Dina Boluarte, a cinco meses de asumir el poder: su silencio con la prensa y las graves acusaciones contra su gobierno en el informe de la CIDH

La llegada de Dina Boluarte al poder fue compleja. La abogada asumió el poder en medio de una crisis política que se agravó con el autogolpe de Estado que perpetró Pedro Castillo. Aunque parecía que los constantes problemas en el Ejecutivo habían terminado, no fue así. El actual gobierno enfrenta una serie de investigaciones fiscales, críticas y una grave denuncia internacional por presuntas violaciones a derechos humanos. Por su parte, Boluarte se negaba —y se niega— a responder a la prensa.

Boluarte se calificaba como una “mujer de izquierda” durante su gestión como vicepresidenta de la República, discurso que mantuvo a inicios de su gobierno. Sin embargo, su posición se puso en duda cuando surgieron las movilizaciones sociales en contra de los constantes problemas que enfrentaba la clase política.

La presidenta de la República afirmaba no entender los pedidos de los manifestantes. A su vez, las denuncias de represión policial se difundían en medios de comunicación, pero Dina Boluarte era ajena a esta situación. La titular del Ejecutivo inició su distanciamiento con la prensa y las críticas se incrementaban. Los problemas comenzaban a invadir al nuevo gobierno.

Las movilizaciones comenzaron a surgir en más regiones del país. Junto con ello apareció una violenta respuesta de parte de los agentes del Estado. Ayacucho, Andahuaylas, Puno y más departamentos sufrían la muerte de sus ciudadanos. Peruanos de todas las edades llegaban a las morgues con impactos de perdigones en el cuerpo —sobre todo en el tórax y la cabeza—, elementos que les habrían causado la muerte. En solo un día, la región ayacuchana perdió a 9 de sus hombres.

Por su parte, Boluarte Zegarra se “solidarizaba” con estas muertes y pedía paz. Sin embargo, parecía ignorar las pruebas que indicaban que presuntamente la violencia provenía de las fuerzas del orden. En todo momento mostraba una distante de la responsabilidad del Estado en esta problemática, hasta que las organizaciones internacionales decidieron intervenir.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Perú cuando se desarrollaban las movilizaciones sociales a lo largo del territorio nacional. En el informe que publicó la organización internacional luego de su recorrido en el país, la CIDH afirmó que durante estas manifestaciones se violaron derechos humanos, probablemente se cometieron ejecuciones extrajudiciales y hasta podría considerarse como una masacre lo vivido en las calles.

“En el caso de Ayacucho, se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, detalló el documento.

El reporte también detalló que la respuesta del Estado ante las marchas no se desarrolló igual en todas las provincias. Además identificaron un uso indiscriminado de la fuerza de parte de las autoridades.

“La Comisión observa que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos. En efecto, de la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”, precisó.

Ante estas acusaciones, Dina Boluarte negó que en el país se hayan vulnerado los derechos de los manifestantes. “Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aún cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protesta”, dijo en una conferencia de prensa.

Son muchas las acusaciones contra la presidenta de la República. No solo por la omisión del Estado ante las denuncias de represión policial y militar, sino también por las acusaciones que enfrenta ella y los miembros de su gabinete. Recientemente se conoció el presunto vínculo de Daniel Maurate, ministro de Justicia y Derechos Humanos, con el prófugo César Hinostroza.

La jefa de Estado no se ha pronunciado sobre estas vinculaciones. La postura que tomó ante este supuesto vínculo se dio a conocer mediante el mismo ministro de Justicia, quien informó que ese tema ya fue cerrado junto a la mandataria y el titular de la PCM, Alberto Otárola.

Dina Boluarte tampoco respondió por su presunta relación con Henry Shimabukuro —uno de los implicados en el caso “Gabinete en la Sombra”— quien dijo a la Fiscalía que financió la campaña de la entonces candidata por el partido Perú Libre. Un reportaje de Epicentro TV reveló que el exasesor cubrió una estadía de Boluarte a Arequipa, pagó gastos de alimentación y hasta lavado de ropa interior.

La presidenta también está envuelta en el presunto delito de lavado de activos. Según la tesis fiscal, se sospecha que la abogada habría tenido “operaciones sospechosas” para la recaudación de dinero de procedencia ilícita, además de financiar de forma incorrecta su campaña.