Fiscalía relaciona ocho inmuebles de Alejandro Toledo a una red criminal internacional

Se agrava la situación del exmandatario Alejandro Toledo. El Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominicio (Lima), liderado por la magistrada Flor de María Ramos, admitió a trámite un requerimiento fiscal en torno al investigado.

La solicitud, que contempla una demanda de extinción de dominio, busca que ocho inmuebles y una cuenta bancaria, valorizadas en 19,2 millones de soles y la cuenta en US$42.237, respectivamente, sean manejados por el Estado peruano.

El pedido fue realizado por la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominicio de Lima, según El Comercio, pues hasta el momento, solo se cuenta con una disposición judicial (2021) que restringe que los dueños de los bienes dispongan de estos.

“Se declare la titularidad de los derechos reales recaídos sobre los referidos bienes a favor del Estado, representado por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) de manera definitiva”, se señala en el documento como parte de la solicitud de la Fiscalía.

En una primera instancia, la demanda fiscal fue declarada inadmisible, mediante la Resolución N°1 el último 31 de marzo, sin embargo, el Ministerio Público (MP) consiguió subsanarla.

El inmueble principal que despertó las sospechas de la institución, en el año 2013, está ubicado en la calle Cascajal 709, en Las Casuarinas, en el distrito de Surco. La vivienda fue adquirida por Eva Fernenbug, suegra de Toledo, por un pago al contrado de US$ 3´750.000.

Los otros siete bienes restantes son un depósito, una oficina, tres cocheras en la Torre Omega de la citada localidad, y dos casas en Punta Sal (Tumbes) y Camacho (Lima) que se encontraban hipotecadas, en aquel entonces, y fueron recuperadas con los pagos que realizó Fernenbug con presunto dinero ilícito.

El MP presume que los montos provienen de los millonarios sobornos que la constructora Odebrecht, durante la gestión toledista, habría entregado al expresidente.

La fiscal apunta a que la compañía brasileña canceló las sumas mediante la empresa Confiado Internacional (Joseff Maiman) y que esta, a su vez, derivaba el dinero a las compañías off shore Ecoteva Consulting Group S.A.; Ecotaste Consulting S.A. y Ashdan E.I.R.L constituidas en Costa Rica.

En la resolución judicial también se solicita, desde el Ministerio Público, que se declare fundado el requerimiento pues los ocho inmuebles y cuenta bancaria, de acuerdo al medio citado, “se vinculan a actividades ilícitas que se desarrollaron en el contexto de una organización criminal de alcance internacional”.

“Su tesis extintiva básicamente se funda en que los bienes que reclama a favor del Estado, se vinculan a las actividades ilícitas contra la administración pública y lavado de activos. Estos se desarrollaron en el contexto de una organización a la que se relacionó el requerido [Alejandro Toledo] durante el mandato presidencial que ejerció entre los años 2001 y 2006, así como su esposa [Eliane Karp] y su suegra [Eva Fernenbug]”, recoge el texto.