Lo vivido ayer en el Congreso de la República con el “blindaje” a cuatro congresistas de Acción Popular sindicados como “Los Niños” y acusados de integrar una presunta organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo, hicieron más actual la frase “otorongo no come otorongo” utilizada, precisamente, para señalar a los parlamentarios que se encubren y protegen mutuamente.
Esta polémica decisión del Parlamento afectaría las investigaciones fiscales en curso contra los parlamentarios que fueron sindicados por Karelim López de ser los responsables de proteger a Castillo Terrones.
Con la votación mayoritaria de las bancadas de Acción Popular, Perú Libre, Bloque Magisterial, Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Perú Bicentenario y Somos Perú, se rechazó el informe final de la Denuncia Constitucional N° 300 de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que propuso acusar constitucionalmente y suspender a Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinoza.
Las bancadas que estaban a favor de la sanción fueron Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País y Renovación Popular.
De esta manera, los cuatro imputados fueron salvados y seguirán ejerciendo sus funciones parlamentarias a pesar de los serios cuestionamientos en su contra.
Podrían entorpecer investigaciones
Para el abogado Alejandro Rospigliosi, especialista en asuntos parlamentarios, señaló en declaraciones a El Comercio que “el blindaje implica impunidad absoluta porque estamos ante hechos cometidos en el ejercicio de la función parlamentaria”.
“La fiscalía no puede continuar con las investigaciones”, dijo Rospigliosi y añadió que los legisladores blindados por el Congreso podrían entorpecer las investigaciones desde el poder.
Sesión con enfrentamientos
La sesión para el debate y votación del informe final de la denuncia constitucional duró más de seis horas y terminó en enfrentamientos e insultos.
Fue el caso de los parlamentarios de la bancada de Acción Popular. Edwin Martínez calificó de “timorato” al presidente del Congreso José Williams, mientras que María del Carmen Alva, quien estaba a favor de la sanción, tuvo un cruce de palabras contra su colega Jorge Flores.
En medio del cruce de palabras, la congresista Norma Yarrow denunció que fue amenazada por el acusado Raúl Doroteo, cuando trató de quitarle unos panfletos en los que se cuestionaba su papel en la elaboración del informe final del caso “Los Niños”. La parlamentaria indicó que los afiches fueron repartidos antes de la sesión y contenían textos donde la culpaban junto a Lady Camones de vulnerar el principio de imparcialidad.
Yarrow precisó que fueron los asesores de la bancada de Acción Popular que se encargaron de colocar los volantes entre los escaños. “Da vergüenza realmente ver la amenaza y la forma como el señor Doroteo, atrás, me trató de hasta empujar cuando le retiré el panfleto de la mano, pero no importa, no espero de ellos absolutamente nada”, dijo.
Detalles de la denuncia
El informe final de la Denuncia Constitucional N° 300 señala que los congresistas denunciados habrían sido captados por una presunta organización criminal mediante Auner Vásquez Cabrera, quien fue jefe del Gabinete Técnico durante la gestión de Castillo.
La denuncia constitucional se deriva tras las declaraciones de la empresaria Karelim López ante la Fiscalía, quien señaló que existía una presunta organización delictiva que benefició a una empresa supuestamente relacionada con estos congresistas de Acción Popular.
De acuerdo con el informe, los legisladores se comprometieron a votar en contra de mociones de vacancia presidencial e interpelaciones y censuras de ministros a cambio de beneficios ilícitos en el Ministerio de la Producción.
Asimismo, el documento precisa que los legisladores “habrían logrado la designación de Jorge Luis Prado Palomino como ministro de la Producción a cambio de respaldar” la gestión de Castillo y que habrían intercedido en la designación de otros 13 funcionarios en esa misma cartera.
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