El Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo suspendió la ejecución de condena de ocho años de cárcel contra Azul Rojas Marín, la mujer trans que sobrevivió a la violación y tortura de tres agentes de La Libertad, y cuyo caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que demandó al Estado peruano.
Tres jueces dejaron sin efecto este domingo la orden de ubicación y captura que recaía sobre la activista, quien enfrentará la etapa de impugnación en libertad por un supuesto caso de organización criminal, aunque su defensa denunció irregularidades en el proceso y la inexistencia de medios probatorios.
“Se dispone la no ejecución provisional de la condena [...] debiendo quedar sujetas las siguientes restricciones: no ausentarse de Trujillo sin previa autorización judicial y presentarse a la oficina de control biométrico de la Corte Superior de Justicia de la Libertad cada quince días”, se lee en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.
El mismo colegiado que hace una semana impuso la pena resolvió ahora que no hay peligro de fuga, y que Azul Rojas Marín tiene un “estado alto de vulnerabilidad” ante el estado de hacinamiento de los establecimientos penitenciarios. La defensa legal de la activista había presentado un documento sobre su situación de salud, pero no fue evaluado.
El Ministerio Público la sindica como encargada de “otorgar alojamiento a los integrantes” de una red delictiva, “ocultarlos de las autoridades, y ayudar a guardar armas, municiones, celulares y notas extorsivas”. Sin embargo, para su abogada, el fallo fue “completamente arbitrario y sin sustento que violenta los derechos” de la activista.
“En una condena para un caso de organización criminal se debe acreditar vinculación. En este caso, no existe los medios de prueba que corroboren la tesis fiscal. No hay comunicación. Ningún agraviado o testigo la sindica, ni siquiera un agente especial, que se entiende un policía infiltrado. No entendemos por qué ha fallado así el colegiado”, dijo a este medio.
La letrada afirmó que, cuando tomó el caso, advirtió a su patrocinada que, si hallaba indicios que la impliquen, renunciaría en el acto. “Lamentablemente hay muchos abusos. Le imputan uso de cuatro números telefónicos, pero Fiscalía no ha probado que Azul sea titular. Le imputan comunicaciones, pero Azul no registra llamadas a ninguna de esa organización criminal. La condenan por supuestamente brindar alojamiento, pero ningún integrante la menciona ni conoce”, detalló.
En enero de 2019 se allanó el domicilio de Azul en La Libertad y Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva por supuesta tenencia ilegal de armas. Sin embargo, el pedido fue desestimado en tres ocasiones hasta que la activista quedó absuelta. Tres meses después fue comprendida nuevamente en el caso.
“En esa misma sentencia, se condenó a otras cuatro personas que eran investigadas por organización criminal. [...] En abril, como estos chicos fueron investigados como integrantes de una organización criminal, pidieron allanamiento de todos, y se vuelve a jalar a Azul, ahora por este delito, porque la tesis fiscal menciona que da alojamiento”, abundó la letrada, cuyo nombre obra en el expediente, aunque evitó ser identificada para este informe.
“Los jueces se han equivocado porque se señala que el día del allanamiento se registró armas, pero si se revisa [el acta], en abril no encuentran ningún arma. Además, hay algo relevante. Azul denunció a los policías del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Paiján que allanaron en enero su casa, son los mismos efectivos que la Fiscalía llamó como testigos para lograr la condena [reciente]”, explicó.
Tras conocer la condena, Promsex, Redress y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), organizaciones que asumieron el litigio estratégico cuando Azul llevó su caso ante la Corte IDH, solicitaron debido proceso y acceso a la justicia. La Defensoría, por su parte, dijo a Infobae que seguía de cerca el caso y emitiría un pronunciamiento en el transcurso.
“Estoy decepcionada de la justicia peruana. Tardé cerca de 15 años para lograr la conquista en un organismo internacional, y ahora, otra vez, me topo con unos operadores de justicia que carecen de objetividad. Hasta hacen pensar que se trata de un ensañamiento”, dijo Azul esta tarde mediante un hilo telefónico.
Su caso, el primero sobre crímenes de odio que llegó a la Corte IDH, puso en el ojo del mundo el contexto de discriminación y violencia estructural hacia la comunidad LGTBI en el Perú.
En noviembre del año pasado, en una ceremonia pública celebrada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Estado reconoció su responsabilidad y pidió un perdón histórico. Además, Victor Madrigal-Borloz, experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidas, viajó a Trujillo para reunirse con la activista.
“Es lamentable que todavía siga batallando para rehacer mi vida. ¿Cómo se puede atentar de manera arbitraria contra el derecho a la libertad? ¿Quién me va a limpiar de toda esa mancha mediática? —cuestionó la activista, que ha sido invitada a eventos internacionales—. En Trujillo, los diarios han puesto en primera plana mi rostro, un nombre que no me pertenece, unos titulares que hacen mofa. ¿Ahora van a publicar algo para resarcirlo?”.
Para Azul, su caso ha reforzado la transfobia y la criminalización de las mujeres trans: “Hay cierto reparo al decirlo, pero en el mismo colectivo se me ha señalado. Lamentablemente, las mismas compañeras reforzaron ese discurso de ensañamiento”, anotó.
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