Traslado a Lima de investigaciones por muertes en protestas aún provoca rechazo en familiares de fallecidos

A inicios de abril, la decisión de la Fiscalía de la Nación de conformar un equipo especial para investigar los graves casos de las víctimas mortales y los heridos durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte y el Congreso, sorprendió a los sobrevivientes de graves lesiones y a los familiares de los fallecidos, puesto que esta medida trajo como principal consecuencia el traslado de las carpetas fiscales hasta Lima. Casi un mes después, advierten que sus temores alrededor de esta acción se están cumpliendo, puesto que los procesos de investigación no avanzan y varias audiencias clave han sido suspendidas sin aviso de reprogramación. Las víctimas temen que su derecho al acceso a justicia esté en peligro y demandan que las pesquisas del Ministerio Público se desarrollen en las regiones donde ocurrieron los hechos.

El gobierno de la presidenta carga, durante su corto periodo, con 49 muertes civiles -la mayoría por heridas de balas e incluidos ocho adolescentes- ocurridas en el marco de la violenta represión en contra las manifestaciones antigubernamentales. Estos decesos ocurrieron en Apurímac, Ayacucho, La Libertad, Junín, Cusco, Arequipa, desde el 11 de diciembre hasta el 21 de marzo.

Fueron siete regiones que aún viven con el luto tras respuestas desproporcionadas de las fuerzas del orden. Las mayores masacres ocurrieron en Ayacucho, el 15 de diciembre, con un saldo de ocho muertes y también en Juliaca, Puno, donde murieron 17 personas durante apenas un par de horas del 9 de enero.

El 3 de abril, hace exactamente un mes, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció la conformación del equipo especial de fiscales a fin de que se dediquen exclusivamente a las investigaciones sobre las muertes y heridos durante las protestas sociales, catalogados como presuntos delitos contra la humanidad y casos de violaciones contra los derechos humanos.

La noticia, lejos de causar aceptación entre los deudos y los heridos, fue rechazada debido a que las carpetas fiscales, con todos sus avances, tenían que ser trasladadas hasta Lima, lo que provocaba la desconfianza sobre un posible retraso o cancelación de diligencias clave. Y así fue en Ayacucho, donde las pesquisas sí avanzaban céleres a cargo de una fiscalía especializada en derechos humanos. Dirigida por la fiscal Karen Obregón, la investigación ya había identificado a mandos policiales a cargo de las operaciones que dejaron ocho muertes en la ciudad.

Por ello, Ruth Bárcenas, presidenta de la Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos de Ayacucho y esposa de una víctima mortal, cuestiona la decisión de la fiscal de la Nación y solicita a nombre de los deudos que las investigaciones se desarrollen en Ayacucho, que retornen, pues advierte que, semanas después de la decisión no consultada con los afectados, las diligencias fiscales como toma de declaraciones y visualización han sido suspendidas y no han sido informados sobre reprogramaciones, medidas que retrasan el avance de las investigaciones.

“Había (recojo) de declaraciones a los heridos que estaban programadas e incluso a los deudos de los fallecidos y también han sido suspendidos. Justamente le tocaba a los familiares de un joven fallecido que no pudo viajar a la ciudad de Lima y además no se sabía dónde estaba la carpeta fiscal y le dijeron que recién iban a recoger los vídeos, que se esperen y en ese transcurso están retrasando más y dilatando las investigaciones. Yo pienso que con ese fin es que la fiscal de la Nación tomó esta decisión para que el proceso se quede así”, explica la señora Bárcenas, viuda de Leonardo Hancco, de 32 años, quien fue herido por la policía con un proyectil de arma de fuego en el abdomen mientras protestaba.

La madre de una pequeña de siete años que ha quedado en la orfandad tras la muerte de su progenitor explica que los deudos tienen varios temores fundados sobre el accionar del equipo de fiscales. Sobre todo porque de todo el grupo de fiscales del equipo especial solo uno cuenta con experiencia en casos de delitos contra los derechos humanos; inclusive la coordinadora del grupo, la fiscal Marena Mendoza Sánchez es especialista en materia civil, según advirtió el abogado Carlos Paz Rivera, del Instituto de Defensa Legal.

Y es que la fiscalía especializada en derechos humanos de Ayacucho había trazado su estrategia de trabajo a fin de obtener, primero, las declaraciones de las víctimas, luego de los testigos y después de los militares. Ya estaban en una fase en la que pronto se iba a iniciar el interrogatorio a los mandos militares, según reportan los deudos.

A estas observaciones planteadas por las víctimas hay que sumarle que cada uno de los integrantes de este equipo pueden ser removidos a discrecionalidad de la máxima autoridad del Ministerio Público, es decir están supeditados a sus intereses. Aunque ya hace un mes la coordinadora Marena Mendoza pidió a las familias y a los heridos que confíen en el trabajo imparcial de su equipo. Otro aspecto en contra de esta decisión es que el grupo tiene un plazo reducido de trabajo, de apenas tres meses, tiempo que es calificado de insuficiente debido a la carga de trabajo y la complejidad de los casos. Eso sí, el plazo puede ser extendido a consideración de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Aunque en Ayacucho las investigaciones están siendo paralizadas y afectadas, todo lo contrario ocurrió con el caso de las muertes en La Libertad. En la región al menos 40 personas fueron heridas por proyectiles de armas de fuego y hasta mediados de abril las carpetas continuaban en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Virú y no reportaba avances significativos en las pesquisas por los fallecimientos del joven músico Carlos Huamán Cabrera (26) y Nixon Sánchez Huaynacari (23), luego de más de tres meses de sus decesos.

Ante los retrasos y negligencias presentados, la Defensoría del Pueblo solicitó información a la fiscal Marcela Valderrama sobre el caso de Nixon Sánchez, por lo que esta informó que no tenían “conocimiento de familiar alguno debidamente apersonado a la investigación”. Esto durante los primeros días de marzo; sin embargo un mes antes Magno Sánchez, hermano de la víctima, declaró como testigo ante el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) en Virú y la misma fiscal Valderrama. Incluso el despacho tampoco tenía los resultados de las pericias balísticas practicadas a ambos fallecidos, pese al tiempo transcurrido.

Magno Sánchez Huaynacari considera que en su caso, el cambio de fiscalía sí ha resultado benéfico, puesto que solo en la última semana el equipo especial ha tenido el criterio de identificar y citar a dar declaraciones a tres mandos policiales investigados por las muertes de ambos jóvenes en La Libertad. Ellos son Augusto Javier Ríos Tiravanti, jefe policial de la III Macro Región La Libertad, Juan Pablo Konja Carreño y Javier Nemecio Méndez Yupanqui.

“Sé que en los casos donde había fiscales de derechos humanos viendo los casos no les conviene el traslado, pero en el caso de mi hermano no han pasado ni dos semanas y ya la fiscal citó a los a los posibles responsables del crimen de su muerte. Son mandos policiales, tres de alto rango, policías que están implicados o mejor dicho tienen que ver algo con la muerte de mi hermano. Justamente los han citado para tomar sus declaraciones”, explica a Infobae, Magno Sánchez, deudo de la cruenta represión.

Al respecto, la organización internacional Human Rights Watch —que emitió un duro informe en el que verificó y constató el abuso que cometieron las fuerzas del orden contra los manifestantes, pues la gran mayoría de las víctimas mortales falleció por heridas de bala causadas por fusiles de asalto y pistolas— señala que han tomado conocimiento de las quejas de los familiares de las víctimas mortales ante el traslado de las carpetas y que reconocen su validez, pero ya que estas investigaciones se están centralizando el equipo especial debe velar por identificar a la cadena de mando tras la autoría de las consecutivas muertes en masa.

“Ya que se está centralizando se puede aprovechar para identificar la cadena de mando. Si se investiga acá y allá es más difícil. En ese sentido, quisiéramos que el grupo investigue la responsabilidad de los mandos”, añadió el especialista.

Las escenas de sangre y muerte en Puno llamaron la atención de la comunidad internacional, luego de que 17 personas fueran ultimadas en un solo día el pasado 9 de enero, entre las víctimas tres menores de edad. A pesar de la gravedad de los hechos, se dispuso que las investigaciones las desarrolle una fiscalía de crimen organizado, lo cual despertó el malestar de las víctimas. Posteriormente, una fiscalía común tomó el caso, para finalmente —después de las exigencias de los deudos, heridos y organizaciones de derechos humanos— la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, atendiera la demanda de abrir una fiscalía especializada en delitos de derechos humanos en Juliaca, apenas en marzo, casi dos meses después de los decesos.

Con el traslado de las investigaciones ya es la cuarta vez que las investigaciones van rotando de mano en mano, de fiscal en fiscal, lo cual retrasa el avance de las pesquisas y el acceso a justicia. Por esta razón, en Juliaca se han desarrollado una serie de manifestaciones y plantones en contra de esta medida, que no fue consultada con ellos, la región que más ha padecido por la represión estatal.

Estas demandas, por el momento, han sido escuchadas, pues las investigaciones las sigue desarrollando la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Puno, a cargo del fiscal Hugo Javier Vizcarra Mamani, aunque lo cierto es que no saben hasta cuándo. En cualquier momento el equipo especial de fiscales puede disponer del traslado de las carpetas.

“Solicitamos a la Fiscalía de la Nación reforzar a las fiscalías de derecho humanos en las jurisdicciones donde ya han sido instaladas y se encuentran en pleno funcionamiento, pues en el caso de Puno esta sería la cuarta vez que se cambia de fiscal y esto se encamina hacia la búsqueda de impunidad por parte de los responsables de las masacres y la indefensión de los agraviados”, señaló tras el anuncio de la medida la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero-Juliaca.

Raúl Samillán, presidente de la mencionada agrupación y hermano del joven estudiante de Medicina, Marco Antonio Samillán —quien fue asesinado mientras prestaba primeros auxilios a un manifestante— señala que una de las principales preocupaciones es que las víctimas no puedan prestar sus declaraciones ante la lejanía de Lima, pues muchos de los cientos de heridos pertenecen a zonas rurales y campesinas muy alejadas, primero de la ciudad de Juliaca y mucho más aún de la capital del país. Aunque la Fiscalía de la Nación anunció que serían los fiscales quienes llegarían a ellos, la población no se fía de estos compromisos debido a la ola de vejaciones que han sufrido en los últimos meses.

¿Cómo un equipo tan pequeño estará presente en 7 regiones donde ocurrieron las muertes? ¿Cómo harán tomarán las declaraciones de cientos de heridos que viven en zonas muy alejadas? ¿Pueden con una carga procesal tan alta? Son solo algunas dudas comprensibles de los deudos.

Añade que en el caso de que este traslado arbitrario se realice alistarán medidas de protesta para impedir esto y llamar la atención de la comunidad internacional por las consecutivas vulneraciones a sus derechos.

“Nosotros tendríamos que prácticamente encadenarnos, protestar para que no se lleven las carpetas fiscales a la ciudad de Lima. Esta medida para nosotros no es nada nada bueno y lo calificamos como una forma de dilatar el tiempo, de desgastarnos, de cansarnos. No puede ser que el Estado proteja a estos asesinos de esta manera”, advierte, a la vez que pide que las demandas de los deudos sean oídas por la Fiscalía de la Nación.

En las últimas semanas, el gobierno de Dina Boluarte ha sufrido duros reveses luego de las publicaciones de los informes de las organizaciones Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ambas organizaciones coinciden en que el abuso de las fuerzas policiales y militares, sobre todo en Ayacucho y Puno, pueden ser denominadas como ejecuciones extrajudiciales y masacres.

“La evidencia muestra que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) hicieron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes y transeúntes, en clara violación del derecho internacional. La gran mayoría de las víctimas mortales falleció por heridas de bala causadas por fusiles de asalto y pistolas. Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable”, indicó HRW en su informe de 117 páginas, “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, publicado a fines de abril.

Para llegar a sus conclusiones entrevistó a más de 140 personas, incluidos testigos, manifestantes y transeúntes heridos, familiares de fallecidos, policías, fiscales, periodistas y otras personas.

Ya el 3 de mayo, la CIDH publicó el informe Situación de los Derechos Humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales, en el que ratifica que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se evidencia por el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego y también por la cifra importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de manifestaciones.

Así, concluyó que podrían calificarse estos hechos como ejecuciones extrajudiciales y masacres, bajo la responsabilidad del Estado, al mando de Boluarte y sus ministros.

Pese a las evidencias y rigor recogidos, pues no niegan que los manifestantes también ejercieron violencia, la respuesta de la presidenta fue la de minimizar las conclusiones y tildar de “simplista” las calificaciones de ejecuciones y masacre de la CIDH. Tampoco anunciaron la incorporación de las recomendaciones, pese a que fue el mismo gobierno el que invitó a la institución a realizar visitas en medio de la grave conflictividad social y política. Ante ello, la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, May Macaulay, calificó como “decepcionante” las declaraciones de la mandataria.

Desde el Congreso, hoy dominado por sectores conservadores, lejos de aceptar las conclusiones de importantes organizaciones especializadas en DDHH se desestimó la denuncia constitucional contra Dina Boluarte y no se tomó en cuenta el informe de la CIDH.

Las instituciones también han alertado sobre las deficiencias en las investigaciones fiscales, como retrasos en el recojo de evidencias clave, y ven con preocupación el reducido número de fiscales especializados en derechos humanos. Llaman a realizar las pesquisas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial, lo cual viene siendo demandado desde hace meses por las familias de los fallecidos y los heridos, pero sus voces nuevamente son apagadas desde Lima.