Corredores Azul, Morado y Rojo dejarían dejarían de brindar servicio en Lima: desde cuándo sería y cuál es la razón

El transporte público en Lima Metropolitana vive una de sus peores crisis y los más perjudicados con toda esta situación serían millones de pasajeros que diariamente usan el servicio para trasladarse a sus centros de labores o a cualquier punto de la capital. La presencia de los colectivos informales por las mismas vías en las que circulan los corredores complementarios y la falta de acuerdos entre las autoridades complican el panorama. Lo que se viene parece ser poco alentador, aunque no se descarta que haya algún acuerdo antes de la fecha límite.

Pese a la reunión del nuevo presidente de la Autoridad de Transporte (ATU), José Aguilar, con los representantes de los corredores Morado, Rojo y Azul, las cosas no han llegado a buen puerto y parece ser cada vez más probable que estos paralicen proximamente su servicio. El pedido de los consorcios es, además del pago de la deuda que aún tienen con ellos, es el de permitir un incremento en el precio de los pasajes debido al alza del combustible y repuestos.

Los dirigentes de los corredores piden al Estado peruano saldar parte de la deuda que mantienen con ellos por más de 370 millones de soles. Trascendió que solo habría intenciones de pagarles 60 millones y no los 100 millones que exigen para que se mantenga ininterrumpido el servicio de transporte.

Los representantes de los corredores complementarios han dado un especie de ultimátum a las autoridades estatales y no esperan recibir menos de lo que solicitan.

“Las fechas no se han movido. Solamente nos alcanza el dinero para seguir operando hasta el 30 de junio. Sigue la situación así, necesitamos que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) puedan gestionar las adendas y hacer que los contratos sean autosostenibles”, dijo Gerardo Hermosa, representante del Corredor Morado, a Canal N.

“Necesitamos que el estado subsidie las tarifas a los usuarios, necesitamos eso. El MEF dice que va a evaluar pero esa evaluación no puede demorar meses de meses sin que no se haga nada. El subsidio recién se van a presentar la adendas en esta semana pero no queremos que transcurran meses sin evaluar”, acotó.

Además, Hermosa manifestó que también falta la fiscalización del personal policial y ATU para contrarrestar al transporte informal. “En San Juan de Lurigancho fiscalización casi nunca ha habido”, indicó.

“El problema es que estamos atorados, teniendo un carril exclusivo de solo bus, no lo respeta nadie. Hay carretillas, autos colectivos, custer informales que nos revientan las lunas y parabrisas todos los días, y amenazan a nuestros conductores. Es una competencia desleal. No podemos estar en la vía con ellos al costado y necesitamos que la autoridad se haga respetar“, acotó.

Asimismo, dijo que solo el corredor Morado, desde el 2017 a la fecha, viene arrastrando “una pérdida de 110 millones de soles”.

“En total, todos los corredores complementarios está la pérdida acumulada de 377 millones de soles. No es una indemnización es algo que ya hemos gastado en combustible, en pagar a los conductores y los seguros y no se nos ha cancelado”, manifestó.

En medio de la controversia por la salida de María Jara y las iniciativas que pretenden formalizar los taxis colectivos en la capital, el flamante titular de la ATU se mostró firme en rechazar el empadronamiento de colectiveros e iniciativas legislativas que atentan contra la reforma de transportes.

Aguilar se refirió a las medidas impulsadas desde el Congreso de la República y la Municipalidad de Lima (MML), específicamente provenientes del alcalde Rafael López Aliaga, que buscan formalizar el servicio colectivo y autorizar su funcionamiento en las calles.

“En Lima y Callao no se puede formalizar el taxi colectivo porque eso afectaría el sistema de transporte integrado”, señaló.

Refirió, además, que su objetivo no es perjudicar a los choferes que brindan este tipo de servicio, por el contrario, se mostró comprensivo y afirmó que se trata de personas que tienen responsabilidades que cumplir.

De acuerdo a la ley n.º 30900, la ATU “es el organismo competente para planificar, regular, gestionar, supervisar, fiscalizar y promover la eficiente operatividad del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao, para lograr una red integrada de servicios de transporte terrestre urbano masivo de pasajeros de elevada calidad y amplia cobertura, tecnológicamente moderno, ambientalmente limpio, técnicamente eficiente y económicamente sustentable”.

Además, ejerce competencia en la integridad del territorio y sobre el servicio público de transporte terrestre de personas que se prestan dentro de este, de acuerdo a lo establecido en la presente ley. Están sujetos a la ATU los operadores y los conductores de los servicios de transporte que se prestan dentro del territorio y los prestadores de servicios complementarios a los mismos, en especial los que operan el Sistema de Recaudo Único.