Los legisladores de derecha rechazaron este miércoles el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual da cuenta de casos de “ejecuciones extrajudiciales” durante el estallido social desencadenado tras el autogolpe del expresidente Pedro Castillo.
En un extenso documento, el organismo con sede en Washington señaló que la violencia debe ser investigada “con un enfoque étnico-racial” y consideró que la situación en Ayacucho podría ser considerada como “una masacre”.
En diciembre, esta región fue escenario de una mortal protesta en la que varios manifestantes trataron de tomar el aeropuerto, lo que provocó que militares abrieran fuego contra ellos. Ocho personas murieron y 26 fueron heridas.
El organismo se refirió también a los sucesos de Juliaca, donde 17 manifestantes murieron el pasado enero en enfrentamientos con la Policía.
La crisis social, que se extendió por todo el territorio nacional durante dos meses, dejó un saldo de más de medio centenar de muertos y miles de heridos.
“En Juliaca se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas”, aseguró la CIDH.
Sin embargo, para el congresista Alejandro Cavero (Avanza País), el informe “es una consigna ideológica llena de arengas inútiles y falsas”.
“Lejos está el texto de un documento objetivo e imparcial sobre un tema tan delicado como son las violaciones a los derechos humanos. No hay que darle mayor importancia. Al archivo”, tuiteó el legislador.
José Cueto, de la misma tienda política, indicó que el texto se encuentra “sesgado”, pues no menciona que dentro de las protestas“hubo gente metida para generar actos de violencia, como la toma de aeropuertos”.
“Espero que el Gobierno no lo haga vinculante, sino orientado al maltrato hacia las fuerzas del orden que no han hecho otra cosa que tratar de contener esta horda de violencia en la zona sur. Ni comparto para nada este tipo de inclinación que tiene esta institución”, continuó.
Por su parte, la expresidenta del Congreso, Maricarmen Alva (Acción Popular), fue más lejos y señaló que se trata de un documento “vergonzoso”.
“No sé con quiénes hablaron; aquí lo que hubo fueron actos terroristas, tomas de carreteras, de sedes judiciales, de aeropuertos. Todo organizado al mismo tiempo. Hay cabecillas, líderes, que han dirigido este caos, estas protestas violentas. Es lamentable que la CIDH se haya convertido en una oenegé”, mencionó.
Alejandro Muñante (Renovación Popular), tercer vicepresidente del Congreso, refirió que la “CIDH no solo ha hecho gala de su conocido sesgo político-ideológico, sino también ha caído en graves contradicciones”.
“Por un lado [el texto] sentencia que existió violación de derechos y por otro que esos hechos ameritan investigación. ¿Podemos darle crédito a eso?. El simple hecho que la izquierda radicalizada y caviar haya salido al unísono a festejar el informe es la mejor muestra de lo sesgado que está”, abundó en Twitter.
El informe fue presentado en una rueda de prensa virtual en la que la presidenta de la Comisión, Margarette May Macaulay, llamó al Gobierno de Dina Boluarte a investigar lo sucedido.
“Las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas en este informe deben ser investigadas inteligentemente por fiscales especializados en derechos humanos. Además, lo sucedido debe ser juzgado por jueces independientes, competentes e imparciales, dentro de un plazo razonable y con observancia de las garantías del debido proceso”, apuntó la vocera.
Tras la investigación, los “perpetradores” deberán “estar sujetos a las sanciones penales correspondientes” y “las víctimas de violaciones de derechos humanos deben ser reparadas integralmente”.
El texto también insta a mejorar los protocolos de seguridad ciudadana para evitar futuros casos de uso excesivo de la fuerza, y aboga por luchar contra la impunidad, impulsando las capacidades del Ministerio Público, incrementando sus recursos.
Además, destaca que el descontento social no es un hecho aislado, sino que tiene sus raíces en “la desigualdad estructural y la discriminación histórica, en particular hacia los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de las provincias ubicadas al sur del país”.
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