Un informe secreto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) alertó, desde abril de 2022, que la migración irregular estaba alimentando la criminalidad organizada en la frontera Perú - Chile, aunque fue desestimado por la administración de Pedro Castillo, según un informe difundido este viernes por Al estilo Juliana.
El documento de Inteligencia se había denominado “Plan de Operaciones Delta 009″ y advertía del ingreso irregular de extranjeros vinculados al narcotráfico y organización criminal por pasos no habilitados en la zona limítrofe.
El texto detalla, de acuerdo con el reportaje, que el 31 de enero del año pasado un patrullero policial intervino a dos ciudadanos venezolanos que buscaban ingresar de manera irregular por pasos fronterizos no aprobados.
Fueron detenidos en el Hito N.º 02 de la frontera al hallarles presuntos nexos con el crimen organizado y delitos comunes. El caso, según el informe, fue clave para redirigir el enfoque en Tacna, frontera con Chile y Bolivia, donde el tráfico ilícito de drogas y el crimen organizado se agudizaron.
El texto también describe mayor transporte de droga desde las cuencas cocaleras de los ríos Apurímac y Urubamba por la vía Tacna - Arica, donde hace días que cientos de migrantes, la mayoría de ellos venezolanos y haitianos, permanecen varados sin poder retornar a territorio chileno ni ingresar a Perú, sin agua alimentos o servicios sanitarios.
En el oficio secreto, Inteligencia proyectaba que el tráfico de drogas y el crimen organizado ―que aprovecha la migración irregular― continuarían utilizando esta ruta para perpetrar delitos.
“Se trata de una lista de distribución porque hay un sistema de Inteligencia, eso llega a los más altos niveles de decisión política. [...] Y obviamente, [Castillo, preso por orquestar el autogolpe] no hizo nada”, dijo al medio el experto en seguridad e inteligencia, Andrés Gómez de la Torre.
Tensión migratoria en frontera
Bajo el sol y el frío desérticos, cientos de migrantes indocumentados que salieron de Chile se aglomeran desde hace semanas en el paso fronterizo de Tacna, donde se han desplazado soldados peruanos para acciones de vigilancia.
Amnistía Internacional (AI) estimó que al menos 300 personas, la mayoría de ellas de nacionalidad venezolana y haitiana, se encuentran varadas en la frontera entre ambos países “en una situación humanitaria crítica, sin alimentos, agua, alojamiento o asistencia sanitaria en el desierto conocido por sus condiciones extremas”.
Los migrantes iniciaron su travesía de regreso sin documentos. A las personas que buscan entrar a Perú se les pide un sello de salida de Chile. Y este solo se obtiene si también cuentan con sello de entrada, que, a su vez, necesita pasaporte y visa vigente.
El recrudecimiento de la situación migratoria en esta zona fronteriza hizo escalar el jueves la tensión política entre Lima y Santiago. De un lado, el Gobierno peruano convocó al embajador de Chile para expresarle “su protesta por la falta de colaboración mostrada por las autoridades policiales chilenas” y, del otro lado, la cancillería del país austral citó al embajador de Perú para pedirle explicaciones por unas declaraciones del alcalde de Tacna, Pascual Güisa.
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