Tres iniciativas se presentaron en el Congreso que apuntan a debilitar la Junta Nacional de Justicia

A pesar de que el Congreso de la República cuenta con tan baja popularidad, insiste en apoderarse y quebrar la autonomía de otras instituciones del Estado. A lo largo de este año lo han hecho con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero ahora van por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Como es público, la JNJ se instaló en el 2019 luego que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) fuera desactivado por el escándalo del caso Cuellos Blancos. Actualmente, está conformado por siete tribunos y sus funciones son nombrar, ratificar y destituir a jueces, fiscales, autoridades nacionales de control del Ministerio Público y el Poder Judicial, y a los jefes de la ONPE y el RENIEC.

Su presidenta es Imelda Julia Tumialán Pinto.

Debido a la fortaleza que tiene la institución, en los últimos días se han presentado iniciativas que buscan debilitar a la JNJ cuando coincidentemente investiga a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por los cambios que realizó en el equipo especial del caso Cuellos Blancos del Puerto, sus desaparecidas tesis de maestría y doctorado, y la polémica condecoración que recibió de la Municipalidad de Lima por el Día Internacional de la Mujer.

Los autores de las propuestas son los congresistas Jorge Montoya (Renovación Popular), Patricia Chirinos (Avanza País) y Wilson Soto (Acción Popular). Como es público, sus bancadas también se han convertido en aliadas del gobierno de Dina Boluarte desde que asumió el poder en diciembre del año pasado tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo.

El congresista Montoya planteó una acusación constitucional contra los miembros de la JNJ: Imelda Tumialán Pinto, Aldo Vásquez Ríos, Henry Ávila Herrera, Luz Tello Valcárcel de Ñecco, Humberto de la Haza Barrantes, María Zavala Valladares y Guillermo Thornberry Villarán.

El vocero de Renovación Popular apunta que los tribunos sean destituidos e inhabilitados por diez años de la función pública debido a que habrían infringido incisos de los artículos 156 y 139 de la Constitución Política del Perú.

Esto porque permitieron que Luz Tello Valcárcel siguiera en su cargo a pesar de que no habría cumplido inciso 3 del artículo 156 señala que para ser miembro de la JNJ se requiere “ser mayor de cuarenta y cinco años y menor de setenta y cinco años”.

Montoya también señala que se habrían cometido los delitos contra la administración pública en la modalidad de usurpación de función pública, abuso autoridad, nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo, corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho pasivo específico y corrupción de funcionarios en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Por otro lado, los congresistas Chirinos y Soto han promovido leyes para que se reforme el artículo 156 de la Constitución para que los magistrados de la Junta Nacional de Justicia cesen en sus funciones cuando cumplan los 75 años. De esta manera, esto permitirá que sus suplentes asuman automáticamente sus cargos.

Lo que corresponde ahora es que las iniciativas sean derivadas a la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento, cuyo presidente es el legislador Hernando Guerra García (Fuerza Popular), para que exista una evaluación pertinente. Si es aprobado en el grupo de trabajo, pasará al Pleno para que sea ratificado. Al ser una reforma constitucional se requiere de 87 votos y dos legislaturas consecutivas.

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) presentó un comunicado en el que se señala que el límite de edad aplica para el acceso al cargo de miembro de la Junta más no para como límite de mandato o designación. “El rango etario señalado en el numeral 3 del artículo 156 de la Constitución Política representa una condición de acceso al cargo, más no un límite que acarree la vacancia del mismo”, fue la respuesta de SERVIR a la institución.