El congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) señaló este jueves que el Gobierno de Dina Boluarte debe endurecer las medidas contra migrantes que buscan ingresar de forma irregular, sobre todo por la frontera con Chile, donde un grupo de extranjeros esquivó el despliegue policial e intentó cruzar por el desierto la denominada Línea de la Concordia, que divide ambos países.
Montoya señaló que el Estado de Emergencia decretado por la mandataria en todas las zonas de frontera, así como el plazo perentorio y la amnistía de multas para extranjeros en situación migratoria irregular, son medidas “populistas” sin “efecto positivo”.
“No ha dado una orden clara para que se detengan a los migrantes, ha dado una orden populista para que la población crea que está tomando alguna acción, pero sin ningún efecto positivo”, dijo.
“La persona que está a cargo de ese personal de control fronterizo tiene que estar empoderada para dar las órdenes necesarias. Si es necesario disparar, hay que disparar, pero protegidos legalmente, como lo han hecho los Carabineros en Chile”, continuó.
La tensión persiste en la frontera sur, tras el endurecimiento de los controles migratorios. Esta mañana, un grupo de migrantes burló el cordón policial y se lanzó a cruzar en medio del árido desierto, aunque muchos de ellos fueron interceptados y devueltos.
El presidente del Congreso, José Williams (Avanza País), señaló, por su parte, que los países suramericanos deben “trabajar en conjunto” para afrontar la crisis migratoria. También remarcó que debe quedar “bien claro” que no se puede permitir la permanencia de “aquellos extranjeros que están contra la ley”.
“Pienso que las fronteras son porosas, se necesita más presencia del Estado”, sostuvo antes de remarcar que se trata de “un problema que no es de corto plazo”.
En tanto, el Superintendente de Migraciones, Armando García, declaró que unos 100.000 extranjeros que no han prorrogado su residencia podrán regularizar su situación gracias a una amnistía de seis meses aprobada por el Ejecutivo.
Criminalización de migrantes
Boluarte se ha sumado al discurso criminalizador de los migrantes, sobre todo de origen venezolano, al culparlos de los picos de delincuencia, un señalamiento que ha generado apoyos entre la población.
Perú es el segundo país del mundo que más venezolanos ha acogido desde que comenzó el éxodo causado por una crisis utilizada políticamente con frecuencia.
Distintos crímenes que han tenido un gran impacto social, y despliegue informativo, han contribuido a criminalizar a una población que, en su mayoría, trabaja y solamente busca encontrar un futuro mejor, reseña EFE.
Según datos difundidos por la ONU, basados en un estudio de la Cámara Empresarial Venezolana Peruana (Cavenpe) y la fundación Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), los migrantes de esta nacionalidad contribuyeron con el 0,02 % del PIB en 2020.
En contraparte, el sistema penitenciario registra cerca de 2.400 venezolanos de un total de cerca de 100.000 reos, lo que supone cerca del 2 % de la población penitenciaria.
Sin embargo, la percepción que se tiene en el país sobre esta población se agudiza y emplea como gasolina para discursos xenófobos contra 1,5 millones de personas que abandonaron su país en busca de un futuro mejor.
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