El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, presentó este miércoles ante el Poder Judicial un nuevo requerimiento de extradición con detención preventiva contra Eliane Karp, la exprimera dama que dejó Estados Unidos con destino a Israel en medio de una acusación de lavado de activos.
Según una resolución difundida por RPP, el magistrado remitió la solicitud a Araceli Baca, titular de la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, que lleva adelante el juicio oral por el caso Ecoteva, abierto en 2013 a raíz de la millonaria compra de inmuebles a nombre de la madre de Karp, Eva Fernerburg, a través de una empresa con ese nombre.
Vela envió “1557 folios del requirimiento de extradición contra Eliane Karp en el marco del proceso seguido contra Alejandro Toledo y otros”, se lee en el documento. El pedido deberá ser elevado a la Corte Suprema para su aprobación y, posteriormente, ser ratificado por la administración de Dina Boluarte para su envío a Israel, donde la investigada aterrizó hace una semana.
Sobre Karp recae una orden de 18 meses de prisión preventiva, mientras que Alejandro Toledo, su esposo extraditado por EE.UU. en abril, está implicado en la recepción de coimas por más de 30 millones de dólares de Obebrecht. Según la tesis fiscal, parte de ese dinero fue presuntamente transferido a la empresa Ecoteva.
Edgar Rebaza, jefe de Cooperación Internacional del Ministerio Público, señaló que el despacho, en coordinación con la Cancillería, cursó información oficial para conocer las normas de extradición en Israel.
“Hay que iniciar una nueva herramienta de cooperación, un nuevo trámite de extradición sobre la confirmación en documentos oficiales que será puesta a conocimiento a los fiscales del caso y al juez del mismo que tendrán que decidirlo. No implica que es imposible, sino que se debe cumplir con nuevos procesos y cumpliendo los estándares de otro país”, dijo a la emisora.
Por su parte, la jueza superior Josefa Izaga, directora de debates de la sala penal, ya había mencionado que, una vez que la Fiscalía derive el cuaderno de requerimiento para la detención provisional de Karp, iniciarán el trámite con el fin de extraditarla desde el país de Medio Oriente.
El premier Alberto Otárola afirmó que el Gobierno realiza “un seguimiento permanente” a la situación de la exprimera dama, cuyo viaje fue “un hecho ajeno al Perú”. Según el jefe del Gabinete, el Gobierno de Estados Unidos “comunicó que no tenía la manera legal de impedir” esa salida.
En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, señaló que el Ejecutivo desplegará todo su “esfuerzo para ver de qué maneras podemos hacer la regulación necesaria y traerla a Perú”.
Cuestionamiento
El viaje de la exprimera dama desató una ola de molestia entre los legisladores de distintas tiendas políticas, que responsabilizaron al Ministerio Público de no prever este escenario. Alejandro Cavero (Avanza País) consideró que el equipo Lava Jato “ha sido negligente” pues “estaba cantado que la señora se iba a fugar”.
Norma Yarrow, de la misma tienda, invocó al despacho de Ana Gervashi a evaluar la respuesta de Washington sobre el viaje, sobre todo porque en ese territorio la investigada no contaba con prohibición de salida. “Hay que ver con Cancillería qué cosa va a pasar con el gobierno de Estados Unidos [...] Es hora de actuar”, comentó.
Gladys Echaíz (Renovación Popular) agregó, por su parte, que el Ministerio Público “es responsable de las acciones que se llevan a cabo dentro de la investigación” contra Karp, quien acababa de recibir su pasaporte cuando su esposo fue entregado al Perú.
Desde febrero de este año, el fiscal Vela, advertía un riesgo de fuga de la exprimera dama. “[Karp] no tiene ninguna medida de arraigo, podría dirigirse hacia Israel o hacia Bélgica y eventualmente eludir la acción de la justicia”, dijo en una entrevista con El Comercio.
Para el exprocurador anticorrupción Julio Arbizu, las autoridades norteamericanas privilegiaron el caso de corrupción relacionado con Odebrecht y Toledo, pero dejaron “en segundo plano” el de lavado de activos, por el cual la Justicia pide penas de 16 años y 8 meses de prisión.