Ministerio de Justicia le recuerda al presidente del Poder Judicial que remover procuradores no es parte de sus competencias

La presencia de Marco Palomino Valencia, procurador del Poder Judicial, no es del agrado del titular de este poder del Estado. Por ello, pidió públicamente al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, que retire al funcionario de su cargo. Sin embargo, desde el MINJUS se ha indicado a Javier Arévalo que entre sus competencias no se encuentra la de remover o designar a este tipo de funcionarios.

Arévalo también solicitó a la Gerencia General del Poder Judicial a que se investigue a las personas presuntamente contratadas de manera irregular en la institución. La norma actual señala que el procurador del PJ es designado mediante resolución suprema refrendada por el presidente del Consejo de Ministros y el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

A través de un comunicado, la institución parte del Poder Ejecutivo  reveló que “no participa en la designación o remoción de los procuradores públicos”. “La designación, remoción y procedimientos disciplinarios de los procuradores públicos es una tarea que corresponde, de manera exclusiva, a la Procuraduría General del Estado (PGE), de acuerdo a sus competencias y en el marco de su autonomía”, recalcó el ministerio.

La misiva difundida a través de redes sociales recuerda que por decreto la Procuraduría es un ente con autonomía dedicada a “fortalecer, unificar y modernizar la Defensa Jurídica del Estado”. “El decreto (...) establece (...) que la Procuraduría General del Estado tiene la función exclusiva de fiscalizar y sancionar administrativamente a los procuradores públicos de todos los niveles de gobierno”, recalcó en la publicación.

Un informe de Cuarto Poder da cuenta de que Marco Antonio Palomino, procurador del Poder Judicial, contrató a Rolan Llacsahuanga, su cuñado, y a varios amigos de su hermana Norma Palomino. Todo estos hoy son funcionarios de la institución encargada de administrar justicia a la ciudadanía. El funcionario habría cometido el delito de nepotismo al haber promovido y permitido las cuestionadas contrataciones.

De acuerdo al informe periodístico, en febrero de 2021, el cuñado participó del “Proceso CAS 009-2021″ de esa entidad, cuando ya Palomino era el máximo titular. El puesto era de apoyo administrativo y obtuvo el “primer orden de mérito” como único concursante, lo que devino en su contratación. Llacsahuanga no precisó en su declaración jurada que tenía un vínculo parentesco con el procurador de la institución en la que planeaba trabajar.

El vínculo de Llacsahuanga con las hermana del procurador data desde inicios del febrero del 2011 cuando se casó con esta. Cuarto Poder reveló un registro con detalles del contrato de Llacsahuanga en la Procuraduría y remarcó que este pasó de plazo “determinado” a plazo “CAS indeterminado, lo que le permitiría ser personal permanente, y solo a tres meses de haber asumido funciones administrativas en dicho organismo.

“Acá estaríamos ante un supuesto de nepotismo. Este sanciona la prohibición de contratar a un familiar no solo por consanguinidad hasta cuarto grado, sino por afinidad hasta segundo grado y ahí están precisamente los cuñados. Es muy grave”, dijo el abogado César Abanto al dominical. El especialista recalcó que las cualidades de un procurador son la experiencia, liderazgo y probidad.

Llacsahuanga, con las denuncias encima, decidió renunciar al cargo aludiendo un malestar de su madre. Jamás aceptó ni mencionó a su cuñado. Tampoco quiso declarar al dominical que lo buscó en reiteradas oportunidades para obtener sus descargos. Amigos de su esposa también habrían logrado un puesto de trabajo dentro de la institución.