Los ataques de Dina Boluarte, Alberto Otárola y Rafael López Aliaga contra el informe de la CIDH

Las conclusiones finales que dejó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto a las protestas sociales que se dieron entre diciembre del 2022 y enero de este año contra el Gobierno de Dina Boluarte, generó múltiples reacciones en la clase política peruana.

“En términos generales, la Comisión observa que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”, fue la conclusión de la CIDH que lo complementó con el registro de fallecidos y heridos que dejó las marchas.

Además, el documento pone como ejemplos los casos de las ciudades de Ayacucho y Juliaca, donde hubo uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado que devino en presuntas ejecuciones extrajudiciales que, para la CIDH, constituyeron masacres.

“Las graves violaciones de derechos humanos reportadas en este informe deben ser investigadas diligentemente por fiscalías especializadas en derechos humanos. Además, deben ser juzgadas por jueces independientes, competentes e imparciales dentro de un plazo razonable y con observancia de las garantías del debido proceso”, refirieron.

Estos puntos relatados por la CIDH generaron el rechazo de la presidenta Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

“Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aún cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”, dijo Boluarte Zegarra en conferencia de prensa ayer desde Palacio de Gobierno.

Además, la mandataria descartó que haya existido algún tipo de discurso estigmatizante y polarizador contra las personas que salieron a marchar en su contra a pesar de que, en su momento, los acusó sin pruebas de ser parte de la Fenatep ( Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú) —sindicato vinculado al expresidente Pedro Castillo—, de estar financiados por la minería ilegal y el terrorismo, y ser agentes enviados de Bolivia.

“Esta presidenta, que es apurimeña y, viene del sur, en reiteradas veces ha señalado su respeto a la diversidad cultural, a nuestra historia, a nuestras costumbres. En este gobierno no hay ningún hecho de discriminación por razones de raza, religión ni de otra índole. Siempre hemos llamado a la unidad, a la paz, al diálogo”, agregó Boluarte.

Por otro lado, el primer ministro Alberto Otárola no se podía quedar atrás.

“No parece ajustado a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que la Comisión Interamericana concluya que hubo graves episodios de usos excesivos de la fuerza con tan solo con algunas entrevistas y dos visitas al Perú, es un aspecto que consideramos que debe ser reforzado en este informe”, indicó Otárola.

Además, el premier enfatizó que el “papel fundamental” de la CIDH, como organismo internacional, “es la protección y la defensa de los derechos humanos de toda la población y no solo de aquellos que reclaman un nuevo cambio de la política de gobierno o una nueva constitución”.

Durante su intervención, Otárola también refirió que el informe de la CIDH no es una “sentencia”, sino “estamos ante el reporte de un informe técnico temático que mantiene una seria de recomendaciones, que son 36 en su totalidad y que alcanza a varios organismos del Estado”.

A su turno, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, cuestionó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) llegando, incluso, a confundirse con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Yo tengo mi opinión formada. De esa Corte Interamericana, el Perú debería de retirarse, pues está sesgada”, expresó. Sin dejar de lado las críticas y el rechazo por la presentación de dicho informe, López Aliaga señaló que condenados por terrorismo habrían sido puestos en libertad gracias a esta Corte.

“Muchos de los terrucos que estaban condenados a cadena perpetua salieron libres por culpa de esta Corte. La Corte no dejó de perseguir a los militares hasta morir. Hay un sesgo clarísimo”, declaró. Además, López Aliaga refirió que este grupo nunca se pronunció sobre la situación política que afrontan Venezuela, Cuba o Nicaragua, lo cual resulta falso porque la CIDH sí ha sacado informes al respecto de lo que ocurre con las dictaduras que gobiernan en esos países.

El burgomaestre sostuvo que el informe debió también mencionar las acciones de los militares, y además de los que atacaron los establecimientos estatales. “Tiene que tomar a todos los involucrados, no solo los excesos del ejército, porque están para eso para poner orden, cuando van a tomar un aeropuerto o una central hidroeléctrica, ¿qué hace el ejército? Debe protegerlo”, dijo el alcalde.