra Betssy Chávez, acusada constitucionalmente en el Congreso y suspendida en el ejercicio de sus funciones legislativas.
A fines de abril, el juez supremo Juan Carlos Checkley rechazó dictar prisión preventiva contra Chávez y los exministros Huerta (Interior) y Sánchez (Comercio Exterior y Turismo).
La exprimera dama y sus hermanos también son investigados por la presunta organización criminal que, según la denuncia, dirigió el exgobernante para obtener sobornos y entregar obras públicas a empresarios amigos, así como designar a sus allegados en puestos públicos a cambio de dinero y favores políticos.
El 7 de diciembre, tras intentar su fallido golpe, Castillo emprendió camino hacia la Embajada de México con su esposa y sus hijos menores de edad, pero fue detenido. Sus familiares sí lograron llegar a la representación diplomática y luego recibieron el asilo otorgado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El exmandatario permanece desde entonces en prisión preventiva mientras es investigado por rebelión y conspiración, así como por los casos de presunta corrupción al interior del Ejecutivo durante su Gobierno.