La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) sesionará hoy desde las 5:30 de la tarde. En su agenda del día se encuentran las denuncias contra las congresistas Rosío Torres, Magaly Ruiz y María Acuña (Alianza para el Progreso), así como de la no agrupada Katy Ugarte. Todas ellas han sido denunciadas de mochar los sueldos de sus trabajadores.
La parlamentaria Kira Alcarraz (Somos Perú) hizo suya las acusaciones que los ciudadanos José Luis Briones Trujillo y Rafael Augusto Marin Valdez realizaron contra sus colegas por la comisión del presunto delito de concusión. Es así que se dará cuenta de los informes de calificación si procede iniciar investigación o no en los casos de Torres, Ruiz, Acuña y Ugarte.
Si hay respaldo en la SAC, entonces los expedientes serán elevados a la Comisión Permanente para que otorgue un plazo de 15 días. En este lapso se va designar a un miembro del grupo de trabajo que dirige Lady Camones (Alianza para el Progreso) para que sean los ponentes de los casos de las congresistas Torres, Ruiz, Acuña y Ugarte.
Las aludidas y los trabajadores perjudicados con las reducciones de sus sueldos tendrán que presentarse en las audiencias que haya en la SAC para aclarar cada caso. Después de ello se va elaborar un informe final que tendrá que ser sometido a votación. Si hay un resultado a favor de que Torres, Ruiz, Acuña y Ugarte sean denunciadas constitucionalmente por el delito de concusión, pues todo pasará a la Permanente y, al final, al Pleno del Congreso como última instancia.
Hay que señalar que días atrás también se aprobó iniciar una indagación contra Heidy Juárez, de la bancada de Podemos Perú, por este mismo asunto de la reducción de los salarios de sus trabajadores.
Todas las mencionadas en esta nota también son investigadas por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Pena de ocho años de cárcel
El abogado penalista Benji Espinoza indicó que las legisladoras Rosío Torres, María Acuña, Magaly Ruiz, Katy Ugarte y Heidy Juárez recibirían hasta ocho años de prisión efectiva, de comprobarse que cometieron la comisión del delito contra la administración pública.
“En el caso de las cinco congresistas tienen como denominador común que en todas ellas habría la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión, que está previsto en el artículo 382° del Código Penal, que significa en buena cuenta que el funcionario público abusa de su poder y obliga o induce a que entregue algo”, dijo el letrado.
“La pena que corresponde es de mínimo dos y como máximo hasta ocho años, si es una condena grave. En este caso concreto de las congresistas se cumplen los tres requisitos: son funcionarias públicas, habría abuso de su cargo y el beneficio fue para ellas”, afirmó Espinoza.
Población pide desafuero
La empresa Ipsos Perú elaboró un estudio para el diario Perú 21 para conocer la opinión de la población de las ‘mocha sueldos’. Cerca del 75% de sus encuestados es de la idea de que las parlamentarias mencionadas deberían ser desaforadas de sus curules y que se dicte prisión contra ellas porque cometieron un delito que, en este caso, sería el de concusión.
En el desglose de esta cifra, el 80% de Lima Metropolitana rechaza la práctica de las congresistas Cordero, Ugarte, Torres, Acuña, Ruíz y Juárez. En tanto, el 73% del interior del país tiene similar postura frente a este escándalo.
Por su parte, el 19% considera que solo deben ser desaforadas o expulsadas del Legislativo. En tanto, el 3% menciona que deberían recibir una suspensión y continuar en sus escaños. Finalmente, el 3% no cuenta con una opinión formada del último cuestionamiento del Parlamento que no hace más que perjudicar la deteriorada imagen de este poder del Estado ante la opinión pública.