Unos 196 miembros del Ejército del Perú y de la Fuerza Aérea (FAP) se disponen este viernes a vigilar 12 puestos de observación, por los próximos 60 días, en las inmediaciones de la zona limítrofe de Perú - Chile, debido al flujo migratorio.
Desde el hito N.º 1 hasta el N.º 15, los efectivos se instalarán a 100 metros detrás de la línea de frontera con el país vecino y resguardarán el territorio nacional, en medio del recrudecimiento de la situación migratoria en esta zona.
Desde el punto cercano al litoral hasta la línea férrea son unos 12.5 kilómetros de frontera. “Los miembros de las Fuerzas Armadas, que incluye a personal de la Fuerza Área del Perú, cumplirán una misión especial sobre puntos de vigilancia en la carretera”, dijo el ministro de Defensa, Jorge Chávez.
“Tenemos la misión nuevamente en un frente de la patria para llevar a cabo el apoyo a la policía de la nación en cumplimiento de nuestro rol estratégico de apoyo a la policía para restaurar el orden interno”, agregó.
Chávez rechazó que se vaya a “militarizar” la frontera y remarcó que respetará el acuerdo con Chile para que sus FF.AA. se mantengan, cuando menos, a cien metros de la zona limítrofe.
Los militares, insistió el ministro, respaldarán las labores de seguridad de la Policía en caso de que se vulnere el control fronterizo y las personas sin documentos ingresen en territorio nacional, tal y como sucedió el jueves, el mismo día que entró en vigor el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno de Dina Boluarte en todas las fronteras.
En la Línea de la Concordia también se desplazaron este viernes funcionarios de la Superintendencia de Migraciones para empezar a revisar individualmente los documentos y la situación migratoria de las personas aglutinadas en la frontera, dando prioridad a los grupos más vulnerables, entre ellos personas con niños, mujeres embarazadas y de edad avanzada.
El problema, sin embargo, es que se exigen documentos que muchas personas desplazadas no tienen. Todo este panorama ha hecho escalar la tensión política entre Lima y Santiago.
De un lado, el Gobierno peruano convocó al embajador de Chile para expresarle “su protesta por la falta de colaboración mostrada por las autoridades policiales chilenas” y, del otro lado, la cancillería del país austral citó al embajador de Perú para pedirle explicaciones por unas declaraciones del alcalde de Tacna, Pascual Güisa.
Güisa se refirió en una entrevista al presidente chileno, Gabriel Boric, como un “innombrable e irresponsable” y señaló que su administración “está trasladando el problema” migratorio en su país, en sintonía con lo que expresó el primer ministro, Alberto Otárola, quien pidió a Boric que “solucione sus problemas y que no los tire hacia otro país”.
Por su parte, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, pidió a los Gobiernos de ambos países que dialoguen para solucionar el problema migratorio en su frontera y se mostró “preocupado” por la situación de las personas que permanecen bloqueadas en su intento de salir de Chile.
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