CIDH señala que muertes en protestas contra Dina Boluarte pueden “ser clasificadas como una masacre”

“Masacre” y la posibilidad de “ejecuciones extrajudiciales”, fueron algunas de las frases que empleó la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, en su lectura del Informe de la Comisión respecto las decenas de muertes de civiles ocurridas durante las manifestaciones que pedían la salida de la hoy presidenta Dina Boluarte y que surgieron tras el intento de golpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre de 2022.

Con relación a las 10 muertes ocurridas en Ayacucho el 15 de diciembre, todas por impacto de arma de fuego, en inmediaciones del Aeropuerto Nacional Alfredo Mendívil Duarte, la presidenta de la CIDH indicó que, tras la información recogida, se pudo concluir que hubo violaciones de derechos humanos graves que deben ser investigados con un enfoque étnico racial y que fueron perpetradas por agentes estatales. “Las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, manifestó.

“Además, como estas son de privaciones múltiples del derecho a la vida, teniendo en cuenta las circunstancias de modo tiempo y lugar, deben ser clasificadas como una masacre”, añadió en su lectura.

La Comisión indicó que, en términos generales, la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y “hubo episodios graves de uso excesivo de la fuerza en casos específicos”.

Mencionaron que, según la información que recibieron en Ica, Lima, Arequipa y Cusco “la respuesta del Estado se caracterizó por el uso de la fuerza de manera letal, indiscriminada y desproporcionada”, lo que confirmaron por el alto número de muertes y personas lesionadas en la parte superior del cuerpo por armas de fuego. Incluso, hubo personas que fueron lesionadas, aunque no estaban participando de la protesta, agregaron.

En el caso de Juliaca, donde murieron 19 civiles, en enero de 2023, la CIDH observa que, en esa ciudad, “hubo situaciones de uso excesivo indiscriminado de la fuerza de parte de agentes estatales que conllevaron violaciones a los derechos humanos graves contra los participantes de las protestas y contra terceros”.

“Todo esto ocurrió dentro de una situación compleja de violencia que comenzó con enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto donde las fuerzas de seguridad se vieron atacadas con piedras, palos y fuego”, precisaron.

En otra parte de la lectura del informe, indicaron que, si bien el Estado peruano tiene un marco que reglamenta el uso excepcional de la fuerza y la participación del Ejército en tareas vinculadas a la seguridad ciudadana, pero hubo situaciones de violencia que no fueron protegidas por el derecho a la protesta, por lo que “estas situaciones no eximen al Estado de su responsabilidad con respecto a las violaciones a los derechos humanos que se cometieron”.

El documento de la CIDH recomienda que el Estado peruano un registro integral de los datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas y víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas sociales de manera transparente, actualizada, clara, concisa y contrastada con la información brindada por la sociedad civil.

“El registro debe ser específico y tomar en cuenta datos desagregados por origen étnico-racial, edad, sexo, orientación sexual, identidad y/o expresión de género”, indican.

Adicionalmente, se menciona que debe repararse de manera integral a los deudos de las víctimas de las protestas contra el régimen de Dina Boluarte. Esto como brindar una compensación económica, una rehabilitación médica, psicológica y social, y unas garantías de que no volverán a pasar por el trágico momento de perder a un ser querido.