CIDH recomienda al Estado peruano que tenga un registro de las personas fallecidas y heridas durante protestas contra Dina Boluarte

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer por fin su informe tras sus visitas al Perú para constatar si existió graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte entre diciembre del 2022 y febrero de este año. Al respecto, tuvo una conclusión contundente que perjudica la imagen de la presidenta de la República ante la comunidad internacional.

“En términos generales, la Comisión observa que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos. En efecto, de la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”, se menciona en el documento al que Infobae tuvo acceso.

La tesis de la CIDH se confirmó, además, con el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, así como como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad.

“Las graves violaciones de derechos humanos reportadas en este informe deben ser investigadas diligentemente por fiscalías especializadas en derechos humanos”, dice el documento . “Además, deben ser juzgadas por jueces independientes, competentes e imparciales dentro de un plazo razonable y con observancia de las garantías del debido proceso”.

En el informe, la CIDH menciona a 57 ciudadanos que perdieron la vida y otras 912 personas terminaron con alguna lesión. De hecho, hicieron referencia a lo ocurrido en Ayacucho y Puno, donde 10 y 17 personas murieron y que -constituyen para esta entidad vinculada a la Organización de los Estados Americanos (OEA)- como masacres producto de ejecuciones extrajudiciales.

En base a este panorama, el documento de la CIDH recomienda que el Estado peruano un registro integral de los datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas y víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas sociales de manera transparente, actualizada, clara, concisa y contrastada con la información brindada por la sociedad civil.

“El registro debe ser específico y tomar en cuenta datos desagregados por origen étnico-racial, edad, sexo, orientación sexual, identidad y/o expresión de género”, explican.

Adicionalmente, se menciona que debe repararse de manera integral a los deudos de las víctimas de las protestas contra el régimen de Dina Boluarte. Esto como brindar una compensación económica, una rehabilitación médica, psicológica y social, y unas garantías de que no volverán a pasar por el trágico momento de perder a un ser querido.

De otro lado, la CIDH anota que el Ministerio Público debería tener mayores recursos para investigar a profundidad las muertes ocurridas en las manifestaciones sociales. “Aumentar el número de fiscalías especializadas en derechos humanos para que tengan presencia en todo el país”, explican en su recomendación.

Sobre este punto hay que señalar que el trabajo del equipo especial de fiscales que investigaría las muertes ocurridas durante las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte sigue retrasado y no hay muestras de que haya resultados a largo plazo.

Según el diario La República, las fiscalías de las regiones —como Apurímac, Cusco, Puno y Ayacucho—, donde se dieron los enfrentamientos entre los ciudadanos y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, están trasladando de manera muy lenta toda la información recogida hasta el momento al equipo liderado por la fiscal Marena Mendoza Sánchez.

Sin embargo, el detalle es que solo Cusco ya pasó todas diligencias realizadas, pero las otras no. Ayacucho está por enviarlo, Puno se ha quedado con el caso porque ha enviado solo copias, y Andahuaylas [Apurímac] está pendiente de remitirlo.

La Asociación de familiares de los asesinados y heridos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte mostró su preocupación y rechazo por la decisión de la fiscal Patricia Benavides de trasladar todos los casos de las muertes a Lima.

Un comunicado publicado por la asociación indica que la iniciativa del Ministerio Público “da la impresión de un afán de retrasar las investigaciones ya que incluso no nos permiten participar como víctimas con nuestros abogados en las declaraciones de los denunciados”.

“Consideramos —prosigue el texto— que esta decisión de la fiscal de la Nación afecta nuestro derecho de acceso a la justicia porque, al derivar los casos a Lima, nos limitará en tiempo y costo realizar el seguimiento y vigilancia de nuestros casos, más aún sabiendo de nuestros recursos precarios”.