Pleno del Congreso deja en suspenso debate la polémica ‘Ley Mordaza’

Hoy el Pleno del Congreso verá en segunda votación la ‘Ley Mordaza’, proyecto de ley impulsado por el parlamentario Segundo Montalvo, de Perú Libre (PL), que incrementa la pena por delito de difamación agravada en redes sociales y medios de comunicación. Luego de un receso, se anunció que la sesión se reiniciaría en horas de la tarde.

La votación final. De la decisión de parlamentarios dependerá que se apruebe una ley que podría afectar a la libertad de expresión en el país. Esta medida nace en medio de un gran número de denuncias que enfrentan los parlamentarios por presuntos actos de corrupción. Muchas de estas polémicas han sido descubiertas mediante la investigación periodística.

Los parlamentarios han sido consultados sobre la relación de esta iniciativa con la prensa peruana y han descartado que deseen amenazar a los periodistas que investigan. Sin embargo, no han descartado que esta ley busque dar una lección a los “malos periodistas” que, según ellos, usan la difamación como una herramienta contra ciertos políticos.

Uno de los legisladores que mantiene esta postura es Jorge Montoya, de Renovación Popular (RP), quien conversó con el diario El Comercio y afirmó que “a los periodistas sanos e inteligentes no les tiene que preocupar este asunto”.

¿Quiénes están a favor?

Resulta cuestionable que los parlamentarios que han apoyado esta iniciativa legislativa son funcionarios investigados. Por ejemplo, los congresistas que forman parte del Caso ‘Los Niños’, evaluados en la Comisión de Ética Parlamentaria y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), se han mostrado abiertamente a favor de este proyecto de ley. Se trata de nueve congresistas de la bancada de Acción Popular (AP).

Por ejemplo, América Gonza, también implicado en ‘Los Niños’, votó a favor de la aprobación de este proyecto de ley. El integrante del Parlamento peruano cuenta con una investigación fiscal por presuntamente ser parte de la organización criminal que supuestamente lidera el exmandatario Pedro Castillo.

Guillermo Bermejo es otro funcionario que se mostró a favor de la ‘Ley Mordaza’. El izquierdista enfrenta un proceso legal por supuestamente haberse afiliado al grupo terrorista Sendero Luminoso.

Asimismo, las parlamentarias denunciadas de recorte irregular de sueldo a sus trabajadores, también conocidas como ‘Mocha sueldos’, respaldan la iniciativa legislativa que podría poner en riesgo el ejercicio periodístico. Cabe recordar que la mayoría de miembros Alianza Para el Progreso (APP), bancada a la que pertenecen la mayoría de las legisladoras acusadas, votaron a favor de esta ley. 10 de 11 congresistas aceptaron el dictamen.

En la primera votación, estas fueron las bancadas que dieron su respaldo a este proyecto de ley: Perú Libre (PL), Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP), Bloque Magisterial de Concertación Nacional (BM-CN), Renovación Popular (RP), Cambio Democrático –Juntos por el Perú (CD- JPP), Podemos Perú (PP), Perú Bicentenario (PB) y Somos Perú (SP).

Por el contrario, Fuerza Popular (FP) y Avanza País dieron sus votos en contra de esta medida.

CPP presentó contrarreforma

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) ha seguido de cerca el camino de la ley que incrementa la pena en casos de difamación en redes sociales y medios de comunicación. En comunicación con gremios periodísticos, la organización ha evaluado una nueva opción para archivar el dictamen de la ‘Ley Mordaza’. Esta propuesta consiste en el pago de indemnizaciones a cambio de despenalizar los delitos contra el honor y pasarlos a la vía civil.

La iniciativa del CPP indica que estas indemnizaciones deberán ser pagadas por los periodistas denunciados y por el medio de comunicación, esta suma de dinero representaría un máximo del 10% de la facturación anual de la empresa para no ocasionar un quiebre financiero de estas asociaciones dedicadas el rubro periodístico.

¿En qué consiste la ley?

Se trata del proyecto de ley N° 2862 presentado por Perú Libre, el cual propone aumentar las penas privativas de libertad en casos de denuncia de delitos de difamación y calumnia en medios de comunicación.