El Congreso de la República, nuevamente, es el foco de las noticias por una denuncia de incumplimiento de pago que, además, evidenciaría varias irregularidades en un proceso de contratación con un proveedor.
Enrique Ahumada Peña, representante de la empresa EAZAAC PROCOM SAC, denunció que el Congreso de la República no le ha pagado S/28 mil por un servicio que le brindó hace dos años.
En la gestión de Manuel Merino como presidente del Legislativo, la empresa de Ahumada Peña realizó un expediente técnico de un centro médico, proyecto que, incluso, aún no había sido aprobado por la Mesa Directiva. Sin embargo, este proceso también mostró una serie de irregularidades.
Los hechos
En julio del 2020, desde el Congreso de la República le enviaron un correo de invitación a Enrique Ahumada Peña para que se presente como postor en el servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico del centro médico. En el mensaje, también se le daba un corto plazo: en menos de 24 horas debía enviar su cotización para participar del proyecto titulado “Adjudicación sin proceso”. Quien envió dicho correo fue Sandra Torres Gavilano, presentándose como parte del departamento de Logística del Congreso de la República.
Luego de conversarlo con su padre Telesforo Ahumada Velásquez, quien entonces era el gerente general de EAZAAC PROCOM SAC, se decidió participar de este proceso. Esto, pese a que no cumplían con un requisito básico para estos casos: estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Al cabo de un par de semanas, en agosto, a las puertas de EAZAAC PROCOM SAC llegó la noticia de confirmación para ejecutar este proyecto. Esta vez, el trabajador del Congreso de la República que se presentó fue Arturo Ríos Pérez, del Grupo Funcional de Compras.
En detalle, en el correo se notificó a EAZAAC PROCOM SAC sobre la orden de servicio 0000370, la cual confirmaba que fueron seleccionados para elaborar el expediente técnico del centro médico, valorizado en S/1,5 millón.
El tiempo que demoró cumplir con las fases previas establecidas en los términos de referencia fue 60 días. Es decir, en setiembre del 2020, ya se había entregado el trabajo.
Sin embargo, pese a haber cumplido con la entrega del expediente, el Congreso de la República anuló la orden de servicio 0000370 y, además, solicitó sancionar a la empresa por no contar con el Registro Nacional de Proveedores. Considerando que debía cumplirse de cualquier modo con el pago, en noviembre se emitió una nueva orden de servicio, pero también quedó sin efecto.
Al cierre de dicho año, en diciembre, se emitió una tercera orden de servicio. Y, en paralelo, la empresa de Enrique Ahumada Peña ya había regularizado su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores.
Pero, pese a haber entregado por tercera vez el expediente técnico, el Congreso de la República le sigue debiendo hasta la fecha los S/28 mil por el servicio prestado.
Desde la actual gestión del Legislativo señalaron que este caso tuvo varias irregularidades. Y, a partir de ello, se han abierto una serie de procesos administrativos sobre los trabajadores involucrados.