CIDH aseguró que se violaron Derechos Humanos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte

Este miércoles 3 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revelará las conclusiones de un informe que elaboraron para concluir qué ocurrió durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte, que surgieron tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre de 2022.

Según el estudio elaborado, 56 personas perdieron la vida durante las protestas. Entre estos ciudadanos, se encuentran 8 adolescentes y un policía. Otras 912 personas resultaron heridas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se basó en fuentes oficiales y visitó las ciudades donde dos personas fallecieron durante las protestas. Estas fueron Ayacucho y Juliaca.

Antes de enunciar sus conclusiones, en el informe, saludan la apertura del Estado peruano para que se visiten los lugares donde ocurrieron los asesinatos, en diciembre de 2022 y enero de 2023; también por haber brindado información durante este trabajo de investigación.

En el estudio, determinaron que las protestas sociales comenzaron el 7 de diciembre de 2022. Aclararon que las causas de estas manifestaciones fueron demandas políticas como el adelanto de elecciones y la convocatoria a una asamblea constituyente.

Otras razones por las que se organizaron manifestaciones fueron porque las provincias del Perú, alejadas de Lima, buscan que se valore la diversidad étnico-racial del país y que no se les estigmatice.

Quieren que les consulten sobre obras extractivas de empresas que pueden perjudicar los territorios donde residen. También buscan que la riqueza generada por la extracción de materias primas en los lugares donde viven se reparta de forma equitativa.

Tras contabilizar las protestas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que miles de personas se movilizaron en 477 manifestaciones.

Sin embargo, durante estas protestas se observaron actos de represión. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las fuerzas del Estado no fueron uniformes en todo el Perú y se excedieron en casos concretos.

Por ejemplo, en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, el uso de las fuerzas estatales fue “desproporcionado, indiscriminado y letal”. Así lo califican porque hubo un alto número de personas que murieron y ciudadanos con heridas en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, lo que incluye perdigones.

También se observó en estas regiones un gran número de víctimas que no estaban protestando, pero que fueron heridas, por lo que la CIDH pidió que se investigue, juzgue y sancione.

Finalmente, recomendaron que las fiscalías especializadas en derechos humanos investiguen de forma diligente las violaciones de derechos humanos cometidas durante las manifestaciones.

La comisionada Margaret May Macaulay, presidenta del grupo de trabajo, inició su intervención expresando sus condolencias a los familiares de los fallecidos durante las protestas de finales del 2022 e inicios del 2023. Esta destaco que el texto responde a un trabajo de campo llevado a cabo a inicios de año en diversas regiones y tras conversar con diversos ciudadanos y autoridades peruanas.

“La protesta social que inició el 7 diciembre del 2022 tuvo claras políticas demandas como el adelanto de elecciones y la convocatoria de una Asamblea Constituyente”, señaló Macaulay. Asimismo, reconoció que existió una actitud violenta desde los protestantes para luego señalar que el informe contiene un perfil de cada una de las personas que perdieron la vida en los enfrentamientos ocurridos en las protestas.

Para la CIDH la protesta pacífica es un elemento sustancial para la existencia de la democracia y “es un derecho en el contexto de una crisis política”. “Hubo situaciones de violencia no protegidas por el derecho a la protestas”, recalcó Macaulay en la conferencia de prensa difundida a través de redes sociales. Además destacó que la respuesta del Estado estuvo marcada por el uso desproporcionado de la fuerza.

El racismo habría jugado un papel crucial en la decisión de ciertos miembros de las fuerzas del orden para atacar a ciudadanos que manifestaban en las calles. Se llegó a mencionar que existieron ejecuciones extrajudiciales y se podría llegar a considerar como una masacre lo vivido en Ayacucho. “La comisión confirmó que el deterioro del debate ocurrió dada la estigmatización hacia ciudadanos indígenas llegando a llamarlos “senderistas, cholos y terrucos”.

Se espera que en un tiempo razonable, las autoridades independientes y competentes atiendan los sucedido durante la protesta social a fin de que los presuntos culpables sean procesados. Asimismo se presentó una lista de recomendaciones que involucra un llamado al diálogo, reparación civil a los afectados, entre otros.

“Una de las recomendaciones del informe es que los hechos sean investigados para evitar impunidad y la comisión recomienda que los informes sean hechos por fiscalías especializados en Derechos Humanos”, indicó el comisionado Stuardo Raón en respuesta a la prensa peruana sobre los procesos a seguir. Por su parte, el comisionado Joel Hernández indicó que no le corresponde calificar a las autoridades a cargo de dichos procesos.

Sobre los mecanismos de seguimiento, la CIDH recalcó la importancia del reconocimiento del Estado frente a sus responsabilidades por lo ocurrido. El comisionado Ralón recalcó que durante las visitas al Perú, la Comisión recopiló la mayor cantidad de información posible y en el caso del Estado peruano, este presentó 178 observaciones que están incluidas en el informe presentado en conferencia de prensa. Este solo instó al Estado a seguir las recomendaciones del la CIDH.