Informe de la CIDH: ¿Qué dice sobre el golpe de Estado de Pedro Castillo?

Los principales opositores de lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pueda decir de la crisis política y social del Perú han señalado que el informe presentado el 3 de mayo es un texto a favor del expresidente Pedro Castillo en lugar de un recuento de los enfrentamientos y muertes que marcaron los días finales del 2022 y los primeros meses del gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

En el capítulo dedicado a los antecedentes, la CIDH resalta el hecho de que la “elección del expresidente Castillo generó esperanza y altas expectativas en las comunidades rurales que históricamente han estado subrepresentadas en los espacios de toma de decisión”. Esta no es una postura política de la Comisión, sino una conclusión a partir de su visita al territorio peruano y diálogos con ciudadanos y autoridades.

Es así que la salida de Pedro Castillo del poder “generó gran indignación, especialmente en las regiones del sur en donde las manifestaciones, hechos de violencia y enfrentamientos con la fuerza pública han tenido mayor intensidad”. Cabe recordar que en Puno, una de las regiones más afectadas por la violencia, el expresidente obtuvo el 89.25% de los votos en la segunda vuelta mientras que en Ayacucho alcanzó el 82.63%.

Sobre el golpe de Estado de Castillo, la CIDH explica lo acontecido en su cuarto capítulo titulado Crisis institucional del 7 de diciembre que cuenta con un subcapítulo titulado “Rompimiento del orden constitucional del 7 de diciembre de 2022″. En este se recuerda el intento del exmandatario de “establecer un gobierno de excepción orientado a reestablecer el estado derecho y la democracia”.

Sin embargo, esta promesa política se haría a través del cierre inconstitucional del Congreso y un intento por reorganizar el Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. El hecho provocó una reacción del Congreso de la República que pocas horas después votó una moción de vacancia en contra de Castillo que fue incluso respaldada por sus antiguos aliados políticos.

“La Comisión considera que la decisión del expresidente Castillo no se ajustaba a ninguna causal constitucional que habilitara la disolución del Congreso; tampoco estaba facultado constitucionalmente para ordenar la reorganización del Poder Judicial de manera unilateral”, se lee en el texto que condena la decisión del exmandatario y saluda la actuación de las instituciones del Estado peruano para reestablecer el orden constitucional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) compartió los resultados a partir de su visita al Perú durante los días de convulsión social. En una conferencia de prensa, la comisionada Margaret May Macaulay recalcó que las conclusiones se dieron a partir de las conversaciones con ciudadanos, ciudadanas y autoridades peruanas. Asimismo destacó la injerencia de prejuicios en la toma de decisiones.

El texto reconoce que existieron protestas que no se fueron pacíficas, pero que estuvieron motivadas por la demanda de la población por un adelanto de elecciones y la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Para la CIDH la protesta pacífica es un elemento sustancial para la existencia de la democracia y “es un derecho en el contexto de una crisis política”.  “Hubo situaciones de violencia no protegidas por el derecho a la protestas”, recalcó

El racismo habría jugado un papel crucial en la decisión de ciertos miembros de las fuerzas del orden para atacar a ciudadanos que manifestaban en las calles. Se llegó a mencionar que existieron ejecuciones extrajudiciales y se podría llegar a considerar como una masacre lo vivido en Ayacucho. “La comisión confirmó que el deterioro del debate ocurrió dada la estigmatización hacia ciudadanos indígenas llegando a llamarlos “senderistas, cholos y terrucos”.