“(La investigación contra Joaquín Ramírez) es el caso más grande en el Perú, seguido del caso Orellana, en tema de lavado de activos”, informó el ministro del Interior, Vicente Romero, hace unas semanas. Al excongresista y exsecretario de Fuerza Popular (FP), actual burgomaestre de Cajamarca, se le incautaron “más de mil millones de dólares, a mediados de abril último, en un promedio de 295 bienes: edificios, vehículos, aeronaves, simuladores e inmuebles”.
Según el Ministerio Público, Ramírez Gamarra incurrió en la presunta comisión de fraude en la administración de la persona jurídica y, eventualmente, lavado de dinero.
La tesis de la entidad sostiene que la Universidad Alas Peruanas (UAP) —hoy con licenciamiento denegado— fue usada por su exrector y tío del imputado, Fidel Ramírez, para derivar cuantiosas sumas de dinero a empresas “fachada” creadas por el exlegislador.
Joaquín Ramírez figura en un elaborado esquema, en torno a una presunta organización criminal, que también involucra a la lideresa de Fuerza Popular y tres veces candidata a la presidencia Keiko Fujimori.
El clan Ramírez
Dos primas de Joaquín Ramírez, así como una de sus tías, también se encuentran comprendidas en las investigaciones. El principal factor familiar del caso, sin embargo, es el ya fallecido exrector de la UAP: Fidel Ramírez.
El Ministerio Público (MP) asegura que el fenecido, en un claro abuso de su cargo, destinó los millones que ingresaban a la universidad, a través de contratos, alquileres o compras, a su esposa, hijos y sobrino Joaquín.
Al defraudarse a la institución educativa, agrega la Fiscalía, se incurrió en el delito de fraude en la administración de la persona jurídica.
El abogado penalista Andy Carrión detalló a Infobae que el delito se produce tras destinarse “dinero (de la empresa) para una finalidad distinta para la que fue formada”.
Para la Fiscalía, el hecho se produjo a través de diversas operaciones a favor de las empresas del excongresista, entre ellas:
- Préstamos aún no cancelados, según el Ministerio Público, por 8 millones 295 mil.
- Contratos comerciales de servicios, que se presume fueron simulados, por unos 350 mil dólares.
- Compras de inmuebles de la UAP por Ramírez a precios sobrevalorados.
- Alquiler de predios de Ramírez a la UAP a precios altos.
- Venta de inmuebles de la UAP a precios subvaluados (muy por debajo del mercado), entre otras vinculaciones comerciales por unos 70 millones de soles.
“La Fiscalía parte del orden de que, en efecto, hubo contratos que son legales y lícitos, pero precisamente ese fue el canal que se utilizó para desfalcar (...) a la universidad”, puntualizó el letrado.
Según la hipótesis, Joaquín Ramírez y sus compañías produjeron otros millones en patrimonio con este dinero, es decir, lavaron las sumas comprando las propiedades ya incautadas. Parte de estos montos, se presume, también fueron usados para el ingreso de su hermano Osías Ramírez a la política o la prestación de locales a Fuerza Popular: situación que involucra actualmente a Fujimori Higuchi en un supuesto “brazo político”.
En esta instancia, que también incluye a Pier Figari, el Ministerio Público asegura que se “captaron fondos ilícitos para obtener poder político y así blindar a la organización criminal”.
Incautación “abusiva”
Las sedes del centro de estudios también fueron incautados, en el operativo de hace un mes, como parte de las acciones indagatorias iniciadas en el 2019. Un día después, el doce de abril, la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas (COOPALASPE), a cargo de la gerencia general de la institución, anunció medidas legales contra el fiscal del caso.
Mediante un pronunciamiento, informó que “la familia Ramírez se apropió ilegalmente de un porcentaje de acciones cuando tenía el control de la gestión de la UAP”. Sin embargo, precisaron que estas acciones ya retornaron “a su accionista originario, COOPALASPE, una vez que se determinó que las transferencias habían sido absolutamente nulas e ilegales”.
“Se supone, según la tesis fiscal, que se desfalcó a la UAP de manera ilícita, es decir, se administró de manera fraudulenta sus bienes y sus ingresos. ¿Por qué se tendría que proceder a la incautación de estos bienes que le pertenecen a la universidad? Aquí hay un punto en contra de la Fiscalía: incautar un campus universitario, por ejemplo, o un predio que corresponde directamente a la UAP, hace que se deslegitime la hipótesis fiscal”, apuntó el abogado Andy Carrión.
El letrado añadió que “no se entiende cómo siendo la universidad una víctima, la Fiscalía haya ordenado la incautación de ciertos predios”, por ello, consideró justificada que la COOPALASPE se haya opuesto a la medida.
En su comunicado, la Cooperativa también remarcó que la entidad ya no tiene vínculos con ninguno de los Ramírez. En la actualidad, Alas Peruanas constituye una cadena de institutos con sedes en Lima (principal), Arequipa, Ica, Piura y Chiclayo, algunas de estas también fueron intervenidas por las autoridades.
El instituto sí cuenta con el licenciamiento otorgado por Sunedu. Previamente, contaba con la denominación de Instituto de Educación Superior Particular “PBA Probusiness” – Instituto de Estudios Empresariales.
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