Asociados del club Apurímac, donde Dina Boluarte sigue siendo presidenta, ganaron contratos por S/ 3,2 millones con el Estado

Nuevos cuestionamientos aparecen contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por su pasada etapa como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), donde permaneció bastante tiempo durante el gobierno del hoy encarcelado exmandatario Pedro Castillo Terrones.

Según una investigación del diario El Comercio, exdirectivos del Club Departamental Apurímac, donde Boluarte Zegarra se mantiene como presidenta a pesar de que por ley está prohibida de hacerlo, ganaron contratos por S/ 3,2 millones cuando estaba al frente del Midis y era la vicepresidenta del país.

En concreto, la citada publicación apunta a dos nombres: William Zegarra Pantigoso y Timoteo Flores.

Welev Servicios Generales S.R.L, la empresa familiar de Zegarra, logró contratos por S/3′271.920 en total con diferentes entidades y programas del Estado como el Midis y los sectores de Cultura, Agricultura, Educación, de la Mujer, así como el Concytec. Lo hizo durante el 2022 cuando ejercía el cargo de vocal y prosecretario de Economía del consejo directivo liderado por Boluarte.

Precisamente, Welev Servicios Generales S.R.L integró junto a Ankhrian Representaciones S.A.C. el Consorcio A&W Servicios de Limpieza para ganar un contrato de S/297.600 en junio del 2022 por Qali Warma, que depende del Midis, durante la época de la gestión de la presidenta Boluarte.

Unos datos adicionales de esta empresa, Welev Servicios Generales S.R.L, es que no contrataba con el Estado desde el 2017. Además, entre el 2011 y 2012, recibió una suspensión temporal porque presentó documentación falsa y adulterada para participar en las licitaciones del Estado.

Por su parte, Flores obtuvo una orden de servicio por S/24.000 mientras se desempeñaba como secretario provincial del club privado que tiene la mandataria. El Ministerio de Energía y Minas emitió un documento a su nombre autorizando que se le abonara por el concepto de “relacionamiento positivo con dirigentes de organizaciones sociales, campesinas y nativas”.

Un detalle particular que es Flores había logrado inscribirse como proveedor del Estado semanas antes.

El Comercio contactó a los exdirectivos del club Apurímac que ganaron contratos con el Estado. La respuesta de ambos es negar cualquier tipo de favorecimiento de la gestión de Boluarte.

En mayo del año pasado, la Contraloría General de la República descubrió que la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien por ese entonces lideraba el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), tenía un cargo en una asociación privada a pesar de que por ley está prohibida. Cuando se creía que lo había dejado, tal parece que se olvidó.

Según el diario Perú 21, Boluarte Zegarra se mantiene como presidenta del Club Departamental Apurímac. De acuerdo a la partida N° 03001776 inscrita en la Superintendencia de Registros Públicos (Sunarp), la mandataria seguirá en este puesto hasta el próximo 15 de febrero de 2024. Su mandato inició en 2019 y prolongó su gestión hasta el próximo año.

En esa línea, la jefa de Estado sigue infringiendo el artículo 126 de la Carta Magna que, a pesar de estar referido a sólo los ministros de Estado, también alcanza a un presidente de la República en el ejercicio de sus funciones constitucionales.

“Los ministros de Estado no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. No pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”, se lee en el dispositivo legal.

En el informe de la Contraloría se indica que Boluarte fue elegida presidenta del Consejo Directivo de la asociación Club Departamental Apurímac para el periodo del 16 de febrero de 2017 al 15 de febrero de 2019. Posteriormente, resultó reelegida para el periodo del 16 de febrero de 2019 al 15 de febrero de 2022. Todo cuando ya formaba parte del Poder Ejecutivo.

“La fiscalizada (Boluarte) durante el periodo del ejercicio del cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social intervino en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac suscribiendo documentos de carácter público como presidenta del Consejo Directivo”, se lee en el documento.

Esta situación también se habría dado en el Consejo Directivo de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, donde Boluarte fue elegida segunda vicepresidenta de la institución en marzo de 2019. Luego, el 8 de mayo de 2021, la nombraron como primera vicepresidenta de dicho consejo para el periodo 2021-2023.

En el mismo informe se menciona que las contrataciones hechas por el hermano y el cuñado de la vicepresidenta, Nicanor Boluarte Zegarra y Alfredo Pezo Paredes, con la Municipalidad de Pueblo Libre y la Contraloría, respectivamente, configurarían un potencial conflicto de interés. Por ello, se recalca que ambos están impedidos de contratar con el Estado.