La legisladora Sigrid Bazán Narro, de la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, consideró que existe en la actualidad una “dictadura” en el país.
Manifestó que distintos especialistas califican la gestión de Dina Boluarte como un “régimen autoritario en camino a una dictadura”, sin embargo, precisó que “para fines prácticos” el Gobierno peruano ya cuenta con dichas características.
“En estos momentos si sentimos que hay recortes de derechos, que hay impunidad sobre esos recortes de derechos, que se ha asesinado a personas, por eso yo digo también que es eliminar a los enemigos, se ha sacado de manera arbitraria, a mi parecer, a embajadores sin tener en consideración el impacto bilateral, comercial”, señaló a Canal N.
La parlamentaria, investigada por el Ministerio Público, también cuestionó que se califique de similar manera al régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, cuando existe una supuesta “amplitud en el sistema democrático” en dicho país.
“Es importante el tema de los matices, sé que a los televidentes les gusta escuchar ‘dictadura’ o ‘democracia’ (...) Ha sido una dictadura con Hugo Chávez, ha tenido completamente un régimen autoritario con Maduro. [¿Sigue siendo una dictadura con Maduro?] Han cambiado muchas cosas (…), yo sí siento que ha habido una amplitud en el sistema democrático”, insistió.
Sobre Bazán Narro pesa una investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos, a cargo de la fiscal superior Luz Elizabeth Peralta Santur, por la compra de dos costosos departamentos en los años 2013 y 2020.
Peralta Santur, titular de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, liderará las diligencias por un plazo de noventa días.
Informe de la CIDH
Las declaraciones de la legisladora se producen tras la publicación de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La institución detalló en un documento sus observaciones sobre el desarrollo de las protestas, entre el 7 de diciembre del 2022 y el último 23 de enero, y sostuvo que, “en términos generales, la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional”.
“De la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”, aseguró.
La CIDH también afirmó, en el plano general, que “hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”. En el caso de Ayacucho, indicó que “se registraron violaciones de derechos humanos”, mientras que en Juliaca, Puno, no pudieron asegurar que estos delitos se hayan cometido.
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