La presidenta Dina Boluarte respaldó este miércoles a su homólogo ecuatoriano, Guillermo Lasso, quien decretó la disolución del Parlamento y convocó a elecciones generales anticipadas en medio del juicio político en su contra.
“Respetamos la decisión adoptada dentro del marco constitucional. Abogamos para que el próximo proceso electoral en la hermana República de Ecuador se lleve a cabo dentro de los cauces legales, en paz y en democracia”, expresó la mandataria a través de su despacho.
Previamente, la Cancillería señaló que “hace votos para que las elecciones generales, que resultarán de la decisión que ha adoptado el presidente en ejercicio de sus funciones constitucionales, permitan al pueblo ecuatoriano asegurar el mantenimiento de la gobernabilidad política y la paz social”.
Por la mañana, Lasso anunció la disolución del Parlamento mediante el mecanismo legal denominado “muerte cruzada”, con lo cual gobernará mediante decretos hasta que su sucesor asuma el cargo.
Es la primera vez que en Ecuador se aplica esta figura ―contemplada en la Constitución de 2008 y amparada por la Ley Orgánica de la Función Legislativa―, que permite al jefe de Estado disolver la Asamblea Nacional si considera que bloquea su capacidad para gobernar.
Lasso había acudido a la Asamblea para realizar su alegato de defensa ante la acusación de peculado (malversación) cuando estaba a punto de llegar a la segunda mitad de su período, iniciado en 2021.
La “muerte cruzada” fue aplicada en lugar de esperar al segundo día de debate, que debía desarrollarse en la Cámara, para posteriormente votar la moción de censura, en la que se requieren 92 votos para destituirlo.
El líder ecuatoriano subrayó que la solución debe poner fin a “una confrontación irracional e inútil” y que no es posible avanzar y enfrentar los profundos desafíos con “una Asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado”.
En diciembre de 2022, Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso, sin que el Legislativo hubiera negado dos veces la confianza, tal y como establece la Constitución, razón por la cual acabó encarcelado acusado de golpe de Estado.
De hecho, hay otras distinciones entre esos escenarios. Mientras Lasso seguirá gobernando por decreto hasta la elección de una nueva fórmula presidencial, en el caso peruano el jefe de Estado sigue en el poder hasta completar el periodo constitucional por el que fue elegido.
Si en Ecuador la disolución ocurre por una sola vez durante los tres primeros años del mandato presidencial, en Perú el cierre del Congreso no puede pasar durante el último año de mandato de los poderes del Estado para que no se altere el sistema electoral preexistente.
Al igual que Boluarte, el mexicano Andrés Manuel López Obrador avaló la decisión de Lasso y consideró que no habrá inestabilidad política o violencia después de la “muerte cruzada”.
“No lo deseo. Ojalá y los hermanos ecuatorianos puedan resolver esto, así con este procedimiento, si se va a convocar a nuevas elecciones, que participen todas las fuerzas políticas y no creo que haya violencia política”, estimó.
Desde Estados Unidos, el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, se negó a comparar la situación de Ecuador con la que vivió el Perú el año pasado, aunque aseguró que la relación con la administración de Lasso permanece “fuerte”.
La crítica, en cambio, llegó desde el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019), quien cuestionó la “doble moral” de Lasso: “Hace 5 meses acusó de golpista a Pedro Castillo, que hizo lo mismo, pero para frenar una conspiración. Doble moral de la derecha sometida al imperio”, tuiteó Morales, activo en las redes sociales con opiniones sobre la crisis en Perú y mensajes para defender a Castillo tras su destitución.
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