El viaje de la exprimera dama Eliane Karp a Israel, país que no extradita a sus connacionales, desató este miércoles una ola de molestia entre los legisladores de distintas tiendas políticas, que responsabilizaron al Ministerio Público de no prever este escenario.
Patricia Chirinos (Avanza País) cuestionó al fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, por presentar su candidatura al concurso público para ser nombrado juez superior de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal, el mismo día en que la esposa de Alejandro Toledo dejó Estados Unidos con rumbo a Tel Aviv.
“Qué casualidad [...] El ídolo de barro de la izquierda caviar y neosenderista se desmorona sin haber conseguido nada concreto, ¡vergüenza!”, tuiteó la parlamentaria.
Alejandro Cavero, de la misma agrupación, consideró que el equipo Lava Jato “ha sido negligente” pues “estaba cantado que la señora se iba a fugar”, pese a que la Fiscalía y el Poder Judicial cumplieron, hace más de dos años, con remitir a EE.UU. el cuadernillo de extradición contra Karp.
La esposa del expresidente era requerida por el caso Ecoteva, abierto en 2013 a raíz de la millonaria compra de inmuebles a nombre de Eva Fernerburg, su madre, mediante una empresa con ese nombre.
Las adquisiciones, según la tesis fiscal, se realizaron con dinero de sobornos recibidos por Toledo entre 2001 y 2006, cuando fue jefe de Estado. El proceso judicial se encuentra en la etapa de juicio oral desde abril.
Norma Yarrow, también de Avanza País, invocó al despacho de Ana Gervashi a evaluar la respuesta de Washington sobre el viaje, sobre todo porque en ese territorio la investigada no contaba con prohibición de salida. “Hay que ver con Cancillería qué cosa va a pasar con el gobierno de Estados Unidos [...] Es hora de actuar”, comentó.
Gladys Echaíz (Renovación Popular) agregó, por su parte, que el Ministerio Público “es responsable de las acciones que se llevan a cabo dentro de la investigación” contra Karp, sobre quien recae una orden de prisión preventiva de 18 meses y quien acababa de recibir su pasaporte cuando su esposo fue entregado al Perú.
Vivian Olivos (Fuerza Popular) deslizó que la exprimera dama asumía que su destino sería la prisión y por eso no quiso “responder ante” el Perú. “Eliane Karp se fuga porque es corrupta como su esposo Alejandro Toledo y sabe que su destino será la prisión porque existen pruebas suficientes en su contra. Es una pena que termine fugándose”, dijo a Correo.
De igual modo, Guido Bellido (Perú Bicentenario) reprochó al Ministerio Público por no advertir la estrategia de la imputada, e invocó a “tomar todas las acciones que corresponde en el país que se encuentra para que responda por su situación judicial”.
Medidas
Desde febrero de este año, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Lava Jato, advertía un riesgo de fuga de la exprimera dama. “[Karp] no tiene ninguna medida de arraigo, podría dirigirse hacia Israel o hacia Bélgica y eventualmente eludir la acción de la justicia”, dijo en una entrevista con El Comercio.
Dos meses después, en abril, el jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradicciones de la Fiscalía, Alfredo Rebaza, confirmó un pedido de prisión contra Karp elevado a EE.UU. para garantizar su permanencia en ese país, pero tampoco fue admitido.
Para el exprocurador anticorrupción Julio Arbizu, las autoridades norteamericanas privilegiaron el caso de corrupción relacionado con Odebrecht y Toledo, pero dejaron “en segundo plano” el de lavado de activos, por el cual la Justicia pide penas de 16 años y 8 meses de prisión.
“Respecto a la señora Karp, no hay ninguna medida [...] que nos hagan pensar que no puede trasladarse a Bélgica o a Israel, donde no tenemos un convenio de extradición que nos permita siquiera requerir al Estado su traslado”, sostuvo en Epicentro TV.
Toledo fue extraditado al Perú el 23 de abril para responder por presuntos sobornos millonarios de Odebrecht para adjudicarse la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur.
El exmandatario bajó de la nave esposado, después de ser entregado por alguaciles de Estados Unidos a los agentes de la Policía Nacional, y conducido a la Dirección de Aviación Policial (DIPA), aledaña al aeropuerto Jorge Chávez.
Reclamado por la Justicia peruana desde 2017, el fundador del partido Perú Posible está imputado por haber recibido supuestamente unos 35 millones de dólares de la empresa brasileña, tras favorecerla en la licitación de contratos para la construcción de la ruta que conecta Perú con Brasil.
La Fiscalía ha solicitado para él penas de 20 años y 6 meses de cárcel por la concesión de los tramos 2 y 3 de esta carretera; 35 años por el tramo 4, y 16 años y 8 meses por supuesto lavado de dinero en el caso Ecoteva.