Mar Pérez, abogada de la Cnddhh: “La respuesta del gobierno al informe de la CIDH es una nueva afrenta a las víctimas”

Desde hace dos semanas, el gobierno de Dina Boluarte ha enfrentado dos informes internacionales que dan cuenta de evidentes violaciones contra los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y la Policía, a quienes el Ejecutivo ha respaldado en su actuación. Primero Human Rights Watch y luego la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han dado cuenta sobre los abusos cometidos contra la población movilizada, mayoritariamente pertenecientes a comunidades indígenas andinas, y han coincidido en catalogar las olas de muertes como posibles ejecuciones extrajudiciales y masacres.

Pese a las evidencias presentadas, el régimen junto al Congreso han desestimado las conclusiones y acusado a ambas organizaciones de parcializadas e ideologizadas, sin darle tregua al numeroso grupo de víctimas y deudos de los más de 50 fallecidos, quienes demandan acceso a investigaciones céleres y pertinentes. Al respecto, la abogada Mar Pérez, responsable de la Unidad de Protección a Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), señala que estas constantes negativas se enmarcan en una estrategia que busca “pasar la página”, encubrir y no responder por los crímenes por parte del gobierno de turno.

En estas últimas semanas se han publicado tanto los informes de Human Rights Watch como el de la CIDH, en el que se alude a las muertes de los manifestantes como posibles ejecuciones extrajudiciales. Esto, desde la Coordinadora, ya lo alertaban. ¿Por qué estos crímenes se configurarían así?

La ejecución extrajudicial es una categoría del derecho internacional, de los derechos humanos, que no existe el derecho interno. Se configura como ejecuciones extrajudiciales siempre que los agentes del Estado terminan con la vida de una persona utilizando la fuerza más allá de los casos de defensa frente a un ataque inminente o grave contra la vida, es decir para proteger la vida de los propios efectivos policiales o de terceros. Entonces, cuando se dispara a personas para proteger infraestructuras como los aeropuertos se está configurando una ejecución extrajudicial.

También, como ocurrió en el Perú, en los casos donde se dispara contra personas que se manifiestan pacíficamente o personas que no participan en las movilizaciones, inclusive en los casos donde se dispara contra personas que si bien están realizando algún tipo de acto de violencia, como podría ser, por ejemplo, algún acto contra la propiedad, también en ese caso se puede hablar de ejecuciones extrajudiciales porque en esas situaciones no es legal disparar a matar. Lo que se tendría que haber hecho es utilizar otros mecanismos menos lesivos para evitar que se cometieran los actos vandálicos.

Y está clarísimo, ya que hay múltiples evidencias que han recogido no solamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino medios prestigiosos como The New York Times, que evidencian el número de personas elevadísima que no estaban participando en las protestas y que sin embargo se les disparó a matar.

A personas que prestaban auxilio médico también se les disparó a matar, etc. En todos estos casos se puede hablar de ejecuciones extrajudiciales.

Usted menciona que la figura de ejecuciones extrajudiciales no existen en el derecho interno, o sea que no existe como delito en nuestro código penal.

El código penal únicamente contempla la figura de homicidio.

Y entonces, ¿cuál sería la importancia de reconocer que justamente se cometieron ejecuciones extrajudiciales?

Porque cuando hablamos de ejecuciones extrajudiciales estamos ante graves violaciones de los derechos humanos y esto tiene una serie de consecuencias que son realmente concretas y prácticas. La primera es que no pueden ser sometidas a indulto ni a amnistía y que además son imprescriptibles. Es decir, así pasen 60 años estos delitos se podrán seguir persiguiendo por parte del sistema de justicia a nivel internacional, a diferencia de un homicidio común

En ambos informes, pero sobre todo en el Human Rights, se reconoce que hay un mecanismo, digamos, un patrón sistemático de disparos hacia la zona superior del cuerpo con armas letales.

No solamente esto sino el uso de armas de guerra, que están documentados tanto en Juliaca como en Ayacucho. Se usaron fusiles AKM, fusiles Galil. Y en el caso de Ayacucho dan cuenta de un claro uso desproporcionado de la fuerza, que es un argumento más para considerar que estamos ante ejecuciones extrajudiciales.

Otro término que incluye el informe de la Comisión Interamericana es el de masacre. Si bien lo cataloga con un carácter condicional y justamente el gobierno se ha amparado en eso y la presidenta Boluarte se niega a aceptarlo ¿Por qué sí estaríamos frente a masacres, sobre todo en Juliaca y Ayacucho?

Al igual que en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, las masacres no es una figura que esté en nuestro ordenamiento político, es una figura propia del derecho internacional, aunque también está recogida en el informe de la Comisión de la Verdad.

Para el Sistema Interamericano de Derechos humanos se configura una masacre cuando tres o más personas fallecen como resultado de una misma situación de violación de derechos humanos. En ese sentido, tenemos al menos cuatro masacres en el país, o sea, además de la de Juliaca y la de Ayacucho, también las situaciones que se provocaron en Andahuaylas y Pichanaqui.

Ambos informes, el de Human Rights como el de la CIDH, que se han publicado en fechas muy cercanas reconocen el carácter de las violaciones contra los derechos humanos, pero aún así el gobierno se niega a aceptarlos y rechaza las conclusiones. ¿Es parte de una estrategia?

Sabemos, tenemos información de que el Estado ha invertido fondos cuantiosos para tratar de mejorar su imagen a nivel internacional porque todas estas graves violaciones de derechos humanos que se han cometido mellan directamente contra la imagen de un país democrático, de un país desarrollado, que ha costado décadas construir.

En esa misma línea estarían las declaraciones de Dina Boluarte y los demás funcionarios. Sin embargo, nosotros consideramos que esta respuesta al informe de la Comisión Interamericana es una nueva afrenta a las víctimas y a sus familiares. Recordemos que en los casos de graves violaciones de derechos humanos, una de las manifestaciones que tiene el derecho a la reparación integral es el derecho a la verdad y es el derecho que se brinde medidas de reparación.

Es decir, mientras que la justicia hace su trabajo y eso va a demorar varios años, lo primero que tendrían que hacer los responsables de estas graves violaciones contra los DD.HH. es reconocer la verdad de los hechos y pedirle perdón a las víctimas, en lugar de seguir lastimándolos, tratando de tapar el sol con un dedo y ocultar una verdad que ya es conocida. Y eso es lo que está sucediendo a nivel internacional. No solamente están haciéndole más daño a las víctimas, los están revictimizando, sino que están haciendo el ridículo, están haciendo un papel lamentable.

Usted comenta un tema muy importante que es el tema de revictimizar a los afectados. Justamente durante las protestas e incluso después de un gran número de muertes, el gobierno se prestó o, digamos, estuvo promoviendo el terruqueo hacia las comunidades andinas, rurales y empobrecidas, que fueron las que mayoritariamente protestaron, según recoge la propia CIDH. ¿Qué se buscaba con ello?

Se trataba de legitimar o justificar la vulneración de los derechos de estas personas. Es un poco la lógica que nos ha quedado en el país después del conflicto armado interno. “Estas personas son terroristas, por lo tanto no hay ningún problema, e incluso es deseable que se les aniquile, que se les desaparezca”.

Todo esto es un precio tomado como totalmente razonable a pagar por restablecer el orden. Y esa sería la lógica perversa que estaría detrás de este discurso del terruqueo, pero al mismo tiempo este discurso lo que busca es invisibilizar las demandas legítimas de fondo que tienen estas poblaciones, que van mucho más allá de los cuestionamientos al encarcelamiento de Pedro Castillo y que tienen que ver, como también lo ha señalado la Comisión Interamericana, con una situación estructural de desigualdad, de pobreza, de inequidades que, sobre todo, sufren las poblaciones indígenas del país y que son los que masivamente se han movilizado contra el régimen de Dina Boluarte.

En este contexto de graves violaciones contra los derechos humanos, también se menciona la existencia de un número mayor de heridos al que está registrado oficialmente. ¿Cuál sería la diferencia entre el registro oficial y lo que realmente habría?

No estamos en condiciones todavía de aportar una cifra global de heridos, pero lo que sí vemos es que todavía siguen apareciendo personas heridas de gravedad que por temor no han acudido a los centros de salud. Y este temor es completamente fundado porque, por ejemplo, aquí en Lima, nosotros estamos dando ayuda legal a un periodista que simplemente por el hecho de haber acudido a un hospital, porque la policía le disparó en la cabeza, ahora mismo está siendo investigado por delito contra el orden público. La Policía acudió al hospital, solicitó la lista de personas que fueron heridas durante las manifestaciones, y a todas esas personas las ha denunciado. Entonces, es evidente que existe una mala práctica por parte de la PNP y de la fiscalía también, que acoge estas denuncias sin tener el mayor sustento probatorio.

Este es el motivo por el que todavía hay heridos que no están en las listas oficiales, y es porque el Estado con esta política represiva está poniendo barrera para que las personas se atiendan formalmente en los servicios de salud. Y en muchos casos esto está generando complicaciones que ya son irremediables para los ciudadanos. Por ejemplo, hay un señor que le dispararon en el ojo en Ica y el señor ya ha perdido de manera irreversible la visión del ojo y es porque no se ha atendido a tiempo. Ha tratado de curarse en su casa y ahora ya es demasiado tarde.

En cuanto al rol del Ministerio Público, el informe de la CIDH también señala que las investigaciones fiscales, lejos de centrarse en las violaciones a los derechos humanos, se ha centrado en la violencia de los manifestantes y también ha identificado otras graves deficiencias en las investigaciones, como pesquisas que no se hicieron a tiempo y que hay información que ya se perdió.

Esto es así en los lugares donde existieron fiscalías de derechos humanos, en lugares donde ha habido mayor acceso de los medios de comunicación, hablamos de Ayacucho, hablamos de Juliaca, la situación es muchísimo más compleja en zonas alejadas del país, como Pichanaki, donde no ha habido en realidad ningún tipo de vigilancia de los medios de comunicación ni una supervisión más directa de la sociedad civil. Entonces sí, definitivamente hay muchas debilidades en las investigaciones y eso puede tener consecuencias a largo plazo.

Lo que se necesita es que se tomen medidas en estos momentos, asignar recursos suficientes a los procesos de investigación, asignar peritos independientes y calificar investigaciones a fiscales de derechos humanos que tienen una trayectoria, un conocimiento de los estándares que deben aplicarse en estos casos.

Luego de la publicación del informe de la CIDH, hubo voces que alegaban una supuesta parcialización ideológica, tanto desde las mismas autoridades del gobierno, de altas autoridades, también grupos conservadores y antiderechos. Sin embargo, ambas organizaciones, tanto Human Rights como la CIDH, no niegan que hubo actos violentos por parte de manifestantes, pero aún así se reafirman en que la respuesta de policías y militares fue desproporcionada en relación a la amenaza a la que se enfrentaban.

Es como si todo este sector quisiera simplemente pasar la página o dar importancia a lo que ha sucedido, pero debemos señalar que es imposible pasar la página, se ha asesinado a cuarenta y ocho ciudadanos en el país y los han asesinado quienes deberían cuidarlos, que son los policías, que es el Estado.

En vez de negar la realidad de los hechos, lo que debería hacer Dina Boluarte y las demás autoridades es mostrar una voluntad seria de implementar las recomendaciones que ha emitido la Comisión Interamericana.

Otro punto que se señala pero que no se resalta en el informe de la CIDH es la muerte lamentable de ocho menores de edad en el marco de las protestas. Muchos de ellos ni siquiera participaban en las protestas. En cualquier país democrático, eso sería un escándalo que terminaría posiblemente con la caída de un gobierno, pero nuevamente aquí en el Perú se ha normalizado ¿Por qué se da esta situación?

Aunque la presidenta Dina Boluarte dice que ama a los ciudadanos indígenas del país, su accionar es distinto al igual que el de los altos funcionarios que la rodean. Es como si la vida de estas personas no valiera nada, como si ellos fueran infrahumanos, de manera que pueden ser eliminados sin que esto tenga ninguna consecuencia. Y en el caso de los menores de edad, esta situación es aún más grave porque nuestra legislación nacional reconoce el interés superior del niño y del adolescente. Entonces, si todas las muertes deben dolernos, las de los menores merecen una condena, un rechazo todavía mayor.

Y recordemos que no solamente se ha asesinado a menores. En Lima, en la capital, frente a todos los medios de comunicación hemos visto como la Policía no tenía ningún reparo en disparar gases lacrimógenos directamente al cuerpo a mujeres indígenas que cargaban a sus bebitos en las espaldas. Entonces, está claro con ese sesgo racista que tienen las autoridades del Estado y las fuerzas del orden.

También sorprende que a pesar de todos estos hechos, a pesar de estos informes, de las evidencias, de las pruebas presentadas por medios, por la comunidad internacional, incluso ahora con el nuevo informe de la CIDH, las autoridades políticas se mantengan en pie. No hay sanciones ni muestras políticas.

Y nuevamente debemos señalar que esto es un error estratégico del gobierno. Si ellos consideran que van a restablecer el orden, la paz social, negando lo sucedido, estamos muy equivocados porque todo, al contrario, lo que están haciendo es nuevamente exacerbar la indignación de los sectores de la población que se han movilizado. La manera de restablecer el orden es con justicia, con verdad, con reformas institucionales que atiendan las causas de fondo que han dado lugar a estas movilizaciones de la población.

No se puede restablecer el orden a través de la negación de una serie de hechos que a estas alturas ya son innegables, que están registrados por la prensa internacional y organizaciones internacionales de derechos humanos. El camino para restablecer el orden es asumir la verdad, pedir perdón por los errores cometidos y emprender las reformas que necesita el país. No puede haber orden sin justicia.

Otro punto resaltante que la CIDH señaló es que el gobierno no ha enviado evidencias de la participación de grupos violentos infiltrados. Recuerdo que en un primer momento de las protestas se aludía mucho a ellos como justificación a la respuesta violenta de las fuerzas del orden.

Sí, a estas alturas ya queda claro para todos que no cuentan con tales evidencias y que más bien este tipo de afirmaciones va en la línea de estigmatizar a las personas que se movilizaban, la mayoría de ellas pacíficamente.

El gobierno ha tenido tiempo de sobra para mostrar estas evidencias y no han podido mostrarlas. Entonces, está clarísimo que no tienen ninguna prueba de las afirmaciones.

Es imposible a estas alturas ya sostener que la movilización de miles de ciudadanos en el país ha sido orquestada por un grupo subversivo como podrían ser los remanentes de Sendero Luminoso. Las protestas respondieron a la indignación de la ciudadanía, a la falta de atención, a demandas estructurales, como ha señalado la Comisión en su informe.

El gobierno no solo aludía a la presencia de remanentes de Sendero Luminoso, sino también a grupos extranjeros. Recuerdo uno en particular que señalaban como Los Ponchos Rojos. ¿Por qué es que se daba esta situación? ¿Era una forma de legitimar su violencia?

Sí, efectivamente. Estas teorías conspirativas realmente han quedado ya totalmente desestimadas en estos momentos. No cuentan con ninguna evidencia que las respalde. Y en lugar de ello, lo que está claro en estos momentos es que miles de personas se movilizaron porque estaban indignadas por lo que había sucedido. Eso es todo.

Continuamente la presidenta señalaba no entender cuáles eran las demandas de la población movilizada. Sin embargo, la CIDH señala con claridad que eran dos muy claras, la convocatoria de elecciones y el inicio de una asamblea constituyente. ¿Por qué se niegan a reconocerlas?

Son demandas de carácter político. O sea, lo que estaban demandando era el acceso al poder, básicamente. Lo que ha señalado claramente la CIDH es que justamente el ejercicio del derecho a la protesta es uno de los mecanismos de participación política que tiene la población. La población puede participar en discursos sobre cómo se administra el Estado, no solamente cada cuatro años, al momento de sufragar, sino que este derecho se mantiene vigente todos los días de la democracia. Lo que ha movido en el fondo las protestas de los ciudadanos contra el régimen de Dina Boluarte es una demanda de acceder al poder.

En un documento enviado a la CIDH por parte del gobierno se indica que se realizará una reforma de las fuerzas del orden. Sin embargo, esta medida es sin plazo determinado, lo cual también llama la atención porque es una demanda que se discute hace años. ¿Realmente hay voluntad del gobierno para ejecutar esto?

Considero que no hay ni una voluntad real ni condiciones objetivas para llevar a cabo esta reforma. No puede haber voluntad de reforma por parte de un gobierno que en lugar de condenar las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido, lo que ha hecho ha sido premiar a los perpetradores a través de la entrega de un bono económico.

Prácticamente ellos han recibido un pago por muertos. Eso es lo que ha ocurrido en la práctica. Y en segundo lugar, no hay condiciones para llevar a cabo esta reforma porque esto tendría que ser el resultado de un diálogo amplio, genuino, de buena fe entre el Estado y la sociedad civil. Y ese diálogo en este momento, cuando hay centenares de líderes locales a nivel nacional que están siendo criminalizados, cuando hay centenarias de personas heridas por la policía que todavía no se recuperan de sus heridas, cuando hay amenazas, cuando hay una falta total de confianza en el Ejecutivo, no existe.

Nosotros estamos ya cansados de promesas retóricas o de políticas que son en realidad simplemente artefactos de carácter cosmético, como las normas en materia de intereses humanos y uso de la fuerza, que no se cansan de mostrar el Ministerio de Interior en todos los espacios internacionales y que en el fondo no han generado ningún cambio.

Para finalizar, ¿usted cree que se puede considerar que hay un ligero cambio de discurso de parte del gobierno porque en la respuesta que envían a la CIDH aluden “a los posibles excesos en el uso de la fuerza militar y policial”?. Es cierto que siguen negándolo, pero al menos ya no lo descartan.

Es que hablar de excesos, a mí me parece completamente insuficiente porque lo que hemos presenciado no son excesos, sino una política de Estado. Exceso sería que un policía mal entrenado o en una situación concreta disparó y asesinó a un manifestante.

Aquí lo que tenemos es una política de Estado con ejecuciones extrajudiciales en gran número y en diferentes lugares del país. Hablar de excesos queda corto.