La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que este miércoles presentará su informe sobre las visitas que realizó entre diciembre y enero al Perú para constatar si es que se cometieron presuntas violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales que se registraron contra la presidenta Dina Boluarte, quien asumió el cargo luego del fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo.
En un comunicado publicado en sus redes sociales se indica que las conclusiones de la delegación de la CIDH serán expuestas desde las ocho de la mañana (hora de Perú) a través de una conferencia virtual -por medio de la plataforma Zoom- en la que periodistas de diferentes medios de comunicación podrán conectarse y realizar sus preguntas a los comisionados.
Recordemos que los integrantes del grupo estuvo conformado por Stuardo Ralón, primer vicepresidente de la CIDH; Joel Hernández, relator para Perú; María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta para Monitoreo, Cooperación Técnica y Capacitación; Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión; y autoridades públicas y organizaciones sociales.
Esta delegación del CIDH se desplegó por Lima y regiones del sur como Ayacucho, Apurímac, Puno y Arequipa para recolectar información sobre el uso desproporcionado de la fuerza que la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas ejecutaron contra los manifestantes.
Hay que recordar que tras sus visitas, Stuardo Ralón se presentó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para detallar lo que encontró en el Perú. “Ha habido violencia de las fuerzas de seguridad y también violencia que ha afectado una serie de bienes públicos”, mencionó.
CIDH indica que existe debilidad institucional en el Perú. “Se llama a que se respete los estándares interamericanos de legalidad, necesidad y de proporcionalidad”, relató.
Ralón Orellana también señaló que en medio de las protestas existen “discriminación” con los ciudadanos. En este sentido, indicó que se califica como “terrorista”, “senderista” e “indio” en medio de las manifestaciones.
Luego de las intervenciones de las diferentes delegaciones de los países. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también se pronunció sobre la crisis política. Asimismo, mencionó que los protagonistas fueron los ciudadanos.
“No se pueden aceptar actos de vandalismo y mucho menos uso desproporcionados de las fuerzas del control y represión de las manifestaciones violentando la vida humana. Especialmente, las poblaciones que han sufrido desigualdad y estigmatizaciones”, agregó.
Informe de Human Rights Watch
Human Rights Watch (HRW) publicó este miércoles su informe final sobre las protestas sociales que se dieron contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República entre diciembre del 2022 a febrero de este año.
“Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable”, dice HRW sobre esta situación en su informe.
La organización, con sede en Nueva York (Estados Unidos), señala también que existe responsabilidad de los altos funcionarios del Gobierno de Dina Boluarte para que se haya permitido la represión militar y policial en las protestas sociales que abarcaron a Lima y regiones del sur como Apurímac, Ayacucho, Puno, Cusco, Arequipa y Tacna.
“Hay fuertes razones para creer que la presidenta [Dina] Boluarte, el primer ministro [Alberto] Otárola y otros altos funcionarios no tomaron medidas efectivas para detener las muertes, a pesar de tener conocimiento de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en ellas”, se lee en el documento.
Además, HRW también cuestiona el papel de la Fiscalía de la Nación, a cargo de Patricia Benavides, para investigar y dar con los responsables de las muertes. Así, mencionan que hubo una demora para recoger pruebas que podrían haber contribuido al avance de las indagaciones en este asunto.
“En algunos casos, las autoridades no preservaron el lugar de los hechos ni recogieron casquillos de bala y otras evidencias, incluso cuando, como en el caso de Juliaca, una de las escenas de los hechos se encontraba a dos cuadras de una comisaría. En varias investigaciones, fiscales no ordenaron que se hiciera a militares y policías pruebas de absorción atómica. Dichas pruebas, cuyo objetivo es determinar si una persona disparó un arma de fuego, deben realizarse en las horas siguientes a disparar”, reza en el informe.
Dentro del capítulo enfocado en la labor del Ministerio Público, HRW también sostienen que “fiscales no entrevistaron a militares y policías meses después de los hechos”. Así, ponen como ejemplo lo ocurrido en Puno: “Para marzo de 2023, en Juliaca, donde 18 personas murieron a causa de las heridas sufridas el 9 de enero de 2023, la Fiscalía no había tomado declaración a los miembros de las fuerzas de seguridad”.
También se cuestiona la Fiscalía especializada en derechos humanos, que fue creada por la gestión de Patricia Benavides. “No tiene peritos forenses asignados a sus casos, sino que solicita los peritajes a cualquier experto que trabaje para el Ministerio Público en todo tipo de casos. Eso impide que se puedan especializar en investigaciones sobre abusos cometidos por las fuerzas de seguridad”, menciona.
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