Admiten a trámite acusaciones constitucionales contra congresistas involucradas en casos de ‘mocha sueldo’

El juicio político contra las congresistas Rosio Torres, Magaly Ruiz, María Acuña, todas ellas de Alianza para el Progreso (APP), y Katy Ugarte (no agrupada) por el supuesto recorte de sueldo a sus trabajadores avanza a paso firme.

Por unanimidad, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó la noche del martes 9 de mayo admitir a trámite la denuncia contra las mencionadas parlamentarias.

En el caso de Torres, se obtuvieron 18 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Mientras que para Ruiz, Acuña y Ugarte fueron 19 los legisladores que apoyaron dar luz verde a la denuncia.

De acuerdo al reglamento parlamentario, los documentos de las acusaciones constitucionales pasarán a manos de la Comisión Permanente. Este grupo debe fijar el plazo para que la Subcomisión investigue y presente su informe con su recomendación.

Las cuatro legisladoras ya afrontan una investigación fiscal preliminar por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de concusión. Según la tesis del Ministerio Público, de alguna manera se beneficiaron con parte del dinero de los trabajadores del Legislativo.

Durante la sesión de la Subcomisión parlamentaria solo se vio que asistieron presencialmente las congresistas Susel Paredes y Lady Camones. Los otros integrantes del grupo participaron de manera remota y con la cámara apagada.

Ella fue acusada de presuntamente recortar la remuneración de algunos de sus trabajadores de su despacho parlamentario. Este dinero habría sido depositado a la cuenta bancaria de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra.

No fueron poco los casos de trabajadores del despacho de la congresista Torres que habrían depositado un tercio de su sueldo. Cecilia Salazar Mattos, asesora de nivel II; Jesús Sierra Tapia, asesor principal; Abigail García Díaz, exauxiliar de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, grupo que presidía la legisladora; y César Macedo von Bancels, asistente y fotógrafo oficial, por mencionar a algunos.

En el programa Beto a saber se difundió un audio en el que se escucha a la legisladora apepista buscar un acuerdo con un trabajador de su despacho en Chiclayo a fin de no ser denunciada.

Según este último caso, el denunciante indica que solo percibía mil soles mensuales, suma que no recibía puntualmente. También indica que le adeudaban el pago de los meses de noviembre y diciembre del 2021, y enero del 2022. De acuerdo a la denuncia periodística, el trabajador hasta la habría representado en varias actividades parlamentarias.

La Comisión de Ética recibió el descargo de un extrabajador identificado como Carlos Marina. Este detalló cómo su sueldo fue reducido aparentemente a pedido de la integrante de la bancada de APP.

De acuerdo al testimonio del afectado, él fue contactado para trabajar en la Comisión de Protección a la Infancia, cuya presidencia estaba en manos de Ruiz, pero le pusieron una condición para que sea parte: un aporte voluntario de 1500 soles y una colaboración extra de 300 soles. Estos montos se hicieron vía transferencia bancaria y en efectivo.

De acuerdo a Cuarto Poder, los trabajadores de la legisladora no agrupada sufrieron recortes de sus sueldos para pagar publicaciones en medios escritos que mejorarán la imagen de ella en Cusco, región que representa.

De acuerdo a las conversaciones de los trabajadores, supuestamente el personal técnico del despacho de la legisladora entregaba 300 soles y los asesores 400. Estos montos se habrían hecho como pagos individuales. Se presume que con estos presuntos aportes forzados se recaudaba la suma de más de 2000 soles al mes.

Como era de esperarse, las congresistas investigadas negaron que tengan algo que ver con el presunto recorte de sueldo a sus trabajadores.