Dina Boluarte ratificó que se mantendrá en el sillón presidencial hasta el 2026 en respeto al “mandato constitucional” y se exculpó nuevamente de las muertes en protestas tras la publicación de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que denunció el miércoles la eventual ejecución y masacre de manifestantes en las protestas que dejaron 50 muertos entre diciembre pasado y febrero.
“No estábamos preparados para una violencia de esta naturaleza [...] Los ministros ni la presidenta tenemos comando para decidir sobre los protocolos que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional tienen”, dijo la mandataria en una entrevista que difundirá este domingo el diario El Comercio.
Boluarte, que asumió el poder en medio de las marchas que exigían su renuncia y elecciones anticipadas, remarcó su rechazo a los hallazgos vertidos en el texto del organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y señaló que “será tomado como lo que es”.
En la misma entrevista, criticó la injerencia de presidentes latinoamericanos que desconocen su administración y, en cambio, respaldan al expresidente Pedro Castillo, recluido en medio de una investigación por rebelión y conspiración.
“Lamento mucho que estos presidentes tengan que acompañar con su defensa a un expresidente que dio un golpe de estado”, mencionó en clara alusión a sus homólogos Andrés López Obrador (México) y Gustavo Petro (Colombia).
Es la primera entrevista que la jefa de Estado ha brindado a más de cuatro meses de asumir su mandato. La última que ofreció a un medio nacional se publicó el 28 de enero. Desde entonces, solo ha permitido que los periodistas le realicen una pregunta en cada conferencia, a pesar de que prometió rendir cuentas a la población.
Precisamente, durante una rueda de prensa en Palacio por el informe de la CIDH, Boluarte explotó contra una reportera que le citó una de las conclusiones del documento. Incómoda, la dignataria replicó: “Por afirmaciones como la que usted hace no ayuda en esa narrativa de decir la verdad”.
A continuación, rechazó “la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”.
Sin embargo, resaltó la importancia de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía, y exhortó a que “avancen con celeridad y objetividad y se determinen a los responsables”.
Son muchas las acusaciones contra Boluarte no solo por la omisión del Estado ante las denuncias de represión policial y militar, sino también por las acusaciones que enfrenta junto a otros integrantes del Gabinete. Recientemente, se conoció el presunto vínculo de Daniel Maurate, ministro de Justicia y Derechos Humanos, con el prófugo César Hinostroza.
La jefa de Estado no se ha pronunciado sobre estas vinculaciones. La postura que tomó ante este supuesto vínculo se dio a conocer mediante el mismo titular de Justicia, quien informó que ese tema ya fue cerrado junto a la mandataria y el premier Alberto Otárola.
Boluarte tampoco respondió por su presunta relación con Henry Shimabukuro —uno de los implicados en el caso “Gabinete en la Sombra”— quien reveló haber financiado la campaña de la entonces candidata por el partido Perú Libre.
Boluarte también está envuelta en el presunto delito de lavado de activos y, según la tesis fiscal, habría tenido “operaciones sospechosas” para la recaudación de dinero de procedencia ilícita.
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