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El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, desinformó este miércoles sobre la mención hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre las protestas en Perú, en el que abordó la muerte del suboficial José Luis Soncco Quispe, registrada el pasado 10 de enero en Juliaca (Puno).
El premier señaló que en el texto “solo se menciona diez palabras” sobre el deceso del policía, “como un hecho más”. Sin embargo, el documento lo aborda en al menos tres oportunidades e indica que, “según información recibida en terreno, [ Soncco Quispe] habría sido golpeado con un elemento contundente y quemado vivo”.
En tanto, “tras la visita [realizada al Perú], se tuvo noticia de que dentro de las investigaciones en curso se está manejando la hipótesis de que el policía murió por un golpe contundente y que su cuerpo fue quemado posteriormente”.
El suboficial Soncco falleció el 9 de enero en la jornada más sangrienta de las marchas antigubernamentales que se presentaron en Juliaca, ya que ese día también murieron 17 manifestantes en enfrentamientos con las fuerzas del orden.
“En la noche entre el 9 y 10 de enero se encontraba patrullando la urbanización Tambopata junto a un colega. Ambos habrían sido acorralados por un grupo de personas que los obligaron a bajarse del vehículo, los maniataron, los golpearon y despojaron de sus armas, su colega logró escapar. Su cuerpo fue hallado sin vida y calcinado. De acuerdo con el protocolo de necropsia, la causa final de la muerte fue contusión y laceración encefálica por elemento contundente duro”, dice un párrafo íntegro del documento.
Según Otárola, la Comisión no ha entrevistado a los heridos militares ni policiales, “pese a que ellos resguardan la seguridad nacional y el bienestar de los peruanos”.
El premier señaló que “no parece ajustado a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, que la CIDH concluya que hubo graves episodios de uso de la fuerza tan solo con una entrevista y dos visitas al Perú”.
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“El informe no atribuye responsabilidad penal a título personal a ninguna autoridad del Estado”, indicó el primer ministro al señalar que este no es “una sentencia” y que Perú aplicará las recomendaciones de manera gradual conforme a la Constitución.
La presidenta Dina Boluarte, por su parte, negó que durante las protestas antigubernamentales que sacudieron el país los últimos meses se produjeran “ejecuciones extrajudiciales” y una “masacre”, tal y como señaló la Comisión.
”Como todo informe, hay cuestionamientos que no compartimos, pero respetamos [...] rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se menciona de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”, remarcó.
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