CIDH exhortó al Congreso a desistir de tomar medidas que busquen debilitar la institucionalidad del JNE y el Poder Judicial

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no solo constató en su informe final presentado hoy que durante las protestas sociales, de diciembre del 2022 y febrero pasado, contra el Gobierno de Dina Boluarte se dieron graves violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, sino que tuvieron ocasión para referirse al papel del Congreso de la República.

Actualmente, el Legislativo registra una desaprobación que bordea el 90% a nivel nacional de acuerdo a varias encuestas como Ipsos, el Instituto de Estudios Peruanos, CPI y Datum. Sin embargo, a pesar de la pésima popularidad, han tratado de socavar la autonomía de instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, entre otros.

Al respecto, la CIDH resulta muy clara sobre el rol de la representación nacional. “Las reformas constitucionales que adopte el Congreso deben procurar un genuino balance de poder por medio de la adopción de criterios objetivos y transparentes; así como rodear de garantías de legitimidad y credibilidad al Sistema Electoral y al Poder Judicial para ejercer sus mandatos con independencia y autonomía”, señalan en el documento al que Infobae tuvo acceso.

Además, añaden que las maniobras parlamentarias contra el JNE, ONPE y Reniec “debe contar con condiciones que permitan un debate amplio e incluyente”. En esa línea, enfatizan que estas no pueden realizarse cuando existe una grave crisis política como la que hay en el Perú. Además, acotan que se requiere de legitimidad para que la ciudadanía pueda aprobarlas. Lo mismo aplica también para el Poder Judicial.

Como es público, el Tribunal Constitucional publicó el 23 de febrero pasado una sentencia que empoderó políticamente al Congreso. En concreto, resolvió una demanda competencial que terminó por anular la medida cautelar que suspendía la elección del nuevo defensor del Pueblo y la ejecución de las reformas a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), entre otras investigaciones.

Además, el fallo del TC ordenó al Parlamento que reforme el artículo 99 de la Constitución a fin de que las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sean sometidos a un juicio político.

Tras esta decisión, hubo una ola de rechazo.

“Consideramos que se atenta contra los principios que sostienen a un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, sobre todo en la separación de poderes, independencia, autonomía e imparcialidad, que se permita a un órgano de naturaleza y composición eminentemente político como el Congreso de la República, tenga la competencia para ejercer el control de decisiones que emiten organismos jurisdiccionales y electorales como el JNE”, señala un pronunciamiento del JNE.

Por su parte, la Sala Plena de la Corte Suprema, máxima instancia del Poder Judicial (PJ), se reunió para lanzar un pronunciamiento en contra del fallo del máximo interprete de la Carta Magna que bloquea cualquier tipo de control sobre las decisiones que puedan tomar en el Congreso de la República.

“El Poder Judicial no puede estar de acuerdo con las razones aducidas por la aludida sentencia del Tribunal Constitucional. Más bien, expresa su preocupación por la concepción jurídica que asume y resalta los graves efectos que puede tener para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la independencia judicial”, señala el comunicado.

Además, sostienen que la sentencia del TC “anuló resoluciones dictadas por tres órganos jurisdiccionales de primera instancia en sendos procesos de amparo en trámite”. De igual forma, denunció una presunta conducta funcional de los jueces que las emitieron para determinar posibles responsabilidades disciplinarias.

“Como siempre hemos enfatizado -continúa el comunicado- la independencia judicial identifica la propia función jurisdiccional; es su máxima garantía y cualidad nuclear y resguarda el recto desempeño de la jurisdicción: la resolución de los conflictos de forma desinteresada y por medio de la ley”, agregan.