El largo proyecto de la izquierda caviar: lee un capítulo de “Historia de dos aventureros. Toledo y Karp, la política como engaño”

(...) Los integrantes de la izquierda caviar lograron algo sumamente nocivo: el imponer por encima de la verdad real la potente verdad virtual. Lo que se diga en los medios de comunicación o en la jungla de las redes sociales vale más que aquello que ocurre en la realidad. Hay dos verdades: la que realmente ocurrió, y la otra «verdad», la que se inventa y se difunde. Por eso, no fue casual ni fortuito convertir a los medios de comunicación en «tribunales de justicia», y a sus periodistas, en «jueces» y «fiscales». De ese modo, se ha llegado a implantar una realidad kafkiana en la cual, si alguien llega al Poder Judicial cargando una condena mediática, es imposible que obtenga un fallo favorable, aunque demuestre su inocencia.

El método es tan canalla que terminó generando un efecto atroz: los jueces designados por mandato de la Constitución temen la reacción de los «jueces mediáticos», y si algún magistrado con decencia se atreve a ejercer la potestad de su cargo, de inmediato los «jueces periodísticos», convencidos de su barbarie, saltan feroces si su fallo condenatorio es modificado. En suma, las leyes pasaron a ser relativas, y el Perú del siglo XXI, por el influjo mediático, es un lugar peligroso en términos de procesos judiciales y en términos de imagen pública.

Asimismo, la llegada de las redes sociales les otorgó la ventaja del Twitter como arma gratuita y violenta. Cierto es que la herramienta es usada sin distinción de tiendas, pero la organizada cofradía caviar resultó especialmente activa en la red de Elon Musk sin que les moleste que el tal Musk sea un «fascista capitalista que despide masivamente a sus empleados».

En buena medida, desde el gobierno de Toledo han funcionado los mecanismos de propaganda instalados por los llamados caviares y, como afirma Jo Adetunji, editora del portal británico The Conversation, «nos hemos acostumbrado a hablar de fake news para designar los bulos y trolls que corren por las redes o a designar como “hechos alternativos” patrañas que pretenden escamotear datos objetivos (...) Asistimos a una contienda muy desigual, porque la información debidamente contrastada requiere más esfuerzo».

Pues bien, protegidos por este contexto de propaganda, manipulación y aliados para ataques mediáticos, Alejandro Toledo, sus ministros, su entorno y sus operadores tuvieron una red de protección para cobrar sobornos, diseñar operativos comerciales y tomar decisiones reprobables.

Una de las decisiones más cuestionables tiene un contenido de traición a la patria. Fue aquella en la que acordaron «la flexibilización de las condiciones penitenciarias de los presos por actos de terrorismo», lo que terminó dando lugar a la siniestra liberación de terroristas y al infame pago de indemnizaciones con dinero de los peruanos que sufrieron, durante doce años, la brutal y sanguinaria actuación de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Nadie se opuso. Los medios hicieron una venia, y ese capítulo se inició en noviembre del año 2000, cuando el presidente transitorio Valentín Paniagua nombró como ministro de Justicia a Diego García Sayán Larraburre, un abogado nacido en Nueva York el 2 de agosto de 1950 y con antecedentes de tener una posición a favor de la banda terrorista Sendero Luminoso. En efecto, el 2 de mayo de 1983, cuando Sendero Luminoso ya había cometido centenares de asesinatos, juicios populares y múltiples atentados en las provincias del sur, García Sayán escribió en el diario El País de España lo siguiente: «Con su propaganda y acciones armadas, Sendero se presenta como fuerza purificadora que aliviará al mundo de sus maldades. Tal concepción, marcadamente “ruralizada”, les otorga a los campesinos con sus acciones militares un potencial redentor de características cuasi religiosas. Hay allí mucho de mágico-religioso».

Un argumento rocambolesco que ni los propios senderistas habrían admitido, pero expresa la mirada de García Sayán sobre Sendero Luminoso. Por ello, dos años después, cuando militaba en Izquierda Unida, dio declaraciones públicas en las que sostuvo que se debía «estudiar la situación de los presos acusados de terrorismo y proponer una medida legal para distinguir a los acusados por terrorismo por actos políticos de aquellos que lo están por haber cometido, en efecto, actos terroristas». Según la peculiar mirada de García Sayán, Abimael Guzmán debía ser considerado un preso político y no un terrorista, ya que el cabecilla senderista «no cometió actos terroristas»: los ordenó, pero no los cometió materialmente. En esa misma entrevista, García Sayán defendió la relación de Sendero Luminoso con el narcotráfico. Sostuvo que «en la base de la acción de Sendero Luminoso había problemas económicos y no se trataba de una pandilla de delincuentes financiada por el narcotráfico».

¿Cuándo dio dichas declaraciones Diego García Sayán? El 22 de septiembre de 1985, cuando el país estaba acosado por la feroz violencia de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso. Ya llevaban cinco años cometiendo asesinatos, emboscadas, atentados dinamiteros, destrucción de puentes, de torres de alta tensión, y empezaban a actuar en las ciudades. En ese contexto, García Sayán optó por distinguir entre «terroristas políticos» y «terroristas de acción».

A pesar de esos antecedentes, Valentín Paniagua, un hombre cuya figura glorificada merece una revisión, nombró en el año 2000 a García Sayán como ministro de Justicia. Al año siguiente, Alejandro Toledo le dio el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, pero le permitió participar en decisiones que iban más allá de su función. El acceso al poder que logró este abogado con discurso prosenderista fue letal para el país. Sus decisiones, además de ser una afrenta a las víctimas del terrorismo, han tenido un efecto sostenido durante dos décadas porque estableció una política de flexibilización de las condiciones penitenciarias, que Toledo aprobó, y permitió que miles de presos por terrorismo queden libres.

Así, dirigentes y militantes de Sendero Luminoso empezaron a trabajar para constituir el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), un movimiento heredero del senderismo que cambió de estrategia: no usar la violencia criminal sino «ingresar al sistema para dinamitarlo desde dentro». (...)

Existe una responsabilidad en Alejandro Toledo, en Diego García Sayán y en todos los que consintieron la «política de flexibilización de las condiciones carcelarias de los condenados por terrorismo». Es más grave si se tiene en cuenta que García Sayán utilizó su cargo de ministro para su desleal finalidad política. En efecto, no le bastó liberar terroristas, también logró someter al Estado peruano, sin reserva alguna, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y luego, con la anuencia de Toledo y sus ministros, decidieron que el Perú debía allanarse en todos los casos por presuntas violaciones de derechos humanos.

El efecto fue que el Estado peruano tuvo que aceptar las sentencias de la CIDH, que liberaban más terroristas y ordenaban pagarles indemnizaciones. La más grave decisión fue anular las condenas a cadena perpetua para darles condenas más benignas lo que dio lugar a que, entre los años 2016 a 2018, salgan en libertad, entre tantos y sin pagar reparación civil, gente de la cúpula senderista y autores de salvajes crímenes y atentados como: Osmán Morote, Martha Huatay, Margot Liendo, Maritza Garrido Lecca, Carlos Inchaústegui; y también mandos del MRTA: Peter Cárdenas Schulte, Nancy Gilvonio, Jaime Castillo Petruzzi y Lori Berenson.

De acuerdo con cifras de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo, 514 terroristas salieron libres durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua, y 2300 durante el gobierno de Alejandro Toledo. Todo ese contingente empezó a infiltrarse en las universidades, en los sindicatos y en el magisterio, y esa actividad permitió que, en el año 2017, se realice una gigantesca huelga de maestros y que la organización de raíz senderista, Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) junto a decenas de organizaciones de fachada impulsen la ideologización en el sur del país, contribuyendo luego al triunfo electoral de Pedro Castillo y, tras su caída, en diciembre de 2022, desaten violentas asonadas durante casi tres meses.

*Historia de dos aventureros. Toledo y Karp, la política como engaño de Umberto Jara fue publicado por la editorial Planeta.