Walter Albán: “Preocupa la actitud negacionista del Gobierno de lamentar las muertes, pero también de evadir cualquier responsabilidad”

El miércoles pasado se revelaron las conclusiones finales a las que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) arribó sobre sus visitas al Perú durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero de este año. El diagnóstico fue contundente: se cometieron “graves violaciones a los derechos humanos” que devinieron de masacres y ejecuciones extrajudiciales.

En base a este panorama que ha sido exhibido ante la comunidad internacional, Infobae contactó con Walter Albán, exrepresentante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien analiza el informe de la CIDH, la respuesta del Gobierno de Dina Boluarte y el impacto penal que podría tener a futuro en las investigaciones a cargo del Ministerio Público.

“Lamentablemente, para muchos peruanos, pareciera que no los ha llegado a conmover o preocupar de la manera como sería lógico. Creo que la comunidad internacional tiene hace rato la atención puesta en el Perú porque no puede ocurrir, por todos los problemas de inestabilidad política y las consecuencias que hubo tras el autogolpe del presidente Castillo, y justificar de modo alguno la muerte de tantos peruanos”, anotó.

El exdefensor del Pueblo consideró que al régimen de Boluarte Zegarra le toca asumir esta responsabilidad que es muy grave. Sin embargo, consideró también otros actores en esta coyuntura.

Para el exministro del Interior, el informe de la CIDH “tiene un peso porque se trata de un organismo técnico y, sobre todo, que forma parte de un sistema de Estados”. “El sistema interamericano, por si alguna gente no lo tiene muy claro, está creado por los Estados. Los miembros de la CIDH son personas independientes, pero son elegidas por los Estados”, agregó.

Albán consideró que no se puede afirmar que la mayor parte de la región en América Latina tenga algún tipo de inclinación ideológica hacia la izquierda, sino lo que hay -a su parecer- un compromiso con la democracia y las instituciones.

“Yo creo que después de todo lo que se ha podido conocer de este informe, ya no cabe ninguna duda de que en el Perú se produjeron estas muertes en circunstancias en las cuales no hay forma de explicar el fallecimiento de estas personas que no haya sido como consecuencia de una clara intención de algunos efectivos de las fuerzas del orden, como las Fuerzas Armadas o la Policía, que tiraron a matar”, manifestó.

El exrepresentante del Perú ante la OEA sostiene que aquí, a la luz de los hechos, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Agregó que el documento de la CIDH confirma lo que investigaciones como The New York Times, Amnistía Internacional y Human Right Watch habían encontrado previamente.

Tras la difusión del informe de la CIDH, la posición del Ejecutivo ha sido una: no hubo masacres y ejecuciones extrajudiciales a pesar de la abundantes pruebas como videos, fotos y testimonios. Sobre esto, Albán enfatizó que “preocupa la actitud negacionista del régimen de Boluarte Zegarra tratando de decir que lamentan las muertes, pero que ellos no tienen ninguna responsabilidad”.

El exdefensor del Pueblo calificó como muy “lamentable” y un “doble discurso” de la presidenta Boluarte y su premier Alberto Otárola que hayan declarado ante la CIDH, antes de la difusión del informe final, que los militares y los policías tienen la responsabilidad de las muertes cuando les muestran su respaldo de manera pública ante la prensa y la comunidad internacional. “Este doble discurso de la señora Boluarte y sus ministros, en el fondo, cuentan los hechos. No ha habido ninguna voluntad clara, por lo menos durante los días que se dieron los hechos, de tomar decisiones que pudieran poner coto a esto”, mencionó.

Albán cuestionó a la presidenta que, lejos de apartar a quienes tienen clara responsabilidad política, fueron premiados como Otárola al haber pasado del Ministerio de Defensa al premierato. “La señora Boluarte tendrá que responder tarde o temprano por estos hechos [las muertes en las protestas] e identificar las responsabilidades de las autores inmediatos”, mencionó.

El exministro del Interior sostiene que no ha existido la voluntad clara de transparentar la información por parte del Gobierno para dar con los militares y policías que participaron de los asesinatos de los manifestantes y coadyuvar a la Fiscalía en las investigaciones. “No ha tenido mayor compromiso para que esto se cumpla”, explicó.

Albán sostiene que el régimen de Boluarte no puede minimizar el informe de la CIDH como sí lo hizo con los de Amnistía Internacional y Human Right Watch, sino que cuestionan algunos puntos específicos. “Es un documento muy prolijo, con la documentación que acredita con los testimonios recogidos y, en todo momento, pondera los reportes que el Gobierno también les alcanzó. Por eso, el informe ha estado desde febrero”, anotó.

El exdefensor del Pueblo aclaró que los protocolos de las FF. AA. y la PNP son aprobados como normas por el Poder Ejecutivo; es decir, la presidencia de la República, los ministros del Interior y Defensa tienen, de alguna manera, responsabilidad política. “Hay una cadena de mando que, de ninguna manera, puede ser desconocida”, recalcó.

Albán refirió que el objetivo del Parlamento, para quedarse hasta el 2026, es apañar a la presidenta Boluarte y no investigarla por las muertes en las protestas. El último viernes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió archivar una denuncia contra la mandataria y sus ministros.

Finalmente, el exrepresentante del Perú ante la OEA explicó que el informe de la CIDH podría acabar eventualmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte Penal Internacional en caso las investigaciones no avancen en el Ministerio Público o el Poder Judicial.