El jefe del Gabinete, Alberto Otárola, respaldó este viernes el discurso de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sobre sus tesis no habidas. Por primera vez, la segunda mujer más influyente del país respondió de manera oficial a las acusaciones sobre sus grados académicos, obtenidos en 2008 y 2009 en la Universidad Alas Peruanas (UAP).
“Quiero zanjar de una vez ese tema. Si tengo los grados es porque sustenté y presenté las tesis, pero no seré yo quien entregue el producto de largos meses para que hagan escarnio de ellas”, señaló Benavides en el 42 aniversario del Ministerio Público, institución que preside.
Para Otárola, se trató de “un discurso consistente, dirigido a todos los sectores, que reafirma la plena independencia de los organismos constitucionalmente autónomos”.
“[La investigación contra la magistrada] está siguiendo otra vía. El Ejecutivo no tiene pronunciamiento al respecto porque respetamos el debido proceso”, abundó en diálogo con la prensa. La fiscal lo investiga por genocidio ante las muertes en protestas, y por colusión agravada tras la contratación de su excuñada.
El premier indicó que la administración de Dina Boluarte, también investigada por Benavides, pondera la “meritocracia”, y que “no es fácil encontrar funcionarios competentes”.
En otro momento, informó que la magistrada “ha presentado una demanda adicional para fortalecer sistemas de corrupción y crimen organizado”, una solicitud que es evaluada en el Ejecutivo. “La repuesta, estimo, será positiva”, comentó.
Las tesis de maestría y doctorado realizadas por Benavides se encuentran no habidas, pues ninguna universidad estaba obligada a tener un repositorio durante los años en que las presentó, admitió la casa de estudios a Hildebrandt en sus trece.
Parte del jurado no recuerda su sustentación ―por la que obtuvo calificación máxima—, y siete excompañeros de clase revelaron al semanario que no la vieron en el aula. La JNJ inició una pesquisa por estas supuestas irregularidades, pero la magistrada fue hermética con el tema.
“He guardado prudente silencio para no seguir alimentando la campaña y para no responder ni ser parte de un circo de aquellos que buscan cinco minutos de fama a cambio de los que sí trabajamos y luchamos contra la corrupción”, dijo este viernes en clara alusión a la legisladora Susel Paredes, quien lidera un pedido público para que la magistrada trasparente la información sobre sus grados.
“Hago fiscalización, no circo. De un funcionario no se espera el silencio, sino sus descargos. Buscar la verdad no es hacer escarnio. Se trata de tesis que no aparecen y grados que podrían no tener sustento. El prestigio no se defiende con floro, sino con evidencia. ¡Muestre sus tesis!”, tuiteó Paredes.
Su despacho dijo a Infobae que por ahora espera respuestas oficiales de la JNJ sobre “los avances y los temas exactos que están siendo investigados”. Todavía no han recibido ningún documento, por lo que invocó a transparentar el proceso.
Benavides, quien lidera los casos abiertos contra Pedro Castillo y Dina Boluarte, ha sido implicada en polémicos cambios del equipo especial Cuellos Blancos, que sigue una red de corrupción en la Judicatura; y en el uso de su cargo para beneficiar a su hermana en una investigación sobre presuntos sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico.
Recientemente, la JNJ le abrió un nuevo proceso por recibir una condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, procesado por presunto lavado de activos. Aníbal Quiroga, quien la defiende legalmente, ha confirmado que su patrocinada acumula un total de 19 denuncias presentadas ante la JNJ, las cuales “pretenderían destituirla”.
Las acusaciones tienen “un elemento interesante porque ella, siendo una fiscal joven, es nacida en la JNJ. La misma JNJ, que ha nombrado magistrados y jueces importantes, y ha renovado de manera importante la Corte Superior, la elige a ella [a mediados de 2022]”, expresó el constitucionalista en Willax.
Para Quiroga, la misma “pugna ideológica” que se volcó contra Castillo, preso tras orquestar un autogolpe, ha surgido ahora contra la representante del Ministerio Público.
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