Múltiples cuestionamientos y críticas —desde todos los frentes— ha generado el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado el miércoles 7 de abril, sobre las últimas protestas ocurridas en el Perú.
La entidad concluyó, “en términos generales, [que] la respuesta [del Estado] no fue uniforme en todo el territorio y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”, que entre el 7 de diciembre del 2022 y el 23 de enero del 2023, el Gobierno se caracterizó “por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”.
Asegura, además, que en Ayacucho ocurrieron “graves violaciones a los derechos humanos” (DD.HH.) y que en Juliaca (Puno) estos pudieron haberse producido.
Frente a ello, la presidente Dina Boluarte solo ha atinado a responder que el informe se dirige a la ciudadanía “en términos condicionales”. El documento, sin embargo, prevalece ante la comunidad internacional con denuncias por posibles “masacres”, “ejecuciones extrajudiciales”, entre otras severas imputaciones, ante la cuestionada constitucionalidad de su gestión.
Y mientras al interior del Ejecutivo ya se generan discrepancias sobre el manejo de las manifestaciones —entre el premier Alberto Otárola y el ministro de Justicia, Daniel Maurate— desde el Congreso se intenta gestar una campaña para retirar al Perú de la CIDH.
Distintos legisladores, así como otros sectores políticos, calificaron el texto como “sesgado”. Subrayaron que no se ahondó en el marco de las protestas tras el golpe de Estado de Pedro Castillo: situación descrita escuetamente por la Comisión como un “rompimiento del orden constitucional”.
Debate y repercusiones
Consultado por Infobae, el internacionalista Luis Gonzáles Posada expresó su rechazo sobre la posible salida del Perú de la CIDH. Remarcó que solo países autoritarios como Venezuela y Cuba no forman parte de ella, sin embargo, sugirió denunciar a la Comisión —al interior de la misma entidad— de considerarse “excesos en su informe”.
“Son términos muy delicados, [”masacres, ejecuciones extrajudiciales”], porque se desprende que pudo haber una acción deliberada del Estado hacia la gente, es decir, ordenar disparar o matar. El gran ausente del informe fue no señalar las condiciones que provocaron la violencia en el Perú tras la salida de Castillo. (...) No se puede emplear a la Comisión para sostener mentiras y crear un nuevo marco de confrontación”, puntualizó.
El excanciller advirtió que esta situación puede contribuir a la narrativa que se promueve, desde una facción de izquierda, a favor de Pedro Castillo; en los últimos meses, legisladores como Margot Palacios (Perú Libre) se trasladaron a otros países o regiones para denunciar una supuesta “dictadura” en el país.
“Se está mintiendo y esa mentira sigue dando vueltas, continúa imponiéndose en muchos sectores de la opinión pública internacional. El informe [de la CIDH] es desbalanceado porque no tienen en consideración aspectos generales sobre las manifestaciones”, afirmó.
Para el abogado Miguel Ángel Soria, exviceministro de Justicia, en estos informes suelen emplearse dichos términos “para buscar polémica, debate y diálogo”. Dijo a Infobae que la “importancia del texto es que constituye una alerta para el Estado”.
“Eso significa que, de aquí en adelante, el Gobierno tendría que tomar medidas efectivas (...) En el derecho internacional, la defensa del Estado no puede descansar en no entregar información, en que las víctimas o presuntas víctimas deban de probar la violación de derechos humanos, es al contrario”, manifestó.
Sobre las denuncias por violaciones a los derechos humanos, responsabilidad siempre atribuible al Estado, precisó que las razones de estas imputaciones pueden ser diversas. Subrayó que si el aparato estatal omitió actuar frente a hechos ocasionados por particulares, en perjuicio de terceros, también será responsabilizado por los mismos cargos.
“Hemos observado bloqueo de carreteras durante semanas, situación que afectó los derechos de varias personas; muchas de estas fallecieron. Tendríamos que preguntarnos qué hizo el Estado, por intermedio de la Policía o la Fiscalía, para desbloquear las vías y garantizar el derecho de las personas que no protestaban. La CIDH no ha sido rigurosa en ello”, ejemplificó.
Escasa transparencia
Ambos especialistas coincidieron en destacar la falta de precisión en determinados aspectos del informe, sin embargo, resaltaron que el Ejecutivo tampoco ha contribuido a esclarecer el fallecimiento de al menos 60 personas en las movilizaciones.
El exministro de Relaciones Exteriores, Gonzáles Posada, exhortó a que el Gobierno “determine responsabilidades en muertes que aún no tienen explicación, pues hubo, evidentemente, excesos que han cometido las fuerzas del orden y eso tiene que decirse”.
Soria Fuerte, a su vez, alertó que aún no ha quedado claro si las investigaciones al interior de las instituciones policiales permanecen vigentes o no. Añadió que tampoco “se siente que las personas que atentaron contra la propiedad pública y privada hayan sido identificadas y juzgadas”.
“Hay un clima de impunidad por todos lados y creo que eso es lo que genera este clima de polarización. El Ejecutivo tampoco ha tenido, me parece, el músculo necesario para (...) [probarle] a la población que las autoridades cumplen con su trabajo”, indicó.
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