Las historias de los estudiantes Jhamileth N. A.(17), Brayan A. J. (15), Elmer Z. L. H. (16) albergan trágicas coincidencias. El 9 de enero ninguno de ellos participaba en las fuertes protestas que se desarrollaban en Juliaca, capital de la región sureña de Puno, pero todos ellos murieron producto de una bala disparada en la zona superior de sus cuerpos. Heridas mortales les arrebataron la vida en cuestión de horas y días; además pese a que solo eran adolescentes no fueron protegidos por las fuerzas policiales y militares, quienes dejaron una ola de sangre con 18 muertes en la región.
Evidencias recabadas e investigaciones internacionales dan cuenta de que se evidencia de que en esa jornada tanto la Policía como las Fuerzas Armadas hicieron uso abusivo e indiscrimado de la fuerza. Concluyen que se dieron evidentes y graves violaciones contra los derechos humanos y claro incumplimiento del uso de armamento oficial.
El último informe de Human Rights Watch da cuenta de que un numeroso grupo de transeúntes también fue ultimado durante este jornada. Para entender la magnitud del abuso de las fuerzas del orden disgregamos los datos revelados por la organización internacional y en esta se precisa que al menos 11 ciudadanos, entre ellos los menores Jhamilet, Brayan y Elmer, fueron heridos mortalmente sin que siquiera participaran en las protestas antigubernamentales que exigían la renuncia inmediata de la presidenta Dina Boluarte y el llamado a nuevas elecciones.
Esto quiere decir que el 61% de víctimas de la masacre ocurrida en Juliaca no participó en las movilizaciones y menos en los enfrentamientos contra las fuerzas del orden. Hay que señalar que la muerte de quienes sí participaban en las protestas tampoco es válida y no es justificable, pero entender el dato anterior brinda luces sobre la brutalidad ejercida durante esa jornada de horror.
Según Human Rights, las 18 víctimas civiles murieron por heridas causadas por disparos. Y en al menos 8 de estos casos, las evidencias muestran que las fuerzas de seguridad dispararon directamente a los órganos vitales de las víctimas, como la cabeza y los pulmones. Otras tres víctimas murieron por perdigones disparados por las escopetas utilizadas por la Policía.
Para entender esta información vamos a reproducir las causas y el contexto de la muerte de los manifestantes a continuación, de acuerdo a la reconstrucción de ese día de horror realizado por el organismo internacional.
La mayoría no participaba en protestas
Transeúntes que no participaban en protestas
1. Reynaldo Illaquita Cruz, de 19 años.
Reynaldo recibió un disparo en el tórax cuando pasaba junto a los manifestantes camino a buscar su almuerzo al promediar la 1:30 p. m. Fue el primero en morir. Él caminaba por la avenida Independencia para ir a almorzar. Illaquita Cruz recibió un disparo en el tórax con una bala de 7,62 mm cuando pasaba junto a los manifestantes.
El adolescente trabajaba en un aserradero para ahorrar dinero para la carrera de Administración de Empresas que esperaba estudiar, pues a su familia le era imposible pagarle los estudios.
Según HRW, militares y agentes de la policía portaban este tipo de armas en el aeropuerto ese día. Además, casquillos de munición 7,62x39 mm para fusiles Kalashnikov marcados con el sello de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron encontrados cerca del aeropuerto más tarde ese mismo día.
2. Gabriel Omar López Amanqui, de 35 años.
El padre de dos hijos y trabajador de construcción fue impactado con los proyectiles de una escopeta de perdigones de plomo cuando se dirigía a la casa de su padre. Los perdigones de plomo dejaron 72 agujeros en su cuerpo, según la autopsia y el análisis balístico. Probablemente sus heridas fueron causadas por escopetas de calibre 12, según HRW.
“Videos y fotografías muestran a agentes de policía utilizando escopetas durante todo el día, y los manifestantes recogieron y compartieron imágenes en las redes sociales de cartuchos de perdigones usados”, señala el informe.
3. Roger Rolando Cayo Sacaca, de 25 años.
El joven mototaxista fue herido en el ojo con un proyectil de “densidad metálica ovalada” tipo perdigón. Según el informe de la autopsia, un arma de fuego a larga distancia disparó el proyectil contra su cerebro, causándole hemorragia y edema cerebrales que le produjeron la muerte.
Él solo “había acudido a ver las protestas en la plaza principal de Juliaca, Plaza de Armas, con un amigo, y se dirigía a su casa por la Avenida Independencia”. Cayo Sacaca quería ser mecánico, se estaba esforzando por terminar la secundaria y trabajaba para ayudar a sus padres.
4. Crhistian Mamani Hancco, de 22 años.
El cantante y bailarín recibió un disparo en el tórax y otro en ambos pulmones mientras regresaba a su casa con un amigo por la avenida Independencia. Murió a consecuencia de estas heridas. El informe de su autopsia declaró que fueron causadas por un disparo de “arma de fuego a larga distancia”.
5. Marcos Quispe Quispe, de 54 años.
El padre y abuelo recibió dos disparos “mientras observaba las protestas en la avenida Independencia: uno en el tórax, con un perdigón de plomo, y otro en el codo izquierdo”. El hombre era el sostén económico de su hija y nieta de dos años. Ahora su hija señala que no sabe cómo hará para criar a su menor como madre soltera sin ingresos.
6. Jhamileth Nataly Aroquipa, de 17 años.
La menor era estudiante de Psicología y había ido a comprar al mercado con su familia. Ella, su padre y su hermana se encontraban en la avenida Independencia cuando recibió un disparo en el estómago. El informe pericial de balística forense, revisado por Human Rights Watch, muestra que el proyectil encontrado en la autopsia de Aroquipa corresponde a un proyectil para cartucho de pistola de 9mm.
Las balas de 9 mm son utilizadas por una variedad de pistolas, una de las cuales es la Sig Sauer SP2022, que es el arma estándar de la Policía Nacional del Perú. “Tiene un alcance efectivo de 50 metros, lo que significa que el agente que habría disparado a Jhamileth probablemente estaba a menos de 50 metros de la joven de 17 años”, precisa el informe.
7. Heder Jesús Mamani Luque, de 37 años.
El padre de tres hijos recibió un disparo en la cabeza y falleció cuando caminaba —también por la avenida Independencia— a 150 metros al sur del aeropuerto, según un testigo consultado por HRW.
8. Heliot Cristhian Arizaca, de 18 años.
El joven iba camino a su casa por la avenida Independencia tras comprar alimentos con su familia cuando le dispararon a 50 metros al este del aeropuerto. Falleció de una herida de bala en el tórax disparada a larga distancia, según el informe de la autopsia. Él tenía planeado ingresar al Ejército.
9. Brayan Apaza Jumpiri, de 15 años.
El menor era estudiante de secundaria y ayudaba a su madre a trabajar en el campo. Recibió un disparo en la cabeza alrededor las 7:50 p.m cuando salía de una cabina de internet ubicada en el centro de la ciudad. Apaza Jumpiri murió el 12 de enero, luego de padecer durante tres días en cuidados intensivos debido a la gravedad de su traumatismo cerebral.
10. Marco Antonio Samillán, de 31 años.
El joven era estudiante de los últimos ciclos de Medicina Humana y salió a las calles para socorrer a los manifestantes, luego de que se reportaran los primeros heridos. Él atendió a algunos de los fallecidos de esta lista, pero también se convirtió en una víctima mortal luego de ser herido por un proyectil de arma de fuego en la zona toráxica abdominal, según resultados de su necropsia.
11. Elmer Zolano Leonardo Huanca, de 16 años.
Human Rights no lo detalla, pero investigaciones periodísticas señalan el adolescente y estudiante estaba junto a su compañera de escuela, cuando decidió ir a buscar a su madre para ayudarla a trasladar la carreta donde ella vendía empanadas de forma ambulatoria. Cuando cruzaba las calles, una bala le impactó en la cabeza.
Numerosas muertes en un par de horas
Sobre los otros siete fallecidos, el informe no precisa si eran parte o no de las protestas. Aunque este sí ha precisado que el comandante general de la Policía les confirmó que no incautaron armas de fuego a manifestantes en Juliaca ni en protestas en otros lugares del Perú. Ante ello, sostienen que sí existió abuso de las fuerzas del orden y violaciones contra los derechos humanos de los manifestantes.
El informe tampoco niega los actos de violencia que algunos manifestantes ejercieron contra las fuerzas del orden, pero enfatizan en que la respuesta a estos actos fue desproporcionada y cargada de brutalidad. Por ejemplo, señalan que los algunos lanzaron artefactos explosivos caseros y piedras contra los agentes apostados los alrededores del aeropuerto Manco Inca, en cuyas inmediaciones se dieron las muertes.
Aunque el uso de armas letales solo está contemplado ante el riesgo inminente contra la vida de los oficiales o ciudadanos, estas fueron utilizadas de forma indiscriminada, por ello el alto número de transeúntes heridos de muerte.
“Las fuerzas militares y policiales han utilizado armas de fuego más allá de lo legalmente permitido. El relato de testigos, corroborado por horas de videos revisados por Human Rights Watch, muestra que las fuerzas de seguridad estaban equipadas con armas de fuego y las utilizaron contra manifestantes”, añade la organización.
En este contexto de fuego en Juliaca, fallecieron 17 personas el 9 de enero y un menor fue herido gravemente, por lo que murió tres días después.
Aunque no precisan su participación o no en las protestas, el informe detalle que Nelson Huber Pilco (22), Edgar Jorge Huarancca Choquehuanca (22), Héctor Quilla Mamani (38), Paul Franklin Mamani Apaza (20), Eberth Mamani Arqui (40), Ghiovanny Gustavo Illanes Ramos (21) y Rubén Fernando Mamani Muchica (53) también fueron víctimas de proyectiles de armas de fuego según sus informes de autopsias.
Desmienten versión oficial del gobierno de Dina Boluarte
Así, la organización ha rechazado la injerencia de grupos extremistas o remanentes terroristas y ha llamado al gobierno de Dina Boluarte a reconocer que se han cometido violaciones contra los derechos humanos.
Human Rights Watch señala, sobre lo sucedido en Juliaca que agentes del Estado peruano dijeron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que las fuerzas de seguridad negaron el uso excesivo de la fuerza porque las muertes ocurrieron “fuera” del aeropuerto o en “calles alejadas del aeropuerto a donde no habrían hecho presentes integrantes de fuerzas de seguridad ese día”.
“Sin embargo, las pruebas obtenidas por Human Rights Watch demuestran que esas afirmaciones son falsas. (...) Un video muestra también a agentes de policía empuñando fusiles de asalto de tipo Kalashnikov y disparando escopetas en una zona situada a unos 1,8 kilómetros del aeropuerto pasadas las 8:00 p.m.”, indicaron.
También han enfatizado que el gobierno ha intentado desviar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad. Ellos rememoran que el día de los hechos, el primer ministro, Alberto Otárola, dijo que las muertes eran “responsabilidad directa de quienes quieren dar un golpe de Estado” y el ministro de Defensa, Jorge Chávez dijo que los manifestantes utilizaron armas de fuego, lo cual ha sido negado por la propia PNP.
Además señalan que el 24 de enero, dos semanas después de los hechos, la presidenta Boluarte dijo que “no es la policía la que está disparando”, que las muertes ocurrieron en el aeropuerto donde estaba desplegada la policía y que la “mayoría” de esas muertes fue causada por impactos de armas artesanales “dum dum” disparadas por los propios manifestantes. Sugirió que armas de fuego y las municiones entraron en Perú procedentes de Bolivia y fueron usadas para causar la muerte de los manifestantes.
Al respecto, César Muñoz, director asociado de la División de las Américas en Human Rights Watch, ha indicado que estas declaraciones forman parte de campañas de desinformación y polarización.
“Cuando uno ve las comunicaciones de la presidenta Dina Boluarte ella dice que esta dispuesta a dialogar pero para eso tiene que reconocer que ha habido abusos graves contra los derechos humanos. Tiene que comprometerse a hacer justicia y dar apoyo a las víctimas. Y en las investigaciones se tiene que incluir a mandos y autoridades que no tomaron medidas para evitar que ocurrieran los abusos”, indicó durante su participación en la presentación del informe.
Por su parte, Milagros Samillán —hermana de Marco Antonio Samillán, el brigadista asesinado mientras ayudaba a otros heridos— pide que el gobierno asuma su responsabilidad política ante el elevado número de muertes ejecutadas en Juliaca
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