El Poder Judicial ha programado la declaración indagatoria de Alberto Fujimori por el caso de las esterilizaciones forzadas cometidas durante su régimen, entre 1996 y 2000, informó el jueves a Infobae Perú María Ysabel Cedano, abogada del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS).
El procedimiento, a pedido de la Corte Suprema de Chile, se realizará de manera virtual el viernes 19 de mayo, a las 9:30 a.m., desde el penal de Barbadillo. El Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio dispuso que la diligencia se enmarque en el presunto delito de lesiones graves seguidas de muerte.
“Consideramos que es un gran avance y una gran victoria”, dijo Cedano, quien junto con Milton Campos conforma la defensa legal de los casos de Mamérita Mestanza y Celia Ramos, víctimas mortales de la política fujimorista.
“Desde que se abrió la investigación judicial, Alberto Fujimori está en calidad de denunciado, pero suspendido como procesado hasta que se amplíe la extradición. Hemos hecho mucho para que se agilice ese trámite desde Perú. Que ahora, por fin, la Justicia chilena lo llame a declarar significa que se está tomando en serio todas las medidas para tomar una decisión pronta al respecto”, matizó la letrada.
“Agradecemos a todas las víctimas y sobrevivientes por su lucha y los avances logrados en su camino por verdad, justicia y reparaciones integrales”, tuiteó la campaña del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (GREF).
Tras 16 años de investigación fiscal preliminar (2002-2018) y más de dos de la denuncia penal contra Fujimori y tres exministros que despacharon en la cartera de Salud —Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga—, las activistas lograron, en enero del 2021, que un juez convoque a la audiencia de sustentación de cargos.
Desde entonces se han llevado a cabo más de cinco procedimientos, pese a que los abogados de los acusados lograron aplazarlos y extender el juicio, según el GREF.
En abril del año pasado, el juez Littman Ramírez solicitó al Gobierno chileno ampliar los cargos de extradición contra el dictador para que sea juzgado eventualmente por este emblemático caso.
Fujimori, recluido en la cárcel de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), fue extraditado desde Chile en setiembre del 2007 por siete delitos ―dos sobre violaciones de derechos humanos y cinco por corrupción— que decantaron en una condena de 25 años de cárcel.
Sin embargo, la causa por esterilizaciones forzadas no fue incluida en el pedido de extradición original. La defensa del político no ha emitido comentarios al respecto.
Al recluido dictador se le imputa la ejecución de una política de control de natalidad sin consentimiento informado ni “consideración de una serie de factores como [...] una infraestructura adecuada, el personal médico especializado [...], lo cual devino en que se produjeran lesiones graves en una gran cantidad de mujeres”, según la resolución de Littman, titular del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio.
Unas 300.000 peruanas, muchas de ellas quechuablantes y pobres, fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que desplegó en sus últimos cuatro años en el poder.
Se trata de “crímenes de lesa humanidad y, por ende, no pueden prescribir. Las víctimas tienen derecho a verdad, justicia y reparaciones sin más dilaciones ni excusas”, remarcó Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.
El dictador fugó al país sureño en noviembre del 2005, a través de un vuelo con escala en México que partió desde Japón, donde se refugió por cinco años.
Un juez chileno ordenó su detención y fue apresado en una habitación del hotel Marriot de Santiago. No opuso resistencia. En enero de 2006, las autoridades sureñas recibieron doce cuadernillos para iniciar la entrega al Perú, un proceso que tardó, en rigor, 22 meses.
Cuatro años después, en 2009, la Justicia peruana lo condenó como autor mediato del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina.
El político de origen japonés también fue acusado, entre otros ilícitos, de sobornar a congresistas opositores y periodistas, y de ordenar a un militar que se hiciera pasar por fiscal para registrar la residencia de la esposa de Vladimiro Montesinos, su exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú (SIN).
En 2017, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó un indulto que finalmente fue anulado, con lo cual seguirá tras las rejas hasta 2033.
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