El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) instaló esta semana un grillete electrónico a Melisa González Gagliuffi, la economista sentenciada a seis años de cárcel por atropellar y matar, en octubre de 2019, a Joseph Huashuayo y Christian Buitrón en la Av. Javier Prado.
La Corte Superior de Justicia varió su prisión efectiva a vigilancia electrónica personal (VEP), un sistema implementado en 2017 como alternativa para disminuir el hacinamiento penitenciario y que, a la fecha, es empleado por 45 procesados o condenados del país.
Instalado a la altura del tobillo, sin botón de pánico, el dispositivo funciona con GPS, pesa casi 200 gramos y está hecho con material antialérgico y resistente al agua. Un chip en su interior registra los datos de localización, que son enviados a una sala de monitoreo.
Cada grillete cuesta casi 800 soles mensuales y lo paga íntegramente quien lo lleva. En caso se manipule, rompa o averíe, inmediatamente lanza una alarma al centro de control para que intervenga.
El aparato electrónico fue colocado a Melisa González Gagliuffi el último 16 de mayo, a las 21:00 horas, luego de que la Quinta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima notificara al INPE que había revocado la pena privativa de seis años con nueve meses y 18 días y para variarla a VEP por el mismo período.
“La colocación de dicho dispositivo involucra que se imparta al usuario una charla de inducción sobre el buen uso del mismo, así como las precisiones de las reglas de conducta”, precisó el organismo en un comunicado.
Se trata de un dispositivo que se emplea a nivel global desde 1990, pero que en Perú se instaló por primera vez, en 2017, a Sara Salazar, quien había estado 18 meses presa en el penal de Santa Mónica por estafa. El Poder Judicial determinó que la madre de cuatro hijos permanezca en su vivienda.
Según el Decreto Legislativo N.º 1322, este tipo de vigilancia puede ser solicitada por sexagenarios, personas con enfermedades graves o con discapacidad, sentenciados con pena no mayor a ocho años, mujeres con hijos menores de tres años, y gestantes, pero no reincidentes ni sentenciados por corrupción, homicidio, secuestro, terrorismo, tráfico de armas, trata, entre otros.
Por eso es controversial la decisión a favor de Melisa González Gagliuffi, incluida en 2022 en el programa de recompensas del Ministerio del Interior, que ofreció 30.000 soles por su paradero al no presentarse en la lectura de su sentencia.
Enterada de la modificación de la sentencia, Nancy Tenorio, madre de uno de los fallecidos, lamentó que las autoridades judiciales “sean benevolentes” con la economista. Joseph Huashuayo, Christian Buitrón y Luis Vega postulaban a un trabajo cuando fueron atropellados por González Gagliuffi. Solo el último sobrevivió esa fatídica mañana.
“Yo esperaba justicia, pero ese grillete electrónico para mí es darle la libertad porque no es nada, me da vergüenza ajena cómo actúan las autoridades”, dijo a RPP. De hecho, en 2019, el ex titular del INPE, César Cárdenas, reconoció en El Comercio que “ningún grillete podrá impedir que alguien se escape”.
Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Perú cuenta con 69 establecimientos penitenciarios con capacidad para albergar a 41.123 personas, aunque la población carcelaria asciende a 87.246 personas, lo que implica una sobrepoblación del 112%.
Los casos más graves, según el estudio, se presentan en las cárceles de Chanchamayo, con 471% de sobrepoblación; Callao, con 466%; Quillabamba, con 375%; Abancay, con 362%; Camaná, con 361%; Miguel Castro Castro, con 325%; y Pucallpa, con 309%.
En 2014, tres años antes de que se usara por primera vez el grillete electrónico en el país, el Tribunal Constitucional dispuso que, si al 2025 no se consigue resolver dicho hacinamiento, estos penales sobrepoblados deberán ser cerrados.