La Defensoría del Pueblo solicitó este jueves al Seguro Social (EsSalud) agilizar la elaboración y ejecución de un protocolo de eutanasia aislado para Ana Estrada, activista y símbolo del derecho a la muerte digna en Perú.
En febrero pasado, el Poder Judicial ordenó respetar la decisión de “ponerle fin a su vida” a través de este procedimiento médico en una sentencia en la que estableció, además, la conformación de dos comisiones.
La primera debe elaborar un plan que especifique los aspectos asistenciales y técnicos de la decisión, y un protocolo de cumplimiento de su derecho. Y la segunda practicará la eutanasia propiamente dicha, cuando Estrada así lo requiera, una conquista por primera vez reconocida en el país.
De igual modo, el fallo fijó que EsSalud debe “brindar todas las condiciones administrativas, prestacionales y sanitarias para el ejercicio del derecho” de la psicóloga, “lo que deberá ejecutarse dentro de los diez días hábiles contados a partir del momento o fecha en que ella manifieste su voluntad de poner fin a su vida”.
“Recordamos que el derecho a una muerte digna de Ana Estrada depende de la colaboración de EsSalud, que tiene obligación de conformar dos comisiones [...], según el cronograma fijado en la sentencia. Esperamos la pronta ejecución y entrega de estos documentos”, señaló el organismo en un comunicado difundido en Twitter.
Diagnosticada desde los años 12 con polimiositis, una enfermedad que debilita sus músculos y la mantiene conectada a un respirador artificial durante casi todo el día, la activista “sigue a la espera” de que la institución “cumpla con el cronograma”.
“Esta demora le resta seriedad y cuidado a un tema tan complejo. No solo se trata de mí, sino de la dimensión y el avance en la conquista de un derecho fundamental”, demandó en un mensaje por la misma red social.
La abogada Josefina Miró Quesada, quien integró el equipo legal del caso en la Defensoría, especificó que las comisiones se debían crear en siete días. “Demoró más de un mes” en esteblecer la primera, que realizaría el protocolo. “Y hasta ahora no cumple lo segundo [sobre la práctica de la eutanasia]”, especificó la letrada.
En 2022, la Corte Suprema aprobó en parte la demanda que solicitaba no aplicar el delito de “homicidio piadoso” al caso de Ana Estrada, en cuya batalla legal ha reiterado que no buscar convencer a nadie, solo respeto por la libertad a decidir.
Con su caso, Perú devino en el segundo país a nivel latinoamericano en reconocer judicialmente el derecho a morir dignamente y autorizar la eutanasia para garantizarlo, al igual que Colombia en 1997.
“Ya gané”
Estrada contrajo coronavirus en diciembre del año pasado y se quedó sin voz, sin “pequeños paseos” y sin “visitas de gente querida”, según la última entrada publicada en el blog que inició en 2019.
“El covid me dio una señal: ya era hora, pero no tenía protocolo. Entonces otra vez. Mis ojos clavados en este techo. La mente trabaja las mil opciones de hacerlo clandestino. Me encontraba en el mismo lugar de esos 2016 a 2019: buscar la muerte digna. Revisar nuevamente videos e historias de los casos clandestinos en el extranjero. ¿Cómo hago? Era el mismo punto muerto de no sufrir por mi enfermedad, sino por las leyes de mi país”, reveló en su texto, publicado a propósito de la sentencia del PJ.
La activista contó, además, que volvió a comunicarse con su psiquiatra, a leer a Emmanuel Carrère, y que se rapó “para aligerar la cabeza”.
“La espalda quema en este colchón de plástico, quema tanto que duele existir —apuntó en su pronunciamiento—. Y mientras escribo este texto me saltan los mensajes de despedida. También periodistas a los que les tengo que explicar que ya no puedo hablar. Entro a redes y además de los comentarios de odio, están los bien intencionados junto a una palomita ‘vuela alto, Ana’. Me están despidiendo”.
Su línea final es una celebración al camino incansable que libró a lo largo de estos años: “Pase lo que pase, ya ganamos. Llegamos bastante lejos, más de lo esperado. Ya gané”.
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