Patricia Benavides, la fiscal de la Nación investigada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), planearía mantenerse en su cargo por los próximos cuatro años, gracias al aval del Congreso y Dina Boluarte a una ley que le permitirá elegir directamente a los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, el órgano de mayor jerarquía del Ministerio Público.
Según un informe difundido este viernes por Hildebrandt en sus trece, la magistrada, el Legislativo y el Ejecutivo “han conjugado intereses y están alistando una arquitectura legal para apoderarse” del titular de la acción penal pública.
La norma en mención, publicada el 24 de marzo en El Peruano con la firma de la mandataria y el presidente del Parlamento, José Williams, autoriza que fiscales provisionales, tanto supremos como superiores, puedan integrar la Junta de Fiscales Supremos, lo que abre el camino para que Benavides tenga el control absoluto del Ministerio Público.
El panorama, según el semanario, se asemeja al de la gestión de Blanca Nélida Colán, que ocupó el cargo desde 1992 hasta 1997, y posteriormente fue detenida y procesada por actos contra la Constitución.
Con la nueva ley, Benavides podrá nombrar a los fiscales supremos que habrán de seleccionar a la próxima fiscal de la Nación y, eventualmente, estos mismos optarían por su reelección.
Según un informante de Fiscalía citado por la revista, Benavides apunta a quedarse hasta el 2027, para lo cual será crucial el respaldo de la Junta de Fiscales Supremos.
Su “ambición parece no tener límites. Ella no busca fortalecer al Ministerio Público, sino empoderarse más y ser útil a sus aliados del Congreso y el Gobierno. El blindaje que tiene no es judicial, sino político, los congresistas son sus verdaderos escuderos”, dijo un fiscal supremo al semanario.
La Junta de Fiscales Supremos, conformada actualmente por cuatro miembros, tendría pronto otros dos integrantes: Zoraida Ávalos ―investigada e implicada en la red criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’― y Pedro Sánchez, quien enfrenta dos acusaciones constitucionales, según Hildebrandt.
La magistrada, cuya labor no es aprobada por el 57% de peruanos, ha enviado dos proyectos al Congreso: uno para que los fiscales de la Nación no juramenten frente al jefe de Estado y otro para que la Fiscalía de la Nación pueda elevar ante el Tribunal Constitucional demandas de inconstitucionalidad.
Cuestionamientos
Hace una semana, la segunda mujer más influyente del país respondió de manera oficial a las acusaciones sobre sus grados académicos, obtenidos en 2008 y 2009 en la Universidad Alas Peruanas (UAP). “Quiero zanjar de una vez ese tema. Si tengo los grados es porque sustenté y presenté las tesis, pero no seré yo quien entregue el producto de largos meses para que hagan escarnio de ellas”, señaló en el 42 aniversario del Ministerio Público.
Las tesis de maestría y doctorado se encuentran no habidas, pues ninguna universidad estaba obligada a tener un repositorio durante los años en que las presentó. Parte del jurado no recuerda su sustentación ―por la que obtuvo calificación máxima—, y siete excompañeros de clase revelaron al semanario que no la vieron en el aula.
La JNJ inició una pesquisa por estas irregularidades, pero la magistrada fue hermética con el tema. “He guardado prudente silencio para no seguir alimentando la campaña y para no responder ni ser parte de un circo de aquellos que buscan cinco minutos de fama a cambio de los que sí trabajamos y luchamos contra la corrupción”, dijo.
Benavides, quien lidera los casos abiertos contra Pedro Castillo y Dina Boluarte, ha sido implicada en polémicos cambios del equipo especial Cuellos Blancos, que sigue una red de corrupción en la Judicatura; y en el uso de su cargo para beneficiar a su hermana en una investigación sobre presuntos sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico.
Recientemente, la JNJ le abrió un nuevo proceso por recibir una condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, procesado por presunto lavado de activos.