La presidenta de la República, Dina Boluarte, no ha podido salir del Perú desde que asumió el cargo en diciembre del 2022 por el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo. Un buen ejemplo fue lo que le pasó cuando quiso ir a la asunción del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva el 1 de enero pasado, pero no lo logró debido a que no tenía a quién dejarle a cargo del Despacho Presidencial.
Según el artículo 107 de la Constitución Política, cuando un jefe de Estado viaja al extranjero tras recibir la autorización del Congreso, pues el primer o segundo vicepresidente se encarga de asumir sus labores de manera preventiva. En el caso de Boluarte Zegarra, sin embargo, no tiene a nadie porque era la reemplazante de Castillo antes de que acabe su gestión de una forma tan abrupta.
En el Poder Ejecutivo tomaron nota sobre este asunto. Por ello, han presentado un proyecto para modificar su ley orgánica con el fin de que Boluarte pueda abandonar el territorio nacional, pero con la salvedad de que sigue gobernando.
“De no contar con vicepresidentes en ejercicio, el Presidente de la República se mantiene a cargo del despacho de forma remota, empleando las tecnologías digitales correspondientes para tal efecto. El Congreso de la República, en el marco de sus competencias, precisa en la resolución legislativa autoritativa que el Presidente de la República se mantiene a cargo del despacho de forma remota”, se lee en la propuesta.
“En tanto dure el viaje, y de conformidad con el artículo 123 de la Constitución, el Presidente del Consejo de Ministros, en su condición de portavoz autorizado del gobierno, mantiene permanente comunicación con el Presidente de la República a través de las tecnologías digitales”, agregan.
En otras palabras, la presidenta Boluarte buscaría gobernar y solucionar los problemas del Perú desde una plataforma como Zoom u otras similares. Ella podría conectarse de cualquier parte del mundo. No evaluaron la posibilidad que el premier Alberto Otárola sea quien se encargue del despacho en Palacio de Gobierno.
Hay que recordar que anteriormente presentaron una iniciativa con el fin de que las funciones administrativas del Despacho Presidencial pasen al presidente del Legislativo, José Williams Zapata.
La propuesta cayó en la Comisión de Constitución, pero al final no se dio ningún resultado. Hay que señalar que no cabe encargar el despacho presidencial al Presidente del Congreso, pues eso le corresponde al premier, según el artículo 123 de la Constitución.
Rechazo se mantiene
Según la reciente encuesta de Ipsos, publicada en el diario Perú 21, la desaprobación de Boluarte Zegarra se sitúa en 75% a nivel nacional. A comparación del mes pasado hubo un descenso de dos puntos. En tanto, la aprobación de la mandataria alcanza el 16%, lo cual representa un aumento de un punto con relación a abril.
En tanto, el 9% no tiene una opinión formada sobre el manejo de la presidenta en este contexto de crisis política a raíz de la publicación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que denunció presuntas violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales que se dieron entre diciembre del 2022 y enero de este año contra el gobierno.
Adicionalmente, a raíz del documento de la CIDH, también se desató una primera tensión entre Boluarte y las Fuerzas Armadas por la declaración que brindó en una entrevista al diario El Comercio, donde literalmente deslinda de cualquier responsabilidad política por las acciones de los militares y los policías.
En la misma encuesta de Ipsos también se consulta por la gestión del cuestionado presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien también es señalado de compartir responsabilidad política con Boluarte por las muertes en las protestas.
El 67% de los entrevistados desaprueba la gestión de Otárola. En tanto, el 19% respalda al premier. Finalmente, el 14% no cuenta con una opinión formada.