Asilada en México, la ex primera dama Lilia Paredes enfrenta un pedido de prisión preventiva, por un plazo de 28 meses, a cargo del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria.
La solicitud, a iniciativa del fiscal Jorge García Juárez, se presentó a mediados de abril y hasta ahora —a iniciativa de la defensa de la investigada— se ha reprogramado hasta en tres oportunidades por “observaciones” a la presentación del Ministerio Público (MP).
La esposa de Pedro Castillo debe responder ante la justicia por los presuntos delitos de colusión y organización criminal, sin embargo, esta ya no radica en el Perú tras recibir asilo político del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a fines del año pasado. Su viaje al país vecino, junto a sus dos menores hijos, se produjo tras el golpe de Estado de su cónyuge el miércoles 7 de diciembre del 2022.
De acuerdo a la tesis fiscal, Paredes ejerció “acciones de coordinación y concertación”, con otros integrantes de la citada red, “desde las etapas iniciales del plan criminal hasta la ejecución y concreción de actos propios constitutivos de delitos”.
El fiscal García, del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, estimó que Paredes Navarro podría recibir una pena de entre 8 y 10 años de cárcel por las imputaciones atribuidas.
Inicialmente, el Ministerio Público pidió una comparecencia con restricciones y un impedimento de salida del país por 36 meses, sin embargo, el Poder Judicial solo dictó la primera medida y le impuso una caución de S/10 mil. Las diligencias del caso se conocieron en agosto del año pasado.
“A raíz de su ‘fuga’ [a México], como lo califica la Fiscalía, ya no habría ningún peligro sino una efectivización de la fuga. […] Si uno se sustenta únicamente en ello, que sostiene la norma como presupuesto, aquí sobradamente podría corresponder esta variación [de comparecencia] y se le impondría una prisión preventiva por el plazo solicitado. No creo que hayan inconvenientes para ello”, comentó a Infobae Perú el abogado Andy Carrión.
De prosperar el requerimiento, se estima que la Fiscalía iniciará una solicitud de extradición contra la ex primera dama, sin embargo, este es solo el inicio de una larga serie de diligencias que deberán ser aprobadas por diversas instancias peruanas y mexicanas.
López Obrador, mientras tanto, ya ha anunciado a fines del año pasado que “a México le corresponde decidir” sobre esta posible deportación.
Aunque no ha vuelto a referirse a este tema, su respaldo a Pedro Castillo, su pedido por restituirlo en la presidencia peruana y su negativa por reconocer como legítimo el Gobierno de Dina Boluarte, su par peruana, hacen presagiar que Lilia Paredes podría no ser entregada al Perú.
Diligencias
Al igual que en el caso del expresidente Alejandro Toledo, de emitirse una orden de prisión preventiva contra Lilia Paredes, el proceso de extradición iniciará con una solicitud formal de la Fiscalía.
Este pedido deberá ser aprobado por la Corte Suprema y, de superar este paso, este pasará a ser evaluado por el Ministerio de Justicia (Ejecutivo) y la Oficina de Cooperación Internacional del MP. De sortear estos procedimientos, el documento será enviado a México.
“La Fiscalía mexicana, que cuenta con autonomía, tendría que analizar si existe la causa probable […] si considera que procede, en este caso [se remite] al Poder Judicial mexicano y este decidirá, también, si procede o no la extradición”, comentó Carrión.
El letrado recordó que la última decisión sobre la medida, en una segunda instancia, le corresponderá al Gobierno vecino liderado por AMLO.
Agregó que “quizá tendría que esperarse a que sea otro el Ejecutivo [de México]”, es decir, que salga López Obrador del poder, para tramitar este pedido.
Actualmente, el dignatario ha negado su reelección en el cargo; su cuestionado mandato, de acuerdo a la normativa mexicana, debería culminar en septiembre del próximo año.
Colombia como alternativa
No se descarta, además, que de prosperar una posible deportación a Lilia Paredes, en México, esta pueda trasladarse a otro país de la región que haya evidenciado su apoyo a Pedro Castillo.
Este es el caso de Colombia, donde el presidente Gustavo Petro también considera ilegítima la gestión de su homóloga peruana, Dina Boluarte, y ha solicitado la restitución de la exfigura de Perú Libre en Palacio de Gobierno.
El Perú cuenta con tratados de extradición con Colombia y México, sin embargo, tal como ya se ha expuesto, son las gestiones presidenciales las que tienen la última palabra.
“Hay una posibilidad de que ella pueda resguardarse en algún país que ha cumplido con criticar este supuesto golpe de Estado de Dina Boluarte. […] Colombia, entiendo, recibieron hace un año [2022] al Gobierno de Petro, entonces [Lilia Paredes] tendría unos cuatro años todavía para poder resguardarse”, puntualizó el penalista Andy Carrión.
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