Crisis en la ATU: cancelación de corredores, la informalidad y la guerra por el poder del transporte en Lima

A pesar de que María Jara fue nombrada por cinco años como presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), de acuerdo a ley, fue destituida este sábado 13 de mayo. La decisión lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte y la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte Castillo, y se da en un contexto de enfrentamientos entre la ATU y el MTC por la administración de las líneas 3 y 4 del Metro, además de conflictos por los pedidos de formalización de los autos colectivos. ¿Cómo ha evolucionado la crisis del transporte en los últimos años?

Tras la salida de Jara, el jefe de la oficina de Asesoría Jurídica de la ATU, Humberto Valenzuela, presentó informe que concluye que un anterior decreto supremo, el 07-2021-MTC, que modifica el reglamento de la institución es ilegal e inconstitucional, debido a que la ATU es un organismo técnico administrativo con autonomía jurídica y no un órgano interno del MTC. Esta normal también permitía introducir una nueva causal de vacancia de los directivos. Por ello, recomienda que la Procuradoría de la entidad tome las acciones pertinentes, de acuerdo a su marco normativo.

Por su parte, Ana María Jara, al enterarse de su destitución anunció que tomará medidas legales y que ella ya era incómoda para el poder desde la gestión del prófugo exministro de Transportes, Juan Silva.

“No existen razones para esta destitución, ya que se venía trabajando articuladamente con el Ministerio de Economía y Finanzas para acelerar las nuevas concesiones de rutas y poner en marcha la tan ansiada reforma de transporte en Lima y Callao. El verdadero sentido ha sido poner a dedo a un funcionario de su agrado y con ello se está precarizando la institucionalidad que tanto trabajo nos costó construir”, dijo Jara Risco tras la oficialización de su salida.

En su lugar fue colocado José Aguilar Reátegui, quien era director general de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal, del MTC, cuyo cargo se oficializó a través de la publicación de la Resolución Suprema N° 010-2023-MTC.

Estos hechos se dan poco después de se diese una confrontación con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, debido a que este anunciara su intención de formalizar a los autos colectivos y que sea la ATU la entidad que realice las inscripciones de los que ofertan este servicio informal. La institución respondió inmediatamente, a través de Twitter, enfatizando que ellos no realizarían ningún empadronamiento de autos colectivo, porque estos están prohibidos en Lima y Callao, según la ley N°31096.

Ante ello, Ana Jara también se pronunció sobre el DS que cambió el reglamento de la ATU y las intenciones de RLA.

“Lo que llama la atención es que justo este anuncio de politizar un ente técnico como la ATU, debilitando su institucionalidad, coincide con el proyecto de ley para formalizar el auto colectivo desde el Congreso (y la Municipalidad de Lima)”, dijo en declaraciones recogidas por La República.

También era conocida la poca simpatía que le tenía la ministra Paola Lazarte, a ellos se sumaron las críticas a Jara debido al poco avance en el reordenamiento del transporte, situación que agobia a los ciudadanos de a pie y les hace perder largas horas debido a la intensificación del tráfico vehicular y el desorden que impera en las carreteras.

Aunque para María Jara otra razón de fuerza para sacarla fue el interés del Ministerio de Transportes por asumir la competencia de la Línea 3 y 4 del Metro de Lima y de tener a una persona “servil” al frente, según sus palabras.

“¿Cuál sería el interés?, no lo logro comprender, yo expliqué que ese proyecto necesita garantías de independencia. El MTC tiene expertis para construir infraestructura pero no para Metros, por eso tiene dificultades para hacerse cargo de la Línea 2. En su momento rechacé el planteamiento por temas técnicos y legales”, señaló.

Desde hace un par de años, los colectiveros informales tienen apoyo oficial, primero desde el Congreso y ahora desde la Municipalidad de Lima, al mando de Aliaga, quien ha anunciado sus intenciones de integrarlos al sistema formal de transporte, pese a que ellos contraviene a las normas vigentes.

La ATU ya ha enfrentado con anterioridad los embates de este grupo, pues a fines del 2020 el Congreso aprobó por insistencia la formalización de los autos colectivos en Lima y regiones, luego que estos protagonizaran una serie de movilizaciones y medidas de fuerza como bloqueos de carreteras. Posteriormente, el MTC impulsó una denuncia constitucional contra la norma.

Ahora bien, también se tiene que tomar en cuenta que durante la misma semana en la que se cambió el reglamento de la ATU que dio pie a la expulsión de su expresidenta, el congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, propuso legalizar este servicio de transporte.

Ya durante la campaña electoral del expresidente Pedro Castillo, destituido luego de que este realizara un golpe de Estado fallido, este anunció sus intenciones de desmantelar la ATU, a fin de ganar popularidad entre al menos 200 mil conductores de colectivos.

Actualmente, los buses del servicio de los corredores complementarios azul, rojo, morado y amarillo no tienen un carril exclusivo, por lo que también se hallan a merced del intenso tráfico vehicular que hace padecer a los habitantes de Lima. Ante ello, muchos ciudadanos prefieren tomar los servicios de autos colectivos, que los trasladan más rápidamente, aparecen con más frecuencia y en algunos casos los llevan con mayor comodidad, aunque en estos viajes se juegan la integridad debido a la creciente cantidad de denuncias de robos, secuestros al paso y hasta asesinatos que protagoniza este servicio informal.

Por ejemplo, en el 2014 la Municipalidad de San Isidro se opuso a que la avenida Arequipa se convirta en una vía exclusiva del corredor azul, que mueve 130 mil usuarios diariamente.

Recientemente, a fines de abril se puso fin a dos rutas del corredor Amarillo, la 101 y la 107, pues este servicio pierde terreno ante la proliferación de los autos colectivos, que abundan en los paraderos de toda la ciudad de Lima.

“Un problema para los corredores es la competencia desleal e ilegal de los taxis colectivos. En la avenida Arequipa, más de 30 mil viajes diarios se perdieron por el descontrol producido en la tercera gestión amarilla al permitir que regresen masivamente los colectiveros que pasan cada 30 segundos, causando congestión y desorden en todo el corredor. Fiscalizar a los taxis colectivos es fundamental. En diciembre del 2014, el entonces denominado corredor azul transportó 160.000 pasajeros en el último día de diciembre. Tras el ingreso de los colectiveros no se ha logrado tener de nuevo esa demanda diaria en el corredor”, señaló Gustavo Guerra García, exviceministro de Tranportes.

El especialista también advierte que los corredores no se han recuperado de la baja demanda producida durante la pandemia de la COVID-19, pues hoy tienen hoy una demanda 30% más baja que el 2019. “La crisis se contuvo, pues durante las restricciones de la emergencia sanitaria, pues los operadores recibieron subsidios. Pero, una vez eliminadas las restricciones y sin justificación para continuar con los subsidios, los cambios de hábitos a favor del teletrabajo, la tele-educación y el modo cicloviario, golpean duramente las finanzas de los concesionarios, sin que se haya repensado el modelo”, dijo

Lo cierto es que actualmente la ciudadanía se halla cercada por el transporte informal y agobiada por las numerosas horas que utilizan para llegar a sus centros de trabajo o estudios, situaciones que merman la calidad de vida en Lima.